Ley de entrevistas a menores víctimas de delitos parte con 25 salas especiales
Además hay casi 50 personas capacitadas para interactuar con los niños y adolescentes, entre fiscales, jueces y policías. El proceso aplica para las investigaciones y los juicios orales.
Prevenir la victimización secundaria de los menores de edad durante el desarrollo de un proceso penal donde ellos hayan sido víctimas de delitos graves llevó a crear la Ley 21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo. La normativa entró en vigencia en 2018, pero como su implementación se hizo de forma escalonada, Biobío se incorporará el próximo 3 de junio.
El objetivo es que el niño y adolescente sea entrevistado la menor cantidad de veces. Por eso, esta conversación guiada se graba y queda disponible para las partes que participan en el proceso investigativo.
Las instituciones vinculadas al proceso investigativo han avanzado en la preparación, pues esta normativa implica la habilitación de salas especiales para que los menores declaren y también a entrevistadores capacitados.
Entre el Poder Judicial y Fiscalía suman 25 salas, distribuidas en todo el territorio. De ellas, 18 pertenecen a la primera institución y el resto, al Ministerio Público.
Los espacios se han adaptado a los requerimientos de la emergencia sanitaria, lo que implica protocolos de ingreso para prevenir el covid-19, nuevos aforos y la instalación de micas de separación.
Además, hay 47 personas capacitadas para hacer las entrevistas, entre jueces, fiscales y policías.
Tanto en la Fiscalía como en Tribunales destacaron el impacto que esto tiene en los menores, sobre todo porque está pensado para atender delitos violentos y de carácter sexual, que resultan muy traumáticos.
Según datos de la Fiscalía, en 2019 unos 2 mil 200 menores de edad se vieron involucrados en alguno de los delitos que considera la normativa.
Preparación
María Alejandra Monsalve, jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, detalló que inicialmente esto estaba programado para el 3 de octubre de 2019. Sin embargo, las protestas que partieron ese mes y luego la emergencia sanitaria retrasaron esta implementación.
Una de las razones para ello fue que además de las salas, la ley exige que quienes realicen las entrevistas estén capacitados para ello. Inicialmente este proceso tomaba tres semanas y se hacía en Santiago. Con la pandemia y las restricciones de movilidad tuvieron que hacer ajustes al programa. Ahora las clases son en línea y el proceso dura seis semanas, detalló Monsalve.
Añadió que a la fecha 23 personas han tomado el curso, aunque cuatro de ellos aún no están certificados, pues están en la fase final. Se suman otros siete entrevistadores de la PDI. Carabineros tiene la misma cifra.
En la actualidad, 10 jueces en la Región cuentan con el Curso Inicial de Formación Especializada (CIFE). Dentro de las próximas semanas se preparan otros cuatro magistrados en esta temática.
"Quedó demostrado que esto es beneficioso, ser entrevistado por alguien que sabe del tema, cómo preguntar sin que el menor se sienta victimizado", planteó la jefa de la unidad.
Cristian Gutiérrez, juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, detalló que los tribunales de su jurisdicción ya cuentan con salas especiales, incluso desde antes de la ley.
En ese sentido, recordó que "esta iniciativa legal tuvo como gran respaldo un proyecto piloto que surge al amparo del Poder Judicial, y que luego se formalizó en un auto acordado de la Corte Suprema, que ha permitido declaraciones en juicio oral de niño, niñas y adolescentes, desde el año 2014, bajo un formato que es bastante similar al que dispone la normativa que entrará en vigencia en junio de 2021".
En la Fiscalía también realizaron un proceso de marcha blanca, el que se inició en diciembre del año pasado. En febrero se hicieron algunos ajustes, los que comenzaron a aplicarse en marzo.
El proceso
Lo primero que hay que hacer es evaluar si el menor tiene la disponibilidad de declarar, expuso María Alejandra Monsalve. Indicó que hay niños que no quieren hablar de lo que les ocurrió, por lo traumático de la situación. "Ellos están en su derecho de no querer declarar", planteó.
También ocurre que hay personas que no quieren asistir por miedo a contagiarse de coronavirus. Eso queda consignado, pues ahí sí existe interés por declarar.
En caso de que accedan, se hacen dos coordinaciones: con el menor, para ver cuándo puede asistir, y con el entrevistador. En este último caso se le entregan todos los antecedentes del delito para que la persona sepa en qué indagar.
Esta entrevista corresponde a la parte investigativa, pues durante el juicio hay que repetir el proceso.
El juez Cristian Gutiérrez destacó que cuando los menores declaran en juicio oral, no lo hacen en la sala audiencia, frente a los jueces ni los demás intervinientes, sino en esta sala especial, ante un intermediario capacitado o quien presida el tribunal en su caso, que es quien adecua las preguntas que surgen de fiscal, defensor o querellante.
Esto, aseguró, permite que se haga "en un lenguaje y modo adecuados a la edad, madurez y condición psíquica del menor".
"Se trata de un cambio de contexto físico y, en especial, de la forma en que se le pregunta, cuyo objeto es disminuir la victimización secundaria, al darle un tratamiento acorde a su particular situación", cerró.