Por Karlyng Silva Leal

Dejar de lado el enfoque sanitario, concentrarse en apoyar las labores de control del orden público de Carabineros y Policía de Investigaciones y contar con una planificación concentrada en al menos 15 días de acción. Esas son las principales características que la Coordinación de la Macrozona Sur prevé que serán aplicadas en este nuevo estado de excepción constitucional que hasta el cierre de esta edición se encontraba a la espera de la toma de razón por parte de la Contraloría, tras ser ingresado por el Gobierno durante la mañana.

Según explicó el coordinador regional de la Macrozona Sur, Roberto Coloma, "el contexto sanitario desaparece y las acciones que se planifiquen por la jefatura de la Defensa Nacional estarían focalizadas derechamente al control del orden público (...) La intervención de las Fuerzas Armadas será de colaboración a Carabineros y la PDI en sus funciones constitucionales y legales, se les va a prestar un soporte logístico, técnico, tecnológico, de inteligencia, entre otros".

Añadió que la solicitud de colaboración a las Fuerzas Armadas también se funda en que la Coordinación aún se encuentra a la espera de que se terminen de ejecutar las inversiones que mejorarán las capacidades operativas principalmente de Carabineros, en recursos materiales y de transporte que permitan su intervención en sitios de difícil acceso, en su mayoría en la Provincia de Arauco.

"Los planes de inversión tienen una demora que va más allá de la urgencia que tenemos para enfrentar la situación, por eso se opta por recurrir a la colaboración de las Fuerzas Armadas (...) en que van a disponer recursos humanos como materiales, pero una vez que termine el estado de excepción esos recursos no permanecerán en la zona, por eso los planes de inversión y reposición de material como carros, transporte blindado y otros implementos sigue su curso para que lleguen a Carabineros lo antes posible", detalló Coloma.

Reunión de alcaldes

Durante la jornada de ayer el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, sostuvo una reunión con alcaldes de las provincias de Arauco y Biobío, las cuales estarán sometidas al estado de emergencia una vez que sea aprobado por la Contraloría. Tras la instancia, la autoridad sostuvo que "reconocemos que hay un problema de violencia que se ha instalado en algunas comunas, no en todas, donde se ha decretado la medida de excepción".

Agregó que en una reunión con el contralmirante Jorge Parga, quien asumirá como Jefe de la Defensa Nacional, éste le comunicó que hasta el minuto no se contempla aplicar un toque de queda y "va a haber vida absolutamente normal, van a haber algunos controles y reforzamientos en algunas arterias principales, carreteras en su mayoría, y cualquier información oficial será informada a través de los canales regulares, tal como ocurría en los estados de excepción constitucional anteriores".

Anoche, en tanto, se informó que el gobernador Díaz viajaría a Santiago junto a un grupo de alcaldes, para expresar hoy directamente al Presidente Piñera la "molestia y preocupación por la declaración del estado de excepción constitucional de emergencia que no fue consultada a las autoridades y representantes regionales y locales".

En la instancia de ayer, alcaldes manifestaron su desconocimiento de la medida y criticaron la falta de diálogo por parte del Gobierno para determinar las rutas de acción que puedan generar soluciones al problema político, social y de violencia que se mantiene instalado, principalmente en la Provincia de Arauco.

Cristian Peña, alcalde de Lebu y presidente de Arauco 7, aseguró no conocer la planificación de la medida adoptada por el Gobierno. "Escuchando a los alcaldes al sur de la provincia, donde los hechos de violencia se viven día a día, existe preocupación, porque no se cree que sólo con instalar el estado de emergencia se van a solucionar los problemas. Se requiere un rol articulador del Gobierno para que sus instituciones se hagan presentes en una zona que se siente abandonada por el Estado", sostuvo.

Por su parte, el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, manifestó que faltó conversar con los territorios ante el impacto que generan los hechos de violencia. "Este estado de excepción es una situación transitoria, para lo que tenemos que prepararnos es para saber cómo enfrentamos el diálogo, cómo enfrentamos alternativas de solución y estoy absolutamente convencido que en este mes eso no se dará", agregó.

ZONAS DE ACCIÓN

El delegado presidencial del Biobío, Patricio Kuhn, manifestó ayer que se encontraban a la espera de que el decreto de emergencia anunciado por el Presidente Sebastián Piñera se aprobara, con lo cual el contralmirante Jorge Parga asumirá como jefe de la Defensa Nacional. Una vez que esta situación se ratifique por parte de Contraloría, el contralmirante se referirá al rol que cumplirán las Fuerzas Armadas formalmente.

"Permitirá que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a las policías en cuanto a logística y transporte, entre otras funciones. Es una medida anhelada por muchos habitantes de la Región que merecen vivir en paz y sin hechos de violencia", sostuvo Kuhn.

Entre los hechos de violencia que se intensificaron tras el fin del estado de excepción el 30 de septiembre, están los ataques con proyectiles a vehículos que circulaban por la ruta P-72-S, que conecta a las comunas de Cañete y Tirúa. Al respecto, Coloma explicó que uno de los temas que debería abordarse en el estado de emergencia es una estrategia para resguardar las rutas críticas como la citada.

En cuanto a las críticas sobre la ineficacia e incluso falta de visibilidad de la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona en el marco, por ejemplo, de los denominados "patrullajes mixtos", el coordinador sostuvo que "precisamente la gracia que tienen estas acciones y planificaciones es que no se vean".

15 fueron los jefes comunales que ayer llegaron hasta el Gobierno Regional para debatir sobre la materia con Rodrigo Díaz.

La Agrupación de Organizaciones Productivas del Biobío (AGOP) y la Cámara de la Producción y del Comercio Biobío (CPC Biobío) expresaron su respaldo a la declaración de estado de excepción constitucional por grave alteración del orden público en dos provincias de Biobío -Arauco y Biobío-, además de dos de la Región de La Araucanía.

AGOP -que agrupa a Asipes, Asexma Biobío, Asem, CChC Concepción, Corma Biobío, Irade, Pymemad y la Unión de Gremios Pymes Biobío- planteó que "junto con el resguardo de la seguridad y el orden público, el Estado de Chile a través del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se hagan parte de un esfuerzo urgente, ineludible e histórico por la restauración de la paz y el bienestar de los habitantes de los territorios que han sido afectados por la violencia rural han sufrido".

Los representantes señalaron que la medida impulsada por el Gobierno "es necesaria considerando la cada vez más extrema situación de desamparo y miedo en que viven miles de familias en una parte del territorio nacional capturado por el terrorismo y el crimen organizado que a la fecha ha cobrado la vida de 12 personas inocentes".

GOP solidariza con quienes viven y trabajan en las zonas afectadas y reiteró su llamado a que "el Estado, en su conjunto, debe estar presente no solo en el control de la seguridad sino también a través de sus distintas reparticiones públicas involucradas, porque este no es sólo un tema cuya génesis es la violencia, urge el diálogo y la búsqueda de acuerdos que solucionen de raíz estos conflictos".

La Agrupación de Organizaciones Productivas ha propuesto generar una comisión por la Paz Social en Arauco, conformando una amplia mesa de trabajo con diversos actores de la sociedad.

Cpc biobío

Desde CPC Biobío, en tanto, coincidieron en que la decisión es "necesaria -a la luz de todos los actos violentistas registrados hace ya largo tiempo en esos territorios- para dar tranquilidad y seguridad a las comunidades, a las familias, a los trabajadores y a quienes deben circular por las rutas de estas zonas del país".

También coincidieron en que "si bien consideramos que la medida no resuelve el problema en sí mismo, pues involucra muchos factores, tenemos la convicción que contribuirá a cautelar la paz social y el orden público en una zona que está abatida por la violencia".

De acuerdo al gremio, para avanzar en la solución, "se requiere que existan condiciones que promuevan el diálogo y se respete el Estado de Derecho, y que las instituciones encargadas de resguardar a la ciudadanía puedan cumplir con su misión".

Una vivienda terminó completamente siniestrada en la comuna de Cañete, durante la madrugada de ayer. Personal de Control de Orden Público y Territoriales de la comuna se constituyeron en el lugar y -en primera instancia- no se constató la presentación de denuncias o testigos en el sitio del suceso.

Fue pasadas las 00:10 horas de la mañana del miércoles, cuando personal policial acudió hasta el kilómetro 2 de la Ruta P-640, en el sector Paicaví de la comuna cañetina, constatando el incendio que consumió en su totalidad un inmueble en construcción en donde no se encontraban moradores, por lo que tampoco se registraron personas lesionadas.

En el sitio del suceso, se encontraron posteriormente lienzos alusivos a la declaración de estado de emergencia en la zona y la consiguiente presencia de fuerzas militares.

El fiscal de turno de Cañete instruyó dar cuenta del hecho a la Justicia.

Por su parte, el presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en Chile, Fernando Fuentealba, asistió al lugar durante la jornada de ayer, desde donde manifestó que "grupos armados llegan en la noche y le queman una casa recién construida. Es de una pareja joven con muchos sueños, ilusiones y proyectos que se ve afectada por estos grupos de terroristas que asolan la zona".