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Asimismo, en el caso del camarógrafo Alejandro Torres, quien perdió la vista de su ojo izquierdo tras recibir un perdigón mientras cubría las manifestaciones en Chiguayante para un canal de televisión nacional, se está a la espera de los resultados de los peritajes en relación a la trayectoria de la bala.
Carolina Chang, puntualiza que "ya tenemos formalizados a dos capitanes por apremios ilegítimos en el centro de Concepción y se esperan prontas formalizaciones en otros casos, porque ya tenemos los imputados. Tenemos nueve casos de trauma ocular, donde en general se hace la pericia de la trayectoria de la bala para determinar el funcionario que disparó, tenemos claro quiénes fueron en ciertas horas y lugares, con eso se reduce la cantidad de personas que pueden ser. Tenemos imputados en la mitad de esas causas, las más complejas son aquellas en que el impacto fue por una bomba lacrimógena, como el de Rodrigo Lagarini, porque es más difícil saber quién es el responsable".
De las 248 querellas, el INDH tiene un 10% con imputados en situación de ser formalizados.
La Defensoría Penal Pública ha tomado la defensa de gran parte de los agentes del Estado que fueron o serán formalizados. Y el defensor regional aclara que "salvo el caso del sargento Torres, que se inició por control de detención el 6 de marzo de 2020, todas las otras causas recién durante este año han tenido formalizaciones y se están iniciando las comunicaciones criminales contra esos funcionarios".
Osvaldo Pizarro explica que en la Región tienen la representación de la mayoría de los funcionarios policiales que se han acercado a la Defensoría Penal Pública y que están siendo investigados desformalizadamente. Puntualiza que "hay defensores que están designados para asumir estas causas, así evitamos conflictos de interés, las incompatibilidades. Entregamos una defensa mucho más especializada, transparente, generando verdaderas murallas chinas en aquellos casos en que los mismos imputados por el estallido social, efectivamente son denunciadas. Entonces tenemos una estructura orgánica bastante ordenada respecto de cómo asumir las causas de agentes del Estado".
Lo anterior, porque alguna persona que participa de una causa como denunciante contra un agente del Estado, puede estar siendo investigada también por algún delito como desórdenes públicos, robo en lugar no habitado, entre otros.
Asimismo, la directora regional del INDH reconoce que "en muchas causas terminamos en un círculo porque las víctimas -obviamente- no reconoce a la persona que los agredió, la gente no recuerda el nombre, son actos bastantes rápidos y no ha habido cooperación de parte de los policías. Respecto a estas causas, estudiamos más adelante evaluar la responsabilidad del mando por los hechos".
Chang recalcó que todas las causas son tomadas con la misma seriedad, independiente de quien sea la víctima.
PRÓXIMOS MESES
Carolina Chang, directora regional del INDH, espera más formalizaciones en el corto plazo. "Podemos avanzar más rápido, ya estamos normalizando la situación de la crisis sanitaria, podemos llevar más rápido las causas para que las víctimas no sigan esperando. Y esperamos que se pueda avanzar en garantías de reparación y no repetición. Muchas de las víctimas no han tenido prioridad en atención física ni mental".
En ese sentido, reconoce que cerca del 20% de las víctimas no han seguido sus procesos por miedo a represalias o porque cree que no exista una condena al respecto. Pero el Estado debe seguir investigando, independiente de esa decisión.
Respecto a la labor realizada, esperan que el próximo año el INDH del Biobío pueda contar con el mismo presupuesto que el 2020 para tener los dos abogados extra que están colaborando con la tramitación de estas causas.
El defensor regional cree que este tipo de causas contra agentes del Estado, son más complejas porque "la mayor cantidad de denuncias, incluso las querellas criminales, son contra quienes resulten responsables, no hay una imputación específica respecto a una persona determinada y la indagación para llegar a ello es más compleja".
En esa línea también se manifiesta el juez presidente del Juzgado de Garantía de Concepción, Carlos Aguayo, "la Fiscalía está tratando de llevar este trabajo en mayor detalle, reunir todos los antecedentes antes de tomar cualquier decisión, porque son causas que tienen gravedad, además hay algunas que se han extendido y ni siquiera hay acusación porque los plazos se alargaron. Creo que sobre este tipo de delitos no pueden tomar decisiones a la rápida y tienen que agotar la investigación para determinar si hay responsables y si hay pruebas para ir a juicio o no".
Aguayo señaló que, si la Fiscalía lo solicita, se agendan las audiencias dentro de los plazos que establece la ley, "estuvimos fijando fuera de plazo por la situación de la pandemia, pero a través de un plan que tiene el Poder Judicial, pretendemos de aquí a cuatro meses ya enmarcarnos en los plazos legales y normalizar el funcionamiento".
Con esto, el objetivo es que las otras 247 causas contra agentes del Estado puedan comenzar a entrar en etapas de formalización y juicio, pese a todos los factores que hacen que estas investigaciones en particular se manejen en tiempos muchos más extensos que otros delitos también asociados a las manifestaciones enmarcadas en el estallido social de octubre del 2019.