Por Alma Canales Silva

El programa de Agua Potable Rural (APR) tiene varias falencias. La principal de ellas es que no asegura la calidad del vital elemento que reciben quienes están adscritos a este programa y pagan por el servicio.

Esto se resolvió con la Ley 20.998, promulgada en 2017, que crea y regula los Servicios Sanitarios Rurales (SSR). No se trata solo de un cambio de nombre. La normativa establece nuevas obligaciones para quienes administran el servicio, sumará el tratamiento de aguas servidas y transparentará los costos de estos servicios. Esto implica que el cobro será mayor al actual.

Al año 2020, en Biobío había 113 sistemas dentro de su programa de APR y este año, en el marco de la implementación de la ley 20.998, se han incorporado 68 SSR básicos.

Aunque ya ha pasado más de un año desde la entrada en vigencia de la normativa todavía hay dudas al respecto, por lo que se están haciendo capacitaciones a quienes administran estos sistemas.

El último de estos encuentros se realizó el jueves 9 en SurActivo y uno de los expositores fue Arnaldo Recabarren, subdirector de Servicios de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas.

"La ley le confiere algunas atribuciones a la Subdirección de Servicios Sanitarios y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que permiten asegurar de mejor manera el servicio que otorgan los sistemas sanitarios rurales, tanto en calidad como en continuidad de servicio para los usuarios, que son lo más importante de toda esta cadena", afirmó.

-¿En qué situación encuentra la ley a la región del Biobío?

-Hay algún grado de preocupación porque se hacen mayores exigencias, pensando en que el usuario final tenga un producto de calidad, que el agua sea potable efectivamente y eso es fiscalizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Por lo tanto, los dirigentes toman una postura de temor con la ley porque tiene una fiscalización y exigencias que antes no tenían. La Superintendencia está haciendo planes de capacitación, porque esto apunta a mejorar el servicio y darle herramientas a las organizaciones.

-¿Han detectado otra preocupación?

-Qué van a hacer cuando suba la tarifa, porque los usuarios van a reclamar y habrá más dificultad para los pagos mensuales. La respuesta para eso es que actualmente existe un subsidio al consumo de agua potable y lo que haremos será aumentar la intensidad y cobertura de esos subsidios. Esto se verá más acrecentado cuando en un par de años se incorpore la recolección y tratamiento de aguas servidas como parte de los programas de inversión permanente de la Subdirección.

-¿Cuánto puede llegar a costar una cuenta de agua potable rural?

-Podría ser entre 5 mil y 15 mil pesos, dependiendo de la complejidad del sistema, pero no reflejan los costos reales. Hay organizaciones que dicen que cobran lo menos posible y muchas veces esa tarifa no logra financiar los costos y empiezan a ahorrar en elementos esenciales como el cloro. Ahora, con la implementación de la ley, es la Superintendencia la que decreta las tarifas.

-Esos valores no son tan distintos a los de una cuenta de agua en la ciudad. ¿En cuánto subirán?

-Hubo unas primeras estimaciones en 2019, cuando se estaba haciendo el reglamento, y se estimaba que iban a subir entre un 10 y un 20%, pero sin conocer los gastos reales. La Superintendencia en la región hará unos pilotos con algunos sistemas para poder recoger sus gastos y ver cuánto saldrá.

Ajustes

-¿Qué diferencias tienen estos servicios con el APR?

-El programa de Agua Potable Rural surge por 1960. Funcionaba solo al alero de una partida de la Ley de Presupuesto año a año. No había ninguna definición de cómo había que hacer las cosas ni quién era responsable de qué. La nueva ley reconoce las funciones de las organizaciones y les entrega una licencia de operador tal como en las concesiones sanitarias en el ámbito urbano.

La otra diferencia es que ahora son servicios sanitarios rurales porque se incorpora el saneamiento de las aguas servidas y se define que es un operador para ambas cosas.

-La ley entró en vigencia el año pasado. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Qué cambios ha habido?

-El martes 7 se aprobó en el Congreso una ley corta que modifica algunos plazos para implementarla de mejor forma porque había algunas actividades que no se habían podido realizar por la pandemia, como capacitaciones, asambleas, la conformación del consejo consultivo. Lo que más ha avanzado es el registro de operadores, donde cada sistema tiene que incorporar sus antecedentes y solicitar su inscripción para obtener la formalidad de la licencia definitiva y por otro lado, la preparación del Ministerio de Obras Públicas en cuanto a la incorporación de profesionales para absorber todas las funciones que se vienen encima, porque, entre otras cosas, la ley contempla la salida de las empresas sanitarias como unidades técnicas en los procesos de asistencia comunitaria y de inversión e infraestructura. Las últimas salen en enero de 2023 y es ahí donde el ministerio es quien tendrá toda la carga de asistencia y control de las inversiones.

-¿Qué relevancia tiene hacer estos cambios, considerando el panorama de la sequía?

-La sequía se está abordando por la vía de hacer más inversiones, nuevas fuentes, pozos más profundos, pensar en programas de desalación. Esa nueva infraestructura genera costos operacionales mayores y eso va a ser reconocido en las tarifas.

-¿Cuánto tiempo hay para hacer los ajustes?

-Va a demorar un par de años que esto entre en régimen. Tenemos harto tiempo para tener una visión de la realidad de cómo va a operar y qué ajustes hay que hacer.

-¿Qué otros cambios habría que hacer?

-Hoy los dirigentes de los sistemas no tienen remuneración, entonces es gente que tiene que sacrificarse y muchas veces es muy ingrato y eso genera que no haya interés de las futuras generaciones de ir asumiendo estas obligaciones. Es un tema que es necesario revisar dentro de esta adaptación al cambio.

También que las soluciones no llegan con la urgencia que se requiere. Ese es un tema que tenemos que resolver como Estado, porque hay muchas instituciones que participan en el proceso, como el Ministerio de Hacienda, de Desarrollo Social, la Contraloría y todos esos trámites hacen que sea más larga la tramitación que la construcción de la obra.

"En Biobío existe un reservorio de agua, la laguna Laja, que ya a principios de 2000 estaba reduciendo sus reservas. Una hectárea de riego necesita entre 5 mil a 10 mil metros cúbicos de agua por hectárea al año, por lo que el cuidado del recurso es un aspecto fundamental", señaló Boris Solar, secretario ejecutivo de la Mesa de Acuerdo para la Recuperación del Lago Laja y quien forma parte del acuerdo para constituir la Junta de Vigilancia del Río Laja y, así cuidar el recurso.

En septiembre, el director general de Aguas, Óscar Cristi, se reunió con los usuarios de la cuenca en Los Ángeles y comprometió el apoyo del Gobierno para facilitar la constitución de la entidad.

Patricio Guzmán, presidente de la Asociación de Canalistas del Laja, precisó que "para los sectores agrícola, comercio, turismo y energía del Biobío; esta es una de las noticias más importantes de la década y estamos seguros que la formación de la Junta de Vigilancia del Sistema Laja será un enorme aporte para la administración y uso racional del agua, constituyente un ejemplo para el resto de las cuencas del país".

En la misma línea el jefe del Departamento de Organizaciones de la DGA, Nicolás Ureta, puntualizó que "la DGA en el 2018 estableció como una de sus siete prioridades el apoyo a la conformación y gestión de las Organizaciones de Usuarios, fortaleciendo sus capacidades y mejorando sus procesos internos, apoyándolos en el proceso de organización legal, para una gestión trasparente y colaborativa del agua a nivel de cuencas".

Agregó que "en el caso de la Junta de Vigilancia del Río Laja y sus afluentes, hemos entregado nuestra opinión técnica a las distintas propuestas de Estatutos, por lo que celebramos que los usuarios hayan avanzado en un acuerdo sobre ellos, lo que permitirá prontamente constituirse en forma voluntaria e iniciar formalmente su trámite de inscripción en el Registro de Organizaciones de Usuarios en la DGA con la tranquilidad de que dichos estatutos cumplen con los requisitos y estándares exigidos por el servicio".

Ahora los usuarios de la subcuenca del Laja deberán alcanzar el acuerdo para formalizar la constitución de la Junta de Vigilancia del Río Laja y sus afluentes, acto que se materializa con la firma de una escritura pública que posteriormente es sometida a la revisión de la DGA para su posterior inscripción en el Registro de Organizaciones de Usuarios.

Esta nueva entidad permitirá organizar el uso del recurso y distribuirlo cuando exista déficit, estableciendo reglas claras para su uso y distribución, de acuerdo a las normas legales.

10 mil metros cúbicos de agua por hectárea al año es lo que se puede llegar a necesitar para poder regar en la provincia.