El impacto más allá de lo educativo en las escuelas quemadas en Arauco
Desde los Daem plantean que esto profundiza el rezago de estos territorios y también reconocen un impacto en la dinámica de la comunidad. El coordinador regional de la macrozona dice que una posible explicación a estos atentados es captar potenciales adherentes para los grupos radicalizados detrás de las acciones violentas.
Por Alma Canales Silva / alma.canales@diarioelsur.cl
Edgardo Astudillo se estaba duchando cuando se dio cuenta que un grupo de personas encapuchadas ingresaron a su casa. Hace dos años trabaja como docente encargado en la escuela rural Grano de Trigo, en la comuna de Contulmo. Tomó su ropa mojada, se vistió y salió mientras veía cómo los encapuchados le prendían fuego a la vivienda y al establecimiento contiguo, donde hasta antes de la pandemia trabajaba con los tres alumnos que componen la matrícula, aunque estaba pronto a recibir a dos más.
"Los antisociales llegaron temprano con la clara intención de quemar la escuela, la casa y mi vehículo, y verme intimidado y vulnerado. Con la adrenalina del minuto uno no dimensiona el peligro que se corre con gente fuertemente armada y con mucha violencia", describió el docente a EL SUR la semana pasada sobre lo ocurrido el sábado 22 de mayo.
También mencionó que "luego llegaron los vecinos. Ellos quedaron demasiado asustados con los tiros que escucharon al aire. Vieron cuando quemaron la casa y también mi vehículo. La gente se escondió y arrancó, porque no veían cómo responder a la violencia que estaba ocurriendo".
El hecho, que está en investigación, es el primero que ocurre en Contulmo, según describe la directora del Daem, Evelyn Cifuentes. Sin embargo, no es el primero en la Provincia de Arauco.
Según los datos del gobierno, entre 2020 y este año se han producido ocho episodios de violencia que han afectado a recintos educativos en Cañete, Arauco, Tirúa y Contulmo. En el mismo periodo van 14 en la macrozona desde la provincia de Arauco hasta la Región de Los Lagos.
Los daños han sido de diversa consideración. En algunos casos, pérdida total.
Distintos actores coinciden en que más allá de lo material, el principal daño tiene que ver con el impacto en el proceso educativo y en las dinámicas sociales de esas comunidades, ya que en muchos casos las escuelas se utilizan para diversos eventos.
Eso sí, reconocen que el efecto podría haber sido mayor sin la pandemia, pues ahora todos los colegios están con clases en línea.
Recintos destruidos
La escuela Juan Aguilera Jerez funciona desde 1988. Está ubicada en el sector Antiquina de Cañete, cerca de la ruta P-72. Posee una matrícula de 180 alumnos y se había adjudicado un proyecto de Financiamiento de la Dirección de Educación Pública por $240 millones para mejorar las instalaciones.
Juan Bravo, jefe del DAEM de Cañete, comenta que se trata de una remodelación integral que, incluso, consideraba ventanas de termopanel, para mejorar la aislación del recinto.
Ya se habían transferido $120 millones a la empresa que ejecutaba obras, las que iban bien avanzadas. Pero la noche del 18 de octubre de 2020 un grupo de personas ingresó al recinto y le prendió fuego. Las llamas consumieron el nivel básico completo, la sala de artes, el laboratorio, la biblioteca, la sala de computación, la sala intercultural, tres bodegas de materiales, los baños de docentes y de alumnos.
La pérdida fue prácticamente total. Sólo se salvaron el pabellón de educación parvularia y la multicancha, dice Juan Bravo.
En el caso de la escuela Pedro Etchepare, la destrucción fue del 100%. El recinto que atiende a 25 alumnos de la localidad de Lanalhue fue siniestrado el 15 de julio del año pasado. Gracias a un convenio suscrito con el Ministerio de Educación y la Fundación Levantemos Chile, la estructura de emergencia que se levantó en el mismo lugar está casi terminada.
El director del Daem detalla que hace unas semanas nuevamente trataron de destruirla, pero sólo quedó con daños menores, pues fue hecha de un material poco combustible.
En cuanto al recinto de Antiquina, Bravo informa que con la Seremi de Educación están trabajando en un proyecto para reponer el establecimiento a través de un sistema de paneles, pero esto no ocurrirá en el corto plazo.
En el caso de Tirúa, el año pasado también se destruyeron dos establecimientos. Ambos hechos ocurrieron en julio, separados por unas semanas.
El primero en sucumbir ante las llamas fue la escuela de Cerro Negro. La jefa del Daem de Tirúa, Katherinne Castro, detalla que el establecimiento trabaja con cinco alumnos del sector. Luego quemaron la Escuela Ana Molina, que atiende a 153 estudiantes del sector Tranaquepe y tenía una superficie de 665 metros cuadrados.
En ambos casos, aclara Castro, la pérdida fue total.
"Para Ana Molina se consiguió financiamiento a través del Ministerio de Educación para instalar una escuela modular de emergencia, que tiene una duración de unos cinco años, aproximadamente, mientras se piensa en una escuela definitiva", cuenta la jefa del Daem.
Sobre el otro colegio, indica que está en análisis, pues antes de buscar fondos hay que resolver la situación del terreno donde estaba emplazado, pues actualmente le pertenece a Bienes Nacionales.
Los otros inmuebles quemados son el Centro Educativo Felipe Cubillos, en Arauco, el jardín infantil Semillitas de Cañete, infraestructura del Programa de Mejoramiento de la Infancia de la Junji y que atendía a 20 niños y niñas, de 2 a 4 años de edad del sector Tranguilboro, el Jardín Pichi Ayen, que funcionaba en el Centro de Información Turística del cruce San Ramón y la Escuela Grano de Trigo de Contulmo.
Para todos los casos, asegura el seremi de Educación, Felipe Vogel, se están evaluando alternativas para reponer las estructuras. Añade que actualmente todos están con clases a distancia.
Impacto en la comunidad
"Sabemos que detrás de cada colegio hay niños y niñas y con los incendios de estos establecimientos educacionales los únicos afectados son ellos", reconoce el seremi Vogel.
Añade que si bien no hay un estudio específico sobre el impacto que la ausencia de estos recintos tiene en esas comunidades educativas, sí se sabe que la no presencialidad merma los aprendizajes y la condición socioemocional de los alumnos.
Katherinne Castro, jefa del Daem de Tirúa, reconoce que producto de la pandemia los colegios han estado sin clases presenciales. Sin embargo, los recintos siniestrados atienden a niños con problemas de conectividad e incluso de conexión, lo que complica en trabajo por internet.
A varios de los alumnos hay que llevarles el material impreso, insumos que estaban en los edificios destruidos. Recuerda que después que se quemó la Escuela Ana Molina el año pasado, el proceso educativo se interrumpió durante poco más de un mes.
"Si ya existía un desfase por la pandemia, con esto se agudiza el problema y se acrecienta el rezago. Las pérdidas generan un desmedro del trabajo del colegio", dice.
Añade que esto también repercute en la propia comunidad, pues muchas veces las escuelas se utilizan para eventos sociales, pues es el único lugar físico que puede reunir a los vecinos que, muchas veces están separados por varios kilómetros.
Fenómeno
Roberto Coloma, coordinador regional de la Macrozona -y que atiende temas de violencia rural-, dice que el impacto de la destrucción de infraestructura educativa es más cualitativa que cuantitativa. Explica que si bien la cantidad de inmuebles es marginal en relación a los atentados que se producen en la provincia, el impacto que producen en la comunidad es considerable.
"La escuela es un lugar fundamental para el desarrollo de la vida de esos niños. (Estos hechos) provocan un daño muy grande a niños completamente inocentes y que necesitan su espacio educativo para aspirar a tener alguna mejor opción de vida", afirma.
Por eso, una de las hipótesis que explicaría este fenómeno es que los grupos radicalizados que se adjudican estos hechos buscan provocar la deserción escolar para capturar a menores de edad para sus causas.
"Se ha detectados que los grupos armados (en distintos países) usan a menores de edad y a mujeres como primera línea de contención de fuego. Este es un procedimiento habitual", describe. Eso, añade, explicaría que las personas que se ven afectadas son parte de las mismas comunidades, y no empresas forestales.
Para atender el tema de seguridad, se ha interpuesto una acción judicial para cada uno de los ocho episodios que se han registrado desde el año pasado hasta ahora. En cuanto al tema educativo, se han hecho coordinaciones entre los ministerios del Interior y de Educación para conseguir fondos para reponer los establecimientos.
El más avanzado es el de la Escuela Pedro Etchepare de Cañete. El municipio espera inaugurarlo muy pronto. También espera que no lo destruyan nuevamente.