Los desafíos de la Convención Constituyente
El domingo se realizó la instalación de la Convención Constitucional que, de acuerdo con el mandato de la ciudadanía en el plebiscito de octubre de 2020, será el órgano encargado de redactar una nueva Constitución para Chile. La primera sesión en los jardines de la sede del Congreso Nacional en Santiago, no estuvo exenta de problemas, debido a manifestaciones realizadas en el exterior, y a las exigencias de algunos convencionales que estuvieron a punto de empañar una ceremonia que, por su trascendencia, debe ser un hito en el desarrollo de nuestro sistema democrático.
Se recuerda que la crisis social y política que se desencadenó a raíz de las protestas desde el 18 de octubre de 2019, se encauzó institucionalmente en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, apoyado por una decena de partidos políticos del oficialismo y de la oposición, pacto que se firmó el 15 de noviembre de 2019, y que fijó las normas y el cronograma para llegar a la redacción de una nueva Carta Magna. El documento de doce puntos estableció que "el órgano que en definitiva sea elegido por la ciudadanía, tendrá por único objeto redactar la nueva Constitución, no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado y se disolverá una vez cumplida la tarea que le fue encomendada. Adicionalmente, no podrá alterar los quórums ni procedimientos para su funcionamiento y adopción de acuerdos", y consignó que el órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio.
En el detalle de la ley -que fue promulgada por el Presidente Sebastián Piñera el 23 de diciembre de 2019, junto a los titulares del Poder Legislativo y Judicial- se establecieron otras normas que también deben ser cumplidas por los 155 convencionales, como es el caso de que en su primera sesión, la Convención debía elegir a un presidente y a un vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, cargos que recayeron en Elisa Loncon y Jaime Bassa, respectivamente. Es importante mencionar que la ley aprobada estableció claramente que la Convención Constituyente no podrá alterar los quórums ni los procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos. Asimismo, debe constituir una secretaría técnica, que será conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional. De igual modo, en el artículo 135 señaló que la Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes, junto con recalcar que mientras no entre en vigencia el nuevo texto, la actual Carta Magna seguirá vigente sin que la instancia pueda negarle autoridad o modificarla.
El órgano conformado por 155 constituyentes deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución en el plazo máximo de nueve meses, contado desde su instalación, el que podrá prorrogarse, por una sola vez, por tres meses. Una vez redactada y aprobada la propuesta de texto o vencido el plazo o su prórroga, la Convención se disolverá de pleno derecho y la nueva Carta Magna deberá ser sometida a un plebiscito obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile. En el intertanto, le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución.
En la actualidad, el descrédito de la clase política representa un escenario de mayor dificultad, por lo que no hay que caer en las mismas acciones. Hay mucho por corregir, por lo cual es importante abrir un debate profundo y de calidad en esas sesiones, en torno a cómo se sentarán las bases del futuro, sin extraviarse en eslóganes vacíos o discusiones sin sentido. El desafío relevante ahora es el diálogo y conseguir acuerdos en la Convención, que permitan avanzar hacia el objetivo de mejorar la vida de los chilenos.
Hay mucho por corregir, por lo cual es importante abrir un debate profundo y de calidad en torno a cómo se sentarán las bases del futuro, sin extraviarnos en discusiones sin sentido. El desafío relevante ahora es el diálogo y conseguir acuerdos que nos permitan avanzar para mejorar la vida de los chilenos.