Estado de excepción constitucional
El miércoles recién pasado entró en vigencia el decreto de estado de excepción constitucional de emergencia que rige en dos provincias de la Región -Arauco y Biobío- además de otras dos de La Araucanía (Malleco y Cautín) el cual se fundamenta en la grave alteración del orden público que se ha incrementado en los últimos meses en esos territorios.
Se trata de una medida que busca entregar una respuesta inmediata a la ola de violencia desatada que golpea especialmente a la Provincia de Arauco, y que requería acciones distintas para intentar frenar hechos tan inquietantes como los recientes baleos indiscriminados a personas que se trasladan a través de rutas de la zona, así como los atentados incendiarios y los ya conocidos ataques a faenas productivas del rubro forestal.
De esta forma, lo que se estableció es que jefes de la Defensa asumieran el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en las zonas declaradas en estado de emergencia, para velar por el orden público. En particular, las Fuerzas Armadas podrán desplegar unidades aéreas, terrestres y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de vigilancia, de transporte y tecnológico a los procedimientos policiales que se desarrollan en las zonas, aunque se explicita que "no podrán llevar a cabo procedimientos policiales de manera autónoma y directa".
Pero esta medida es también el reflejo de la ineficiencia que ha mostrado en su conjunto el Estado chileno -así como los sucesivos gobiernos, incluida la actual administración de Sebastián Piñera- para hallar vías de salida a una problemática que lejos de avanzar en su resolución se ha vuelto mucho más compleja y multifactorial.
Y es que hoy son pocos los que niegan que en estas zonas no sólo se observan acciones violentas como las denominadas por sus propios autores "sabotajes", sino también se registran ataques a personas, tanto en las carreteras como en sus propias viviendas, así como lamentables fallecimientos que se asocian a otros fenómenos que suelen esconderse tras intenciones reivindicatorias, como el narcotráfico y el crimen organizado.
La argumentación presentada en la oficialización del decreto de estado de excepción constitucional entrega varias luces sobre estas situaciones. El texto, publicado el miércoles último en el Diario Oficial, establece que durante los últimos años en la Región de La Araucanía, y más recientemente también en la Región del Biobío, se ha observado un preocupante aumento y concentración de actos de violencia vinculados al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, cometidos por grupos armados que no sólo han atentado contra la vida de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad sino también han atacado a las personas y destruido instalaciones y maquinarias propias de actividades industriales, agrícolas y comerciales.
También admite que desde el 2018 -año en que se inició el actual Gobierno- se ha producido un incremento constante en la comisión de crímenes y delitos contra las personas y contra la propiedad; contra el orden público, incluyendo atentados contra la autoridad, atentados y amenazas contra fiscales del Ministerio Público y el Poder Judicial.
En esa última línea, incluso, se cita el informe al pleno de la Corte Suprema del ministro visitador de la Corte de Apelaciones de Concepción (Arturo Prado) de julio de este año, el cual recomendó la adopción de una serie de medidas de resguardo de la seguridad de los jueces y funcionarios judiciales que laboran en el Tribunal Oral en lo Penal, Juzgado de Letras y Juzgado de Garantía todos de Cañete, debido a diversos episodios de violencia que se han registrado en la zona.
Todo esto no puede hacer perder de vista lo más relevante. El estado de excepción constitucional busca específicamente hacer respetar el orden público -entendiéndose por tal la "situación que permite el pacífico ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, asegurando la pacífica convivencia"- el que se ha visto seriamente comprometido, con consecuencias concretas, palpables y sufridas por aquellos que viven en esas zonas y no por quienes -muchas veces desde cientos de kilómetros- critican las medidas o la reducen a un problema meramente político, sin considerar los gravísimos delitos que están afectando a la ciudadanía, especialmente en la Provincia de Arauco, los cuales -como lo señaló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el jueves en Lebu- son protagonizados por grupos "que se cobijan bajo causas que pueden ser muy nobles y plausibles, pero lo utilizan como un paraguas, utilizan derechamente esas causas sociales de distintas reivindicaciones de pueblos originarios para desde ahí destruir, amedrentar, atacar e incluso asesinar", agregó.
En ese escenario, es muy importante enfatizar un aspecto: el estado de excepción es una medida que busca combatir de forma muy precisa los hechos de violencia que atentan contra la seguridad de las comunidades locales -especialmente vinculados al narcotráfico, al crimen organizado y la posesión de armas- y no a una causa específica, ni menos hacia una determinada etnia o pueblo.
La declaración de emergencia por grave alteración del orden público es una medida necesaria para dar una respuesta inmediata a los hechos de violencia que afectan a las personas que habitan especialmente en Arauco. Pero es también el reflejo de la ineficiencia que ha mostrado en su conjunto el Estado chileno para hallar vías de salida a una problemática que lejos de avanzar en su resolución se ha vuelto mucho más compleja.