Oportunidades para las regiones
Esta semana, la Cumbre de las Regiones -tradicional encuentro organizado por la Corporación Privada de Desarrollo de la Región del Biobío (Corbiobío)- fue la oportunidad de profundizar en las oportunidades, desafíos y necesidad de cambio existentes en el país para hacer frente al excesivo centralismo, ya reconocido de manera transversal por los distintos sectores políticos.
Isidora Zapata, representante de la Ocde en Chile, recalcó en la primera jornada del encuentro -el jueves recién pasado- que el país es considerado como el más centralista de los que integran la organización, especialmente considerando que menos del 10% de la inversión pública total se decide en regiones.
Aquella realidad es concordante con los planteamientos que deberían primar en dos instancias claves para el futuro del país, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo: la elección presidencial y el trabajo de la Convención Constitucional.
En el primero de los casos, el viernes cuatro de los aspirantes a La Moneda participaron en el debate presidencial que dio cierre a una nueva versión de la Cumbre de las Regiones. Sebastián Sichel, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Franco Parisi se hicieron presentes vía telemática en el evento, en una jornada marcada por las diferencias entre cada candidato respecto a temas como la agenda de descentralización y la regionalización del país.
Allí se conocieron algunas de las propuestas, especialmente en materia de recaudación fiscal y gasto público, avanzando en propuestas de tributación regional o reconociendo la relevancia de aumentar los montos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr), para que las determinaciones más importantes se tomen más cerca de las personas, gracias al mejor conocimiento de las necesidades y desafíos claves de cada zona.
Las propuestas planteadas en la Cumbre de las Regiones, recogidas en la edición de ayer de este Diario, se complementan con un reportaje que publicamos en la edición de hoy de Reportajes Domingo, donde si bien hay concordancias, como dar más poder de decisión sobre la inversión estatal a los representantes de regiones, también se plantearon ideas más específicas, como una revisión del proceso de regionalización del país, con propuestas como el establecimiento de macrozonas o la eliminación de las provincias. En cada uno de los casos, se requiere que esas proposiciones cuenten con un sustento sólido y, obviamente, necesitarían de su tramitación como leyes, por lo que el futuro de cada una es todavía incierto, dependiente de quién sea la persona que asuma la Presidencia e la República.
Por lo pronto, con matices en virtud de la extensión y profundidad de las propuestas, lo claro es que estas temáticas -descentralización y regionalización- han adquirido creciente relevancia en los programas presidenciales y dan cuenta de cómo en un plazo de 20 o 30 años la importancia de las regiones en el debate público ha sido creciente, aunque no se ha traducido por cierto en el avance concreto que muchos quisieran para hacer frente al centralismo.
Hay, eso sí, en la mayoría de los discursos de los presidenciables existe un mal concepto de base. Y es que se piensa erradamente en la descentralización como una especie de "disputa" entre el centro y la periferia y no como un proceso continuo y en permanente evolución donde es clave la coordinación multinivel, es decir, aquella relación que permite un adecuado desarrollo de acciones comunes y colaborativas entre gobierno nacional, regional y local. Esto es especialmente importante en procesos de transición, y cuando el desarrollo de los planes estratégicos y ejercicio de las competencias requiere de la acción concertada de varias entidades territoriales, como son los gobiernos regionales y municipalidades.
Adicionalmente, se debe consignar que entre los siete candidatos a la Presidencia de la República hay diferencias sobre el valor que tienen en sus propuestas los territorios locales. Mientras algunos tienen un capítulo especial, otros apenas lo mencionan como una característica que primaría en una eventual administración de su gobierno.
En relación al segundo punto importante, como es la labor de la Convención Constitución, diversos organismos han planteado que en una nueva Carta Magna es fundamental garantizar la unidad del Estado chileno, pero al mismo tiempo posibilitar que las entidades territoriales y locales puedan decidir de forma más autónoma sobre aspectos que conciernen a su realidad territorial, regional y local, manteniendo las competencias del nivel central para aquellas materias que trasciendan a a esos niveles. En otras palabras, se trata de aplicar el principio de la subsidiariedad territorial, que establece una preferencia de gestión de los asuntos públicos al nivel más descentralizado posible.
Otro aspecto que asoma como clave es sustituir la fuerza homogeneizadora que caracteriza a las políticas públicas en Chile, que no permite que se expresen de manera propositiva las diferencias y potencialidades de cada Región, ya que hasta ahora se ha resguardado con inusitado celo que todo se haga de igual forma en cada uno de los territorios.
Hay ciertas coincidencias en las propuestas de los presidenciables en materia de recaudación fiscal y gasto público, para avanzar en propuestas de tributación regional o en la necesidad de aumentar los montos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr), para que las determinaciones más importantes se tomen más cerca de las personas, gracias al mejor conocimiento de las necesidades y desafíos claves de cada zona.