Hace algunos días un incendio forestal impactó las poblaciones Camilo Henríquez y Villa Los Presidentes de la ciudad de Castro, destruyendo cerca de 140 casas y dejando alrededor de 400 personas damnificadas. Este evento, como es frecuente en nuestro país después de una catástrofe, nos mostró la tremenda solidaridad y capacidad de organización del país y, en especial, de la comunidad afectada y sus vecinos.
Sin embargo, también nos mostró la vulnerabilidad de nuestros asentamientos frente a los incendios forestales. Esto evidencia la necesidad de promover el desarrollo de ciudades resilientes a los incendios forestales.
Un factor que dificulta el desarrollo de ciudades resilientes es la falta consideración del riesgo de incendio forestal en los procesos de tomas de decisiones que impactan en el desarrollo de las ciudades. Esto incluye la amplia gama de instrumentos que inciden en la manera en que se desarrollan y consolidan las ciudades, desde instrumentos de ordenamiento territorial como planes reguladores hasta proyectos de infraestructura o de mejoramiento de barrios, los que no incluyen de manera integral y temprana un análisis de riesgo de incendio forestal.
Por ejemplo, los programas que otorgan títulos de dominio a los habitantes de asentamientos informales lo hacen sin incluir una evaluación de riesgos en el proceso, ni establecer estrategias de mitigación de riesgos. Así, se pierde la oportunidad de aumentar la resistencia a los incendios forestales en el proceso de formalización de estos barrios. Esto sugiere la importancia de considerar el riesgo por incendio forestal de manera integral y temprana en todas las decisiones asociadas a intervenciones y proyectos que gradualmente hacen ciudad.
Los desastres como el incendio de Castro ofrecen una ventana de oportunidad para realizar cambios ya que se alinean la atención pública y voluntad política con problemas estructurales que requieren transformaciones.
En mi opinión, como país tenemos los conocimientos y capacidades para generar los cambios necesarios para considerar el riesgo de desastres de manera temprana e integral en todas las decisiones urbanas. Lo que está por verse es si va a estar la voluntad política para realizar estos cambios y asumir los costos que puedan implicar.
Es de esperar que los organismos del estado aprovechen esta oportunidad de mejorar. Las familias afectadas por el incendio en Castro, así como tantas otras familias que se han visto afectadas por estos eventos, merecen que su dolor no sea en vano y que se avance a sistemas que eviten la creación o perpetuación de riesgos de los incendios forestales.
