Disparos a vehículos en rutas de Arauco
Una nueva y altamente preocupante arista del complejo fenómeno de la violencia que asola a varios territorios de la Provincia de Arauco -en particular a las comunas de Cañete y Tirúa- se ha intensificado en las últimas semanas.
Se trata de los disparos que grupos de desconocidos realizan a mansalva a vehículos que transitan por rutas de la zona, lo cual tiene insospechados efectos y alerta sobre el objetivo de estas personas de generar miedo y -por consiguiente- causar el efecto que precisamente están logrando: que cada vez sean menos quienes se atrevan a cruzar por esas vías.
El lunes recién pasado, dos personas resultaron con lesiones tras ser víctimas de un ataque armado mientras transitaban por la ruta P-72-S, que une las comunas de Cañete y Tirúa, donde se registraron múltiples cortes. Este hecho se sumó a una serie de otros eventos violentos ocurridos durante los últimos días en la zona y que han provocado la alerta de las autoridades y comunidades locales.
En relación al ataque del lunes, la Municipalidad de Tirúa informó que un funcionario del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), perteneciente a un convenio de extensión territorial entre la Municipalidad e Indap-Conadi, resultó herido de bala en el rostro, en momentos que realizaba labores propias de su cargo.
A través de su alcalde, José Linco, el municipio precisó que un grupo de personas mantenía cortado el tránsito a través de una barricada y que el funcionario, que se dirigía hacia el sector norte de la comuna, realizó una maniobra de desvío, momento en el que fue interceptado por desconocidos que propinaron al menos dos impactos de bala al vehículo en que se desplazaba, siendo uno de ellos el que hirió su rostro. También resultó lesionada su acompañante, producto de las esquirlas provocadas por los disparos.
El miércoles recién pasado, en tanto, se reportaron nuevos bloqueos con árboles en la ruta en los sectores de Curaquidico, en Tirúa, y Peleco, en Cañete, realizados por encapuchados. También se denunció un ataque a personal policial por parte de un grupo de desconocidos que percutaban disparos contra vehículos que transitaban por la ruta P-72-S, y más tarde se consignaron cortes en el sector La Herradura en Tirúa.
Además se conoció que esa madrugada un trabajador sufrió el robo de su vehículo mientras se dirigía a trabajar desde la comuna de Cañete, cuando encapuchados armados lo habrían obligado a entregar la camioneta de propiedad de una empresa que presta servicios forestales. Este delito también se ha hecho mucho más común en el último tiempo y son variados los reportes de robos de automóviles que luego aparecen quemados o son ocupados para cometer otros ilícitos.
La semana pasada, en tanto, encapuchados robaron la camioneta a la unidad intercultural del Cesfam de Los Álamos, a cuyo conductor y acompañantes amenazaron con armas de fuego, mientras intentaban realizar un traslado a un usuario. A esto se sumó el ataque sufrido por una funcionaria del Centro Comunitario de Salud Familiar (Cecosf) de Quidico, quien el fin de semana anterior recibió disparos por parte de desconocidos que impactaron el capó del vehículo en el que transitaba por la ruta P-72-S, a la altura del kilómetro 53.
En todos los casos, las imágenes son extremadamente preocupantes. Se trata de balazos realizados a los parabrisas o vidrios laterales de los vehículos, con la clara intención de causar el mayor daño posible. Una actitud criminal que merece la más absoluta condena y que no puede dar pie a relativización, ni menos justificación alguna. Nada valida algo así y nadie puede arrogarse el derecho a cometer este tipo de delitos, que puede terminar causando la muerte a personas por el solo hecho de ocupar una ruta.
Más allá de los afectados directos -aquellos que resultan lesionados o quienes quedan fuertemente afectados sicológicamente por vivir una experiencia así- es un hecho que para toda la comunidad que se ve obligada a desplazarse por la zona lo que se vive constituye un verdadero drama.
A ello se suma, sin duda, el impacto que tiene en el desarrollo de los propios vecinos, muchos de los cuales -con mucho esfuerzo- han impulsado en los últimos años proyectos productivos o de turismo, en las que el corazón de las actividades es poder contar con personas que compren sus productos o utilicen sus servicios. Y de ello, hoy prácticamente no queda nada, considerando que quienes no requieren trasladarse por razones de fuerza mayor por esos territorios, sencillamente se abstienen de hacerlo.
Y es que el miedo a ser víctima de un delito de este tipo, a encontrarse con un corte de camino o recibir un disparo, está paralizando muchas de las actividades que para el resto del país son absolutamente normales, como desplazarse de un punto a otro. Y aquello lo saben muy bien las autoridades de todos los poderes del Estado que también o se abstienen de ir a esas zonas o exigen a su vez mayores niveles de protección para sus funcionarios, como recientemente con solicitudes emanadas desde el Poder Judicial en Cañete.
Así las cosas, son válidas las preguntas: ¿qué queda para los ciudadanos comunes y corrientes? ¿quién y cómo se les protege de los disparos que -en cualquier momento pueden terminar incluso con su vida, por el sólo hecho de circular por algunas de las vías más importantes de la Provincia de Arauco?
En todos los casos, las imágenes son extremadamente preocupantes. Se trata del resultado de los disparos realizados a los parabrisas o vidrios laterales de los vehículos, con la clara intención de causar el mayor daño posible. Esto representa una actitud directamente criminal, que merece la más absoluta condena y que no puede dar pie a relativización, ni menos justificación alguna.