Estudio revela que el 62% de la población local está en contra de estatizar las pensiones
El documento fue encargado por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Académicos de la zona llaman a implementar un sistema híbrido para robustecer las jubilaciones y analizar la rentabilidad de las estrategias.
"Un grupo de parlamentarios de oposición propone estatizar los fondos de pensiones de los trabajadores, es decir, que el Estado pase a ser dueño de tus fondos y los de todos los cotizantes y los reparta entre los jubilados. ¿Cuán de acuerdo estás con que los fondos de pensiones sean estatizados?"
Esta es una de las preguntas que reúne un estudio de opinión pública encargado por la Asociación de AFP a la empresa Criteria, a fin de conocer juicios de la ciudadanía respecto al desempeño de las administradoras sobre el sistema previsional y sus expectativas. La encuesta regional se realizó entre el 11 y 20 de mayo e incorporó el parecer de 398 personas.
Respecto a la interrogante en cuestión, el 62% de la población local consultada dice estar muy en desacuerdo y desacuerdo con que un órgano estatal gestione en su totalidad estos recursos, mientras que el resto se muestra muy de acuerdo y acuerdo a esta medida. El porcentaje, sin embargo, es tres puntos porcentuales menor al registrado en septiembre de 2020 (ver gráfico).
"Más allá del juicio y la mirada que hay hacia las AFP, los ciudadanos de la Región tienden a entender cada vez más que estos dineros pertenecen a los trabajadores (…) Por eso mismo la mayoría piensa que, si hubiera una cotización adicional, le gustaría que fuera a las propias cuentas", puntualiza Cristián Valdivieso, fundador y director de Criteria.
El profesional agrega que una "expropiación" del 100% significaría mucho descontento social. "Ponerlo en un fondo común es dispararse en los pies para cualquier política pública, porque la gente va a saltar. Los datos muestran que la plata es de ellos", enfatiza.
Valdivieso intuye que, en virtud de estos resultados y del actual panorama social y económico, las reformas al sistema deben ser cada vez más profundas para revertir las malas jubilaciones. En ese sentido, advierte que el modelo tendría que caracterizarse por una presencia mayor del Estado, a modo de asegurar pensiones básicas y universales, a la par de las AFP, "pero estas no como un elemento central, sino que complementario".
CONSIDERACIONES
Sin duda, una eventual "expropiación" que se buscaría alcanzar por medio de algunos proyectos de ley ingresados al Congreso es un tema polémico. Así, al menos, lo plantean académicos de la zona, quienes explican que antes de llevar adelante una estrategia de este tipo es necesario considerar ciertos puntos esenciales.
Por un lado, el profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, Luis Méndez, sostiene que lo primero que hay que hacer es preguntar a los dueños de los fondos qué desean, a través de una especie de referéndum o plebiscito.
"De aprobarse esta medida se acabarían las AFP, pero a lo largo del mundo los sistemas son híbridos. Creo que irse a un extremo es retroceder un poco. La modalidad más adecuada es encontrar una fórmula mixta con una parte solidaria y privada, como en países de Escandinavia", afirma Méndez.
Karin Bravo, directora de Postgrado y Desarrollo Profesional de la Universidad San Sebastián, sede Concepción, añade que antes de querer estatizar hay que tener claro cómo se va a trabajar para generar rentabilidad a los ahorros, "porque si no se opera de una forma similar a la de ahora, con una inversión en el mercado de capitales, difícilmente habrá un mayor valor en el ahorro de las personas. En definitiva, sería un ahorro simple que no crecerá en el tiempo".
"Hay que identificar un modelo que tenga una tasa de rentabilidad igual o superior, porque ya vemos que con lo que hay hoy en día no se alcanza", insiste Bravo.
OTROS RESULTADOS
En línea con lo anterior, el documento muestra una clara preferencia de los ciudadanos locales por dar urgencia a una reforma de pensiones (42%), más que a una ley de "mano dura" contra la delincuencia (20%) o a una reforma al sistema de salud (19%), por ejemplo.
Asimismo, la mayoría de los encuestados dice estar muy de acuerdo o de acuerdo con que el Estado asegure una pensión básica universal para toda la población, independiente de su nivel de ingresos y aunque hayan podido capitalizar.