lesly.zurita@diarioelsur.cl

El 1 de octubre debe estar operando el Servicio Mejor Niñez, que reemplazará al Servicio Nacional de Menores (Sename) y dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y no de Justicia. Para eso ya hay avances en su implementación a nivel local: se designó a dos personas para esa labor, se trata de Claudia Hurtado, quien oficia como coordinadora general de la región y Carolina Bascuñán como coordinadora programática.

Ambas tienen la labor de realizar el traspaso administrativo de la información del Sename hacia el nuevo servicio, pero además entrar en contacto con todas las personas que están relacionadas a la protección de los niños y sus familias. En paralelo, el Sename se encuentra realizando el traspaso de funcionarios, primero se establecieron los perfiles laborales, trayectoria curricular para ver si calzan con el nuevo servicio y así se estableció quiénes eran candidatos a traspasarse. Actualmente una consultora está en proceso de evaluación psicolaboral.

Para potenciar este trabajo, la directora implementadora del Servicio Mejor Niñez, María José Castro, llegó hasta Concepción, oportunidad en la que se reunió con los seremis de Desarrollo Social y Justicia, Alberto Moraga y Sergio Vallejos, respectivamente, se reunió con autoridades regionales que se relacionarán con el servicio, así como organismos colaboradores y cerró con visitas a las residencias.

Castro comentó que ya se está negociando la ubicación de las nuevas oficinas, "estamos cerrando, está en muy buenas condiciones entonces no tendríamos que hacer mucho trabajo de habilitación. Pero no va a ser el mismo recinto del Sename".

-¿Cuál es el trabajo específico de las dos personas designadas a nivel local para la implementación en estos tres meses?

-En primer lugar, es conocer la oferta regional, eso significa juntarse con los incumbentes, con los jueces de familia, conocer todos los programas que hay en la Región, eso es clave para nosotros porque es lo que nos va a permitir llegar al 1 de octubre con las personas que ya trabajan en el nuevo servicio habiendo conocido muy bien toda el área de protección, cada niño, cada proyecto y cada programa que funciona en la Región. Ahora, están en permanente coordinación con el nivel central dado que aquí hay traspaso de sistemas informáticos, de información confidencial, de evaluaciones de programa, de los convenios. Hay un trabajo administrativo muy fuerte detrás, que no se ve.

-También está abierto el concurso en Alta Dirección Pública para el cargo de la dirección regional del servicio.

-La verdad es que este fue el primer concurso que se abrió junto con la Región Metropolitana, así que esperamos que el Servicio Civil pueda avanzar en tiempo y forma para llegar ojalá a septiembre con la persona nombrada.

-Es optimista su expectativa, considerando que en el Biobío han existido dificultades anteriormente para cubrir el mismo cargo en el Sename.

-Tengo la expectativa de que hay, a pesar del estigma de trabajar en protección y sobre todo en esta Región, personas que cumplen con el perfil y que tienen la inquietud genuina y la experiencia profesional para trabajar en el área. Creo que hay mucha gente que también ve con buenos ojos de que aquí tenemos una ley que trae atribuciones distintas.

-Respecto a la historia local, donde se han conocidos casos de vulneración de derechos a niños y adolescentes en escaso marco de tiempo, ¿existe alguna preocupación especial con la Región?

-Sabemos que al final todas las regiones tienen complejidades particulares, esta es una región que -efectivamente- conocemos en detalle todo lo que ha ido sucediendo en los últimos años y, por supuesto, tenemos una mirada especial. ¿Dónde se ve eso? En conocer en profundidad qué ocurre en cada uno de los programas, cómo está siendo la evaluación, cómo estamos llevando la administración de cierre, poder ir involucrándonos en esas decisiones de tal manera de llegar antes.

-Han existido críticas, tanto de la Defensoría de la Niñez como de la Asociación de Funcionarios, de que con este nuevo servicio no se acabarán los problemas de fondo del Sename, por ejemplo, porque continuarán trabajando con organismos colaboradores que -a nivel local- es donde se han generado las vulneraciones.

-Lo primero es decir que no podemos esconder con una mano la realidad, que es la falla sistemática que hemos tenido como Estado tanto a través de los organismos colaboradores como los de administración directa. Si hoy hiciéramos un diagnóstico muy crudo de la realidad develaría que todos fallamos. Hoy el 97% de la oferta programática la entregan organismos colaboradores, ¿no vemos a trabajar con ellos? No, lo que tenemos que decir fuerte y claro es que las mayores exigencias son para todos, el tema no es dejarlos fuera sino cómo hacerlo para que todos lo hagan bien. Acá la discusión no es más privados o más Estado, esa es una discusión añeja que a nuestro juicio es bastante ideológica. Aquí se trata de los mejores, porque los niños y sus familias se merecen eso, y los mejores están en el mundo estatal y también en el privado.

-¿Qué cambios se aplicarán para poder llegar antes, como mencionó usted y se pueda fiscalizar de mejor manera a los privados que administran residencias?

-Eso se garantiza, primero, generando unidades que son interdependientes unas de otras, dado que la fiscalización no puede ir en conjunto con la supervisión, debe ser un departamento aparte que se alimente de toda la información. Estamos aumentando las personas de supervisión y de fiscalización, eso quiere decir que tendremos muchas más personas, asistiendo a cada uno de los programas, teniendo la claridad de lo que está sucediendo con cada uno de los niños y vamos a llegar a un conocimiento especializado. A partir del 1 de octubre todos los organismos colaboradores deberán acreditarse bajos los nuevos estándares que exige el Ministerio de Desarrollo Social, los que no lo hagan no podrán seguir trabajando en el área de protección. Es por eso que ya estamos buscando a nuevos organismos colaboradores.

Los funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de la Tercera Comisaría de Lota son quienes quedaron, por disposición del Ministerio Público, a cargo de la investigación para dar con el paradero del conductor que provocó un violento accidente en Lota y que dejó a dos mujeres fallecidas.

Pasada la medianoche de ayer, un conductor que manejaba un station wagon colisionó por alcance a dos jóvenes de 28 y 34 años de edad que iban en una motocicleta. Este hecho ocurrió en la Ruta 160, en el ingreso norte de la comuna. "A raíz de ese impacto y por la fuerza del mismo salen proyectadas, falleciendo en el lugar", contó el teniente de la SIAT, Salvador Soto.

El efectivo policial comentó que debido a la colisión el vehículo de dos ruedas quedó adosado al otro automóvil, llevando a que la pérdida de combustible y la fricción que genera el arrastre provocara un incendio que afectó a los dos móviles.

El teniente comentó que el conductor ahora está siendo buscado ya que abandonó el vehículo en el lugar y no prestó ayuda a las víctimas. "Se está buscando al dueño del station wagon para ver qué antecedentes puede aportar, ya que no siempre es el propietario quien conduce, sino que a veces lo deja a disposición de otra persona", sostuvo el teniente de la SIAT.

Informaciones preliminares indican que el dueño del móvil no sería de la Región, por lo que se están haciendo diligencias para dar con la persona. El efectivo policial comentó que se están viendo las redes sociales, ya que existirían personas que vieron el accidente. "Luego serán ubicada para tomar declaración como testigo", sostuvo Soto.

EN CHIGUAYANTE

La tarde de ayer, se registró otro accidente de tránsito donde una mujer de aproximadamente 60 años falleció y otras seis personas resultaron heridas. El hecho se registró en la avenida Costanera, sector Las Palmas de Chiguayante y obligó al cierre de la vía por varias horas.

Luego del accidente de una avioneta que se trasladaba desde Isla Mocha a Tirúa, el alcalde de Lebu, Cristián Peña pidió que se restablezca el servicio de manera inmediata.

"El servicio se debe restablecer a la brevedad. Los habitantes de Isla Mocha requieren conectividad aérea lo más pronto posible, ya que hay familias y residentes que quedaron en el continente sin poder entrar a la isla. Para ello, el ministerio de Transportes, a través de su ministra, tienen la facultad de contratar en forma extraordinaria los servicios de un avión", agregó el jefe comunal.

Cristián Peña afirmó que hace un mes dio a conocer sus preocupaciones respecto del servicio contratado. Y es que tras 11 años de operación de un avión bimotor, se pasó a uno monomotor.

El accidente de la avioneta ocurrido tras el aterrizaje en el aeródromo de Tirúa no tuvo víctimas fatales, pero dejó un saldo de cinco personas lesionadas, cuatro de ellas habitantes de la zona y el piloto de la aeronave.