Gobernador afirma que plazo para votar Plan Metropolitano concluye en octubre
La autoridad regional aseguró que la fecha final fijada para la revisión del instrumento, y que vence este 8 de agosto, no se ajusta a la normativa correspondiente. Seremi de Vivienda advirtió que Contraloría no se ha pronunciado y que el Consejo Regional debe votar.
Un plazo de 90 días hábiles para la votación de la undécima modificación del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, PRMC, desde su ingreso al Consejo Regional y no de 90 días corridos, como lo planteó la Seremi de Vivienda.
Este es uno de los puntos claves del análisis jurídico que el gobernador regional, Rodrigo Díaz, adelantó ayer durante la sesión del Consejo Regional del Biobío y que permitiría aplazar la definición sobre los cambios del instrumento de planificación.
Además, según la autoridad la fecha de ingreso de la propuesta de modificación sería el 3 de junio, y no el 10 de mayo como plantea la Seremi de Vivienda, que corresponde al momento en que los consejeros regionales tuvieron conocimiento de las materias de fondo. Así, el plazo final para concluir la evaluación correspondería al 14 de octubre y no a este domingo.
Díaz informó que estas conclusiones emanan de reuniones con Contraloría y con el equipo jurídico interno, además de una asesoría externa especialista en derecho administrativo, la que elaboró un informe que será enviado a los consejeros durante la próxima semana y que respalda la definición de los plazos.
El PRMC data de 2003 y las modificaciones planteadas abordan cinco aspectos en las 11 comunas que forman parte de su jurisdicción. La primera votación ya fue aplazada en julio por observaciones a su contenido y al proceso de participación ciudadana.
DUDAS DE CONSEJEROS
Durante la sesión del Core, el consejero regional Luis Santibáñez, presidente de la comisión de la Comisión de Desarrollo Territorial, Planificación y Transporte, abordó las dudas surgidas al interior de la instancia frente al plazo en que debían votar los cambios al PRMC, y que hasta ahora se había mantenido para el 8 de agosto, es decir, este domingo.
Precisó que uno de los planteamientos fue que se esperaba el envío de un informe jurídico por parte del Ejecutivo con una definición sobre el plazo definitivo para aprobar o rechazar la propuesta, así como también la fecha legal de ingreso de la misma y el plazo máximo para concretar la votación. Santibáñez sostuvo que la información era necesaria para evitar que la modificación terminara siendo aprobada por omisión, es decir, porque se cumpliera el plazo y el Consejo Regional no se pronunciara.
"Lo que estoy en condiciones de decir inmediatamente es que no estamos apretados de plazos", afirmó, añadiendo que los periodos que rigen corresponden en días hábiles y no corridos, como indica la normativa del Ministerio de Vivienda. "No tenemos que pronunciarnos de nada, no estamos obligados a nada y no habría silencio administrativo", manifestó Díaz.
Además, añadió que también "tenemos algunas dudas sobre actuaciones procedimentales, que las hemos consultado al asesor jurídico y nos hace tener un fundado temor que pudiera haber un error de proceso que pudiera invalidar parcialmente el proceso".
JURISPRUDENCIA
El seremi de Vivienda, Sebastián Abudoj, reiteró que, de acuerdo a los informes técnicos con que cuentan, el plazo de 90 días corridos responde a la jurisprudencia de la Contraloría en esta materia. "Estamos abiertos a que la Contraloría revise esta situación y aportaremos todos los antecedentes que corresponden, pero lo que no queremos es que el Consejo Regional no se pronuncie sobre un tema tan importante, porque en caso de no hacerlo dentro de los plazos que la ley establece, se va a entender aprobado por silencio administrativo", manifestó Abudoj.
El seremi dijo que se ha mantenido permanente diálogo con el Consejo Regional y la comisión encargada ha recibido a profesionales del Ministerio con presentaciones técnicas de la propuesta y respuestas a las consultas de los cores. "Las fechas de incorporación y presentación formal de la propuesta junto con sus antecedentes constan por oficio y a través de actos públicos durante mayo, estos son plazos legales respecto de los cuales no es procedente un acuerdo administrativo", manifestó, reiterando que la Contraloría no se ha pronunciado sobre el tema ni tampoco se ha solicitado información adicional a la Seremi.
ORGANIZACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES
Durante la sesión, la consejera Tania Concha solicitó que los planteamientos realizados se formalizaran a través de un oficio y planteó la necesidad de que la extensión del plazo sirva para recoger las inquietudes de organizaciones sociales y ambientales respecto del Plan Regulador Metropolitano. Similar posición mostró el consejero regional Javiera Sandoval, quien llamó a establecer con claridad el plazo, pero también el objetivo de ampliar la fecha de revisión. "El plazo que nos queda, el que sea, ¿para qué lo queremos?", preguntó, afirmando que en dos semanas todavía no se escucha a las organizaciones científicas ni sociales y que es necesario mejorar la calidad de la discusión sobre esta materia.
12 de julio estaba fijada la primera votación del Consejo Regional, que fue aplazada ante la llegada del nuevo gobernador.
2003 fue aprobado el Plan Regulador Metropolitano, el que ya ha tenido diez modificaciones anteriores a la que se discute.