Nueva ley de migraciones
Después de una tramitación que duró ocho años en el Congreso Nacional, el Presidente Sebastián Piñera ha promulgado la ley de migraciones, que reemplazará a la ley de extranjería, que data de 1975. La nueva normativa permitirá regular el proceso de ingreso de extranjeros al país, promueve los derechos de esas personas, pero también deberes y obligaciones.
La iniciativa busca sincerar las razones por la cual los inmigrantes llegan a Chile, de manera que quienes lo hagan con intenciones de vivir en el territorio deberán pedir pidan visa en los consulados y tener cédula de identidad desde el primer día. El Mandatario ha señalado que el principal objetivo es "poner orden en nuestra casa, a través de una política de migraciones ordenada, segura y regular, que permita la migración legal y combata la inmigración ilegal", pues "no queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico y trata de personas, o aquellos que no respetan nuestras leyes".
Es evidente que Chile ha avanzado hacia la integración, pero el marco regulatorio del ingreso de extranjeros tenía 45 años y sus disposiciones no estaban actualizadas para poder regular el creciente flujo migratorio de una manera ordenada, segura y responsable, porque cuando alguien ingresa de una manera irregular al país, esa persona sufre, ya que tiene demasiadas dificultades, a la vez que genera problemas a los chilenos y al Estado, porque no se le puede atender adecuadamente y no se puede integrar a la sociedad de la mejor manera. Las familias que ingresan de manera irregular al país, deben padecer dificultades como el hacinamiento o la falta de acceso a los sistemas de salud, que de por sí ya se encuentran saturados.
En la actualidad, está en marcha el plan "Frontera Segura", que establece que quienes ingresan o intenten ingresar a nuestro país clandestinamente, por pasos no habilitados, cometen un delito y se arriesgan a ser expulsados. La nueva ley establece que los inmigrantes, al igual que los chilenos, tienen derechos pero también deberes y obligaciones, por lo que deben cumplir con la normativa. Así, antes de venir a establecerse a Chile deberán obtener su visa y cédula de identidad en los consulados de nuestro país en el exterior. La ley crea una nueva institucionalidad más flexible, el Servicio Nacional de Migraciones y sus direcciones regionales, abarcando de mejor manera el territorio. También, se facilitan las expulsiones administrativas, al no ser necesario realizar denuncias penales por el ingreso, de manera que se desincentiva el uso de pasos no habilitados. El nuevo Servicio Nacional de Migraciones permitirá homologar los trámites y tiempos de tramitación en todo el país, al centralizar el análisis, pero descentralizando la atención, orientación, inclusión y entrega de beneficios, además de fomentar la coordinación y comunicación con la sociedad civil, municipalidades y gobiernos regionales.
Según cifras del INE, al 31 de diciembre de 2019 residían en Chile casi un millón y medio de extranjeros. Al inicio de la pandemia, muchos de ellos perdieron sus trabajos, por despidos, suspensión temporal o reducción de la jornada laboral. Algunas encuestas recientes indican que tres de cada cuatro inmigrantes considera que el nivel de ingresos de su hogar no alcanza para cubrir los gastos de sus grupos familiares. Tampoco puede soslayarse que en las actuales condiciones, en que el año pasado se perdieron casi dos millones de empleos y que los chilenos esperan la ayuda del Estado para salir adelante, podrían aumentar los resquemores respecto de inmigrantes.
En el exterior, existe una percepción de que Chile saldrá primero de la crisis sanitaria y económica y que logrará recuperar su aparato productivo, lo que generará una mayor presión de parte de los flujos de inmigrantes que quieren ingresar a residir en el país, por lo que la nueva ley es oportuna, pertinente y contribuye a ordenar el ingreso de extranjeros.
Es evidente que Chile ha avanzado hacia la integración, pero el marco regulatorio del ingreso de extranjeros tenía 45 años y sus disposiciones no estaban actualizadas para poder regular el creciente flujo migratorio de una manera ordenada, segura y responsable.