Por Redacción

Tal como pidió hace unas semanas la oposición, el Presidente Sebastián Piñera anunció anoche el envío de un proyecto de ley al Congreso que extenderá el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), para el 100% del Registro Social de Hogares, lo que equivale a 14,8 millones de personas y a unos 7 millones de hogares.

El mandatario realizó el anuncio en el marco de la discusión sobre "mínimos comunes" que se inició hace dos semanas para asistir de manera inmediata a las familias y a las pymes que más han sido afectadas en sus finanzas por la pandemia de covid-19.

En La Moneda, rodeado de ministros, representantes de beneficiarios del IFE, de las pymes y de la sociedad civil, Piñera indicó que "el viernes 30 de abril convocamos a este Palacio a las mesas directivas del Senado y la Cámara para hacer un esfuerzo de dialogo y acuerdos, y avanzar en un marco de entendimiento o mínimos comunes para aumentar el apoyo del Estado a las familias chilenas y las pymes".

El jefe de Estado valoró las reuniones en las que pudo escuchar desde ese día las propuestas de representantes de la sociedad civil y "muy especialmente las de Chile Vamos en materia de pymes. Quiero agradecer todos los aportes".

IFE UNIVERSAL

La primera de las dos nuevas medidas de alivio que se discutirán desde hoy en el Congreso es "establecer un IFE universal que va allegar de forma simple y rápida a todas las familias del Registro Social de Hogares".

El Gobierno dijo que "el monto va a ser el equivalente a la línea de la pobreza. Un hogar de una persona recibirá 177.000 pesos, una de cuatro personas, 467 mil pesos y una de 10 personas, un aporte de cerca de 900 mil pesos".

"Estos aportes del Estado significan que ninguna familia va a quedar bajo la línea de la pobreza, porque este IFE universal cubre esa exigencia", recalcó Piñera y agregó que "se suman otros aportes que hace el Estado y los ingresos que las propias familias generan".

El gobernante estima que este aporte llegará a cerca de 15 millones de personas y a cerca de siete millones de hogares.

"Solo los hogares del 10% superior no podrán postular a este beneficio", precisó Piñera y explicó que "este IFE se pagará en los meses de junio, julio y agosto".

BONO O CHEQUE PYME

La segunda medida consiste en la creación de "un bono o cheque de alivio para las pymes. El primer bono será de un millón de pesos a todas las personas o pymes que tengan alguna actividad o algún trabajador contratado, con ventas inferiores a 25 mil UF anuales".

Estas mismas personas y pymes recibirán un segundo bono, que se suma al anterior, equivalente a tres meses de IVA de un año normal al 2019, con un tope de dos millones de pesos. "Las pymes que están acogidas a la suspensión del empleo recibirán un subsidio adicional para pagar cotizaciones de trabajadores suspendidos por un plazo de cuatro meses", explicó Piñera y dijo que espera beneficiar a "300 mil personas o pymes del país".

"Las mujeres que estén en esta situación van a recibir todos estos bonos, pero con un premio, o un agregado de un 20% adicional", agregó.

Junto con indicar que espera una pronta tramitación de estos proyectos en el Congreso, "con extrema urgencia", el mandatario adelantó que "en los próximos días vamos a anunciar un fondo de salud para fortalecer el combate al coronavirus y para reducir las listas de espera distintas al covid-19".

Tras llamar al Congreso a "analizar con buena voluntad y aprobar con prontitud estos proyectos de ley", Piñera firmó las iniciativas.

YASNA PROVOSTE

En Valparaíso, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), comentó los anuncios del Gobierno. "Me comuniqué con el Presidente de la República en la tarde para comunicarle que su Gobierno no siga cometiendo errores", confidenció Provoste y luego aclaró que "aún no conocemos los proyectos de ley. Lo digo porque se nos viene a la mente un listado largo, como es costumbre de este Gobierno, en que los proyectos viene con letra chica y son muy distintos a los anuncios".

"Los anuncios son débiles", manifestó la legisladora. "El Estado debe hacer un esfuerzo mayor", indicó y criticó que "el Presidente no dijo una sola línea de medidas sanitarias, no dijo nada sobre cómo se van a financiar estas medidas (...) La única novedad de este anuncio es que el IFE llega a la línea de la pobreza efectiva, pero no resuelve lo que hoy viven las familias. Nuestro proyecto sumaba un 30% más. Este Gobierno no entiende el país que le ha tocado gobernar".

Sobre el tiempo en que se pretenden entregar los apoyos, Provoste dijo que "claramente son insuficientes para los meses de junio, julio y agosto. El Presidente dijo además que es universal y luego que no lo será y que va a excluir a un porcentaje de familias. Dice que van a ser rápidos, pero luego dice que habrá que postular".

En cuanto a las pymes, insistió en que la oposición ha propuesto "subsidios directos por tres mil millones de dólares y el Gobierno poco más de mil millones. Eso es insuficiente".

La Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde a la reforma constitucional que busca reponer la obligatoriedad del voto.

La iniciativa fue aprobada en general por 107 votos a favor, 23 abstenciones y 16 votos en contra, todos ellos de parlamentarios de Chile Vamos. Ahora, la moción deberá volver a la Comisión de Gobierno Interior de la cámara baja para su discusión en particular.

En enero de 2020 un proyecto similar había sido rechazado por la Cámara, al no alcanzar el quórum requerido para prosperar. En esa oportunidad, gran parte del oficialismo se opuso a la reforma, al igual que algunos diputados de oposición. Muchos de ellos, sin embargo, modificaron su posición y esta vez dieron su voto favorable.

La reforma constitucional aprobada ayer cobró fuerza luego de las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, del 15 y 16 de mayo, donde se registró una baja participación.

Según cifras del Servicio Electoral (Servel), sólo el 43% de las personas habilitadas para votar efectivamente lo hizo, cifra que dista del 50% del padrón que sí participó en el plebiscito constitucional de octubre de 2020.

En concreto, el proyecto restablece la obligatoriedad del sufragio en los procesos electorales, con excepción de las elecciones primarias. El voto seguirá siendo voluntario también para los mayores de 75 años y las personas con discapacidad o dependencia.

Asimismo, no será obligatorio para los chilenos residentes en el exterior y los extranjeros que vivan en Chile y que estén habilitados para votar.

La presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la cámara baja y una de las impulsoras del cambio, Andrea Parra (PPD), aseguró que el voto voluntario ha sido "uno de los peores errores de cálculo" de la política chilena. "Una década de esta innovación nos ha traído los peores índices de participación", dijo.

"Tengo la convicción de que la democracia no es un juego ni una opción, es una responsabilidad de los ciudadanos", manifestó la diputada Camila Vallejo (PC). "El voto obligatorio es un mínimo exigible en un largo camino de tareas, como la paridad y educación cívica en serio", señaló por su parte el diputado Gabriel Boric (CS).

INDICACIONES Y RECHAZO

Uno de los que argumentó en contra de la reforma fue el diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya. "Estamos a muy pocos meses de muchos procesos electorales y abrir esta discusión a pocos meses, cambia las reglas del juego de un proceso que está en curso. Me parece que no corresponde", sostuvo.

Junto con aprobarse la idea de legislar, se presentaron varias indicaciones patrocinadas por diputados de Chile Vamos. Entre ellas figura la idea de que las personas puedan salirse del padrón electoral hasta 90 días antes de las elecciones. La desafiliación voluntaria fue una de las fórmulas que se barajó antes de llegar a la norma actual de inscripción automática y voto voluntario.

Además se ingresaron indicaciones para definir las multas en caso de incumplir el deber de sufragar y otra para volver a la inscripción voluntaria en los registros electorales.

En Chile el voto es voluntario desde 2012, año en que comenzó a regir la nueva ley después de un largo debate sobre los mecanismos necesarios para reencantar a los votantes más jóvenes con la política y aumentar los bajos niveles de participación.

107 votos a favor, 23 abstenciones y 16 en contra, todos de parlamentarios de Chile Vamos, tuvo el proyecto.

75 años o más, o alguna discapacidad o dependencia, deberán tener las personas para votar voluntariamente.