La tragedia de Tirúa
Un fuerte impacto en la Región y el país ha causado el ataque armado que la madrugada del jueves último terminó con dos personas fallecidas, una de ellas una adolescente de solo 16 años, además de tres cabañas destruidas. Es la pérdida de vidas humanas a causa de hechos de violencia lo que, sin duda, transforma a este caso en una verdadera tragedia, con profundas implicancias que ameritan una reflexión de lo que una situación como ésta representa.
Se trata, en primer término, de un preocupante síntoma de la legitimación de la violencia como un método para la resolución de los conflictos. En este caso, como lo manifestaron tempranamente las autoridades gubernamentales, el hecho específico se relacionaría con rencillas por situaciones asociadas al tráfico de drogas.
Pero aquello -que puede ser considerado algo "común" a muchos territorios de la propia Región y el país- tiene un significado especial por el lugar en que ocurre. Y es que la comuna de Tirúa -así como sus vecinas Cañete y Contulmo, entre otras- han sido escenario creciente de situaciones enmarcadas en la denominada violencia rural. Este concepto, acuñado hace algunos años, engloba una serie de actos al margen de la ley, que en el caso de la Provincia de Arauco se manifiestan especialmente en sucesos como robos de madera, porte ilegal de armas, narcotráfico, ataques incendiarios y homicidios.
El Gobierno ha sido enfático en desmarcar lo ocurrido del denominado "conflicto mapuche", tal como lo planteó el viernes el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien señaló que "todos los antecedentes nos hacen descartar de plano que esto sea un hecho más de violencia rural. Es un hecho policial ligado a personas que tienen antecedentes".
Ahora bien, la constatación de la motivación específica que tuvo un acontecimiento tan grave como el que terminó con dos personas fallecidas en circunstancias tan violentas, no quita en absoluto valor a la preocupación que debe haber en nuestra Región en torno a lo ocurrido.
Esto, en primer lugar porque para quienes habitan esos territorios el temor a ser testigo o víctima de un nivel de violencia que parece desatado no varía en virtud de la motivación específica que lleva a la comisión de cada uno de los hechos. Que se quemen viviendas y que grupos armados estén dispuestos a atacar a balazos a otras personas -como suele ocurrir en varios puntos de la Provincia de Arauco- es una realidad que debe inquietarnos y no puede ser eludida o minimizada en la agenda pública regional. Da cuenta de un escaso respeto a la vida de los otros y que hay quienes legitiman la violencia como vía de acción.
En segundo lugar, resulta igualmente grave que en nuestra Región se esté haciendo "común" observar cómo las redes del narcotráfico - asentadas ya en varios puntos urbanos de las grandes ciudades- hayan expandido sus operaciones a las zonas rurales, donde el principal interés está asociado a la posibilidad de realizar plantaciones de drogas y luego comercializarla en grandes cantidades.
La gravedad de esta situación la entienden bien algunos actores locales que han levantado la voz frente a esta realidad, mientras que otros -lamentablemente- evitan abordar estas problemáticas o simplemente intentan bajarle el perfil de gravedad. Esto es algo a lo que apuntó adecuadamente el gobernador regional, Rodrigo Díaz, cuando tras conocer el caso planteó: "Espero que las otras autoridades políticas: parlamentarios, alcaldes, que la gente de la academia, de la sociedad de la Región del Biobío haga valer su voz. No podemos tolerar más violencia. No queremos sufrir la muerte de más personas".
Donde el gobernador Díaz no estuvo bien, fue cuando apuntó específicamente al ministro del Interior, solicitando su renuncia con los siguientes conceptos reproducidos por Radio Biobío en Concepción: "Si él (Delgado) tuviera la suficiente hombría, debería presentar su renuncia, porque ha sido incompetente e incapaz de dar el ancho en los problemas de seguridad que tiene nuestra zona, por el cual todos los chilenos le pagamos su sueldo", dijo. Y no es que sea impropio cuestionar a la autoridad en relación a las evidentes fallas que se han registrado en las sucesivas administraciones para hacer frente a estas problemáticas, sino que lo inadecuado es un planteamiento que parece reducir la solución a la presencia o no de una determinada persona en un cargo.
De allí que sea necesario reforzar el mensaje a todos los sectores de la ciudadanía, pero especialmente a los líderes políticos, para encontrar vías para comenzar a abordar estas temáticas vinculadas a la seguridad de un grupo importante de ciudadanos de la Región con una mirada de fondo, que apunte a discutir sobre qué es lo que está fallando estructuralmente en nuestra sociedad, lo que impide frenar el avance de fenómenos como el narcotráfico y la violencia rural, en su más amplio concepto.
Lo anterior, por supuesto, tiene que ir de la mano con señales claras de todos los sectores -el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial- para comenzar de una vez por todas a sentar las bases de un trabajo con mirada de largo plazo, pero a la vez con sentido de urgencia, para hacer frente a temas de tanta relevancia como el restablecimiento de la convivencia pacífica en un vasto territorio de Biobío.
Que se quemen viviendas y que grupos armados estén dispuestos a atacar a balazos a otras personas -como suele ocurrir en varios puntos de la Provincia de Arauco- es una realidad que debe inquietarnos y no puede ser eludida o minimizada en la agenda pública regional. Estos hechos dan cuenta de un escaso respeto a la vida de los otros y que hay quienes legitiman la violencia como una vía de acción.