Por Redacción

La Fiscalía de la Región de La Araucanía confirmó ayer que Pablo Marchant Gutiérrez (29) es el nombre del joven fallecido durante un atentado en Carahue, quien pertenecía a uno de los Órganos de Resistencia Territorial (ORT) de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y, al ser encontrado, portaba un fusil M16.

"En horas de la madrugada (de ayer) se pudo determinar que se trataba de don Pablo Marchant Gutiérrez, quedando descartada aquella información que daba cuenta que la persona fallecida se trataba del hijo de don Héctor Llaitul (Ernesto Llaitul), información que no fue emanada por parte de la Fiscalía y que surgió a través de distintos medios de comunicación y redes sociales", explicó el fiscal regional Miguel Rojas.

Llaitul, vocero de la CAM, explicó al portal Interferencia que Marchant "vivía en mi casa, es un militante nuestro, murió combatiendo, por lo que lo vamos a reivindicar. Una ORT de la CAM que se llama Lafkenche-Leftraru, en una acción de sabotaje a la Forestal Mininco a una faena custodiada por Carabineros, desarrolló una acción de sabotaje".

El fiscal agregó que "uno de los 11 trabajadores que en ese momento se encontraban en el predio que fue atacado resultó con lesiones de gravedad, por lo cual fue derivado al Hospital Regional de Temuco y en estos momentos (al mediodía de ayer) se encontraba conectado a un respirador mecánico".

Rojas detalló que en las últimas horas del viernes ocurrió "este atentado. De acuerdo a los primeros antecedentes recopilados, habrían participado alrededor de seis a siete personas quienes se encontraban encapuchadas, vestían ropas oscuras y, además, portaban armas de grueso calibre con las cuales atacaron a funcionarios de Carabineros, que en esos momentos se encontraban realizando labores de resguardo del predio donde acaecieron estos hechos".

A raíz de esto, los uniformados sacaron "sus armas de servicio, generándose un enfrentamiento producto del cual resultó fallecido uno de los presuntos atacantes, quien vestía ropas oscuras y portaba un fusil M16", afirmó el persecutor.

Hasta el lugar llegó personal de la Fiscalía de Alta Complejidad, "también de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía regional de La Araucanía, quienes dispusieron las primeras diligencias acompañado de personal especializado de Laboratorio de Criminalística de PDI y del Servicio Médico Legal", sostuvo Rojas, quienes recabaron los primeros antecedentes, destacando que "lo que se investiga en este caso no es solamente el atentado incendiario /tres vehículos destruidos), sino que también el fallecimiento de quien sería uno de los presuntos atacantes y las lesiones de gravedad que fueron ocasionados en uno de estos 11 trabajadores que en esos momentos se encontraban en el predio".

El cuerpo de Marchant fue entregado por el Servicio Médico Legal (SML) a la familia durante la tarde de ayer, en Temuco, hasta donde llegaron alrededor de 300 personas. Al cierre de esta edición se registraban protestas en el Cerro Santa Lucía (Huelén), en Santiago, en la Plaza de la Independencia, en Concepción, en Valdivia y en Puerto Montt, entre otras ciudades.

El delegado presidencial de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, declaró ayer que "no podemos relativizar el actuar delictual y terrorista", tras el enfrentamiento entre encapuchados y Carabineros en Carahue, Región de La Araucanía, que terminó con una persona fallecida y otra conectada a un respirador mecánico debido a la gravedad de sus lesiones. A estas palabras se unieron parlamentarios, empresarios de la zona y el colectivo Chile Digno también emitió una declaración.

"No podemos relativizar el actuar delictual y terrorista que ha cobrado múltiples víctimas, mapuches y no mapuches. Producto de los hechos de ayer (viernes), además, ha habido una serie de otros hechos de violencia los cuales no pueden jamás aceptarse", afirmó Urquízar, en referencia al ataque incendiario contra la casa del exfiscal de Cañete, Región del Biobío, Luis Morales.

La Asociación Nacional de Fiscales afirmó al respecto que "estos hechos dejan en evidencia la inseguridad que viven los fiscales y sus familias, particularmente aquellos que ejercen en la Macrozona Sur".

El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, agregó por su parte que el enfrentamiento en que falleció una persona se trata de "uno más de los cientos de atentados que ocurren en la región provocados por grupos paramilitares que, fuertemente armados, intimidan, queman y destruyen".

El líder gremial, por esta razón, pidió "a los poderes del Estado trabajar firmemente para desarticular estos grupos, que tantas desgracias y destrucción traen a nuestra región", junto con afirmar que "respaldamos fuertemente a Carabineros".

A sus palabras se sumó una declaración pública de 23 gremios agrícolas, entre ellos la Sociedad Nacional de Agricultura, el Consorcio Agrícola del Sur, Fedefruta, la Sociedad Nacional Forestal, entre otros, los que sostuvieron que el hecho de violencia "demuestra la gravedad de lo que está ya por largo tiempo sufriendo la Macrozona de La Araucanía".

"Es aún más grave el que tras este atentado, la propia Coordinadora Arauco Malleco (CAM), mediante sus voceros, haya declarado que estos atentados son un combate en el contexto de la guerra que ellos han declarado a la nación chilena", añadieron las asociaciones.

La Multigremial Nacional, por su parte, indicó ante lo ocurrido que "llama la atención la liviandad con que hoy en Chile se permite hablar de 'personas en combate', de 'sabotaje a privados' y que se amenace abiertamente con reivindicaciones' violentas".

Chile Digno, formado por el PC, FRVS y otros movimientos sociales, respondió que el Presidente Sebastián "Piñera y su Gobierno criminal es el responsable político de este grave asesinato que sólo traerá más violencia e inestabilidad". El hecho "se produce un día después que la Convención Constitucional, presidida por Elisa Loncon, (...) reconociera por abrumadora mayoría la existencia de prisioneros políticos de la revuelta y la grave militarización y violencia en contra del pueblo mapuche en el Wallmapu".

El exfiscal jefe de Cañete Luis Morales sufrió la madrugada de ayer la quema de su vivienda y una bodega en el sector de Peleco, comuna de Cañete, a un costado de la Ruta P-72-S, lugar donde se encontraron rayados alusivos al enfrentamiento ocurrido horas antes en Carahue, Región de La Araucanía.

El propio afectado -en conversación con el medio local Conecta TV- repudió lo ocurrido: "Hablo como víctima y no como exfiscal de Cañete durante 15 años y la verdad es que resulta lamentable que una vivienda que construimos con mi familia con tanto esfuerzo resultara totalmente quemada".

Morales, quien actualmente ejerce funciones en el Ministerio Público en Los Ángeles, planteó que hasta pasado el mediodía de ayer no había recibido ninguna comunicación oficial de lo ocurrido. "Es muy lamentable que este tipo de cosas le ocurran a cualquier persona, independiente de la condición en que labore y espero que las autoridades se hagan cargo de este tipo de situaciones, y no solo por mí, sino por todos quienes han sufrido este tipo de hechos".

Añadió que "me gustaría preguntarle a los convencionales: a Jaime Bassa, Vanessa Hope, Andrés Cruz, todos abogados igual que yo: colegas, ¿qué opinan de esto? (mostrando los restos del inmueble destruido). Y que no se vayan por las ramas, sino qué opinen de gente que tiene su casa, que no es una forestal, que no está en un territorio en recuperación como le llaman, donde además los árboles que yo tengo son nativos, no son pinos. No es una situación donde se pueda reivindicar algo. Y que respondan sin rodeos, con una respuesta clara, precisa".

Añadió que "lo único que puedo agregar ahora es que quemaron una casa, una bodega, pero no quemaron los sueños que nosotros tenemos para esta zona".

VERSIÓN DE GOBIERNO

El gobernador de Arauco, Óscar Muñoz, explicó que la existencia de barricadas y cortes de la vía impidieron la oportuna llegada de las policías para el inicio de los peritajes.

Precisó que "en el portón de acceso se encontraban rayados alusivos a la causa mapuche". En específico, el texto aludía al supuesto fallecimiento de Ernesto Llaitul Pezoa, situación que fue descartada la madrugada de ayer.

La Asociación Nacional de Fiscales emitió la tarde de ayer un comunicado en que expresó su solidaridad con el afectado y planteó que "estos hechos dejan en evidencia la inseguridad que viven los fiscales y sus familias, particularmente aquellos que ejercen en la Macrozona sur del país". Por ello, demandaron de las autoridades "mayor resguardo y seguridad para poder desarrollar nuestra función pública".

Durante la noche del sábado también se registraron disparos y barricadas en sectores de las comunas de Contulmo y Tirúa.

15 años se desempeñó como fiscal jefe en Cañete Luis Morales, quien fue la víctima del incendio de su inmueble. Actualmente ejerce en Los Ángeles.

A 14 años de presidio fue sentenciado el comunero Óscar Pilquiman, por robo con violencia calificado ocurrido en diciembre de 2019 en Ranquilhue Chico, Tirúa.

Según lo estableció la investigación, una familia fue atacada por un grupo de individuos, entre los cuales estaba el comunero condenado.

En la ocasión, un hombre de 42 años sufrió lesiones graves en el robo, mientras que una mujer de 57 años falleció, pero su muerte no fue atribuida al imputado.

Al respecto, el fiscal Juan Yáñez, indicó que "en este caso la suficiencia probatoria fue analizada por este fiscal y conforme a aquello, presentamos esta causa ante el tribunal con la objetividad que nos corresponde. Así lo dijimos tanto en el alegato de apertura como de clausura, en término de indicar que efectivamente esto debe ser una ponderación jurídica respecto de la participación, y es por esto que el tribunal estimó que no había posibilidad de una vinculación respecto del homicidio".