Por Karlyng Silva Leal

Con 96 detenciones por hechos asociados al robo de madera en el Biobío, la región lidera en esta materia el trabajo que realiza la coordinación de la Macrozona Sur en la zona. Pese a la existencia de detenciones por otro tipo de delitos, desde la coordinación local indican que el trabajo se fundamenta en el financiamiento que implica el robo de madera para los grupos violentos que operan en la Provincia de Arauco y en la de Malleco, Región de La Araucanía.

Según el reporte del trabajo realizado en la Macrozona sur, desde enero a junio de este año, en la Región se han detenido a 99 personas por delitos asociados a violencia y delincuencia rural, de los cuales 96 corresponden a robo de madera, dos a delitos asociados a la Ley de armas y uno en la categoría de "otros", que corresponde a ilícitos como narcotráfico, secuestros, robos, entre otros.

Al respecto, el coordinador regional de la Macrozona, Roberto Coloma, explicó que el tipo de delitos en que se centran las detenciones tiene relación con la estrategia que han definido para atacar el delito del hurto y robo de madera. Esto de forma preventiva con controles y fiscalizaciones a la actividad maderera ilícita tras identificarla como la principal línea de financiamiento de los grupos violentos que operan en la zona.

"Tenemos bastante claro que buena parte de los hechos que ocurren en la Región de La Araucanía, particularmente en la Provincia de Malleco que es la colindante con la Provincia de Arauco, obedece a la actuación de los grupos que operan en el sur de nuestra Región", detalló Coloma.

"Diría que el centro neurálgico, desde el punto de vista de la organización de estos grupos terroristas, está radicado en la Provincia de Arauco y su forma de financiarse es precisamente a través del robo de madera. Ahí se produce una suerte de confusión entre actividades estrictamente delictivas asociadas al hurto de madera con los delitos que financian, es decir, estas otras actividades de violencia y terrorismo que son las que generan tanto temor y daño", planteó.

DELITOS FLAGRANTES

En el contexto de la Provincia de Arauco, en que las situaciones más recurrentes son ataques incendiarios a viviendas, maquinaria forestal, disparos en rutas, entre otros, Coloma explica que las bajas cifras en cuanto a estos delitos se fundamentan en la dificultad de realizar detenciones en flagrancia, lo que sí han podido realizar en los ilícitos asociados al hurto o robo de madera.

"En las detenciones asociadas a otros delitos, ahí la intervención desde la función preventiva del Ministerio del Interior, fundamentalmente, a través de Carabineros no es que sean limitadas, son inexistentes. Porque en un ataque incendiario a una faena forestal en que queman 15 máquinas, en un sector rural de la provincia de muy difícil acceso, es muy difícil que Carabineros pueda llegar para poder actuar en situación de flagrancia", sostuvo.

En este sentido, el coordinador asumió que se requiere avanzar en este tema, por lo que una de las últimas medidas que el Gobierno ha implementado es una inyección de recursos superior a los $120 millones al Ministerio Público en la Región.

"Es para constituir un equipo de alta complejidad en la Provincia de Arauco, similar al que opera en La Araucanía, de manera que el fiscal Juan Yáñez ya no estará prácticamente solo a cargo de las investigaciones, sino que contará con cuatro o cinco elementos en esa unidad para poder revisar las causas asociadas a los hechos de violencia con mayor eficacia y mayor celeridad", detalló.

120 millones de pesos fueron destinados por el Gobierno al Ministerio Público para constituir un equipo de alta complejidad en Arauco.

En un trabajo conjunto de las Corporaciones de Asistencia Social con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se lograron establecer protocolos y lineamientos destinados a dar continuidad a la función pública, resguardando la salud de los funcionarios y de las personas que acuden a estos servicios, concretando el inicio de su apertura gradual durante la jornada de ayer.

El seremi de Justicia y DD.HH. en la Región del Biobío, Sergio Vallejos y el director general (s) de la CAJ, Gonzalo Contreras, visitan el Consultorio Provincial Civil y la Oficina de Defensa Laboral penquista para evaluar la disposición de las medidas de seguridad y elementos de protección personal para la atención presencial de los usuarios en la capital regional.

"No todos los usuarios de la CAJ Biobío tienen acceso a estos medios telemáticos y para ellos es muy relevante la atención presencial. Están todas las medidas y elementos de protección personal, las oficinas con aforos, para que la atención sea segura para todos los funcionarios y nuestros usuarios", sostuvo el seremi Vallejos tras este avance desde las atenciones telemáticas.

En el primer día de esta apertura gradual, usuarios agradecieron las gestiones, valorando además el trabajo que realiza la institución. Tras recibir orientación sobre sus prestaciones laborales Esteban Sagredo, usuario de la CAJ Bio afirmó que "la atención ha sido buena, tranquila, me dieron todos los datos que necesitaba para hacer todos mis trámites. Me voy muy conforme".

PROTOCOLOS

Contreras manifestó que "estamos en un trabajo de retorno que es paulatino, que es programado, siempre buscando el cuidado y la protección de funcionarios, pero también demostrando que la CAJ Biobío tiene una obligación de deber y atención presencial. Vamos a seguir aprobando planes de reapertura presencial en cada una de las unidades, a través de los comités de crisis, siempre privilegiando la seguridad".

Este retorno gradual se produce tras la aprobación de los planes de trabajo que el comité de crisis estableció a nivel interno y que fue integrado por directivos de la CAJ regional, Asociaciones de Funcionarios, entre otros estamentos de la institución. De esta forma se consideró mantener un sistema de trabajo remoto a quienes se encuentran en Grupo 1, respetando la normativa sanitaria.

Además, las medidas se adoptarán gradualmente en todas las comunas cuya situación sanitaria lo permita y donde las oficinas cuenten con las medidas de seguridad, equipamiento y aforos exigidos por la autoridad.

Durante la jornada de ayer se inició el juicio oral contra un efectivo de Carabineros a quien la Fiscalía acusa por presunta violencia innecesaria contra un joven que recibió un impacto de bala en el contexto de manifestaciones ocurridas en marzo del año pasado, tras el denominado estallido social.

El persecutor para causas de Derechos Humanos de la Fiscalía de Concepción, Nelson Vigueras, detalló que los hechos tuvieron lugar el 6 de marzo del 2020, fecha en que, en San Martín con Paicaví "se acusa a un funcionario de Carabineros del grupo de motoristas por haber realizado un disparo de forma irracional, desproporcionada a un joven que lo empuja totalmente desarmado y que resulta gravemente lesionado en su pierna izquierda".

El defensor regional, Osvaldo Pizarro, sostuvo que el imputado fue atacado en reiteradas ocasiones "por personas que lo rodearon, le tiraron piedras, lo amenazaron de muerte y en ese contexto hizo uso de su arma de servicio intentando causar el menor daño posible para luego intentar huir del lugar, cosa que nunca logró hasta que llegó su patrulla a apoyarlo". Pizarro sostuvo que la conducta del uniformado de "defenderse con lo que racionalmente tenía a la mano, está justificada por el derecho y se denomina legítima defensa".

En la primera audiencia el fiscal inició con la muestra de videos que grafican el desarrollo de los hechos que, a juicio de Vigueras, desestiman la legítima defensa que argumenta la parte defensora y acredita además la falta de racionalidad.

"Gran parte de estos hechos están grabados, incluso están en las redes sociales muchos de los videos y además de la exhibición hay peritajes de estos videos, se hizo un proceso de ampliación de imagen y de ralentización que es bastante ilustrativo para cualquier persona y esperamos que así lo sea para el tribunal", sostuvo por su parte Vigueras.

El fiscal explicó que del juicio participarán peritos y diversos testigos, además de la víctima que resultó lesionada, sus psicólogos, y los médicos que apoyaron en su tratamiento para acreditar la gravedad de sus heridas.

Según el balance entregado, la Región del Biobío presenta la mayor cantidad de armas incautadas (149), de las cuales la mayoría fueron escopetas, réplicas, y modificadas, situación que Coloma indica con preocupación, indicando la necesidad de avanzar en la agenda legislativa y modificar la ley de armas.

Esto, para que "la tenencia y el porte de armas esté sometido a un régimen más riguroso, que no sea tan fácil obtenerlas, aunque sean deportivas o de caza como una escopeta, porque pueden ser modificadas como armas de mayor potencia y poder de fuego", detalló.

Por otra parte, en cuanto a las incautaciones de drogas que tienen relación con el financiamiento, en menor medida, de los grupos que operan en la zona, en la Región se han requisado 369 kilos de marihuana procesada, cocaína y pasta base, además de 1.952 plantas de cannabis sativa.