Por Karlyng Silva Leal

Diversas reacciones provocaron los dichos publicados por El Mercurio, el domingo último, de quien era el delegado presidencial para la Macrozona Sur, Cristian Barra, los que derivaron en su salida del cargo esa misma jornada, luego de que el Gobierno confirmara la presentación de su renuncia.

Entre otros puntos, el exfuncionario sostuvo que existía poca capacitación para Carabineros y falta de voluntad de las Fuerzas Armadas para apoyar a la coordinación, asegurando que asistían a las reuniones de coordinación junto a abogados para explicar por qué no se realizaban ciertas acciones.

Al respecto, el contraalmirante Jorge Parga, jefe de la Segunda Zona Naval y Jefe de la Defensa en Biobío, expresó que no se referiría a lo dicho por Barra al tratarse de una opinión, pero al ser consultado por la participación de asesores legales en dichas reuniones se limitó a comentar que "no participó ningún abogado del área de Defensa en la reunión con el señor ministro Delgado en la semana del día 24 de febrero".

Por su parte, el coordinador regional de la Macrozona Sur, Roberto Coloma, aseguró que el trabajo con la Jefatura de la Defensa Nacional, representada por el contraalmirante ha sido óptimo. "En lo que a mí respecta, he tenido la mejor relación con las Fuerzas Armadas y he visto la mejor disposición de su parte para colaborar con las acciones de gobierno en el marco de Estado de Excepción Constitucional", agregó.

Ayer fue designado en el cargo Pablo Urquizar, exjefe de gabinete del Ministro de Defensa, Alberto Espina. Además se incluyó a Loreto Silva Rojas, exministra de Obras Públicas, como asesora presidencial en temas jurídicos como la planificación de medidas y acciones para apoyar la coordinación existente, reforzando el abordaje de los procesos judiciales en que participe el Estado.

SOLICITUD A LA FISCALÍA

Independiente de los cambios producidos en el cargo, Coloma aseguró que el trabajo continúa y en esta materia destacó la labor que se está realizando en la zona en torno al delito de hurto de madera. De hecho, sostuvo que se han materializado detenciones y se han sacado de circulación a camiones utilizados para estos fines.

No obstante, aseguró que en materia de investigación los recursos no son suficientes, por lo que ingresarán una solicitud para mejorar este aspecto. "Es muy importante que el Ministerio Público focalice de mejor manera estos recursos a través de, por ejemplo, un fiscal con dedicación exclusiva a la investigación de los delitos de robo de madera por la importancia que este tiene en el financiamiento de los grupos armados".

También señaló como urgente la necesidad de que el organismo unifique criterios sobre la actuación en delitos flagrantes y en lo relacionado con la calificación jurídica de delitos asociados al robo de madera. "Existe un tipo de descoordinación dentro de la misma Fiscalía, que muchas veces hace que los procedimiento policiales en relación a este delito sean dificultados en su desarrollo y resultados", finalizó.

ATAQUE EN ARAUCO

Tras varias semanas sin actos violentos en la provincia de Arauco, durante la noche del domingo se registró un ataque incendiario a maquinarias forestales, que dejó pérdidas millonarias.

Durante casi tres semanas se han desarrollado patrullajes mixtos en la provincia, liderados por Carabineros y el apoyo de las Fuerzas Armadas y que fueron establecidos por el puesto de mando conjunto.

No obstante, la noche del domingo cuatro maquinarias de una empresa contratista que prestaba servicios a la Forestal Arauco fueron quemadas, lo que se sumó a la detección del hurto de un vehículo en las cercanías, el que también fue siniestrado. Además, se informó que en el lugar fueron desplegados lienzos con consignas de amedrentamiento de la acción judicial, particularmente sobre el caso de Luis Tranamil Nahuel, presunto autor del homicidio del sargento segundo Eugenio Naín, ocurrido en La Araucanía en octubre del año pasado.

Tanto la seremi de Gobierno, Francesca Parodi, como el gobernador de Arauco, Oscar Muñoz, señalaron que como gobierno no serán amedrentados y que esperan que ninguno de los poderes del Estado tampoco. Por su parte, el coordinador regional de la Macrozona, Roberto Coloma, sostuvo que es imposible asegurar que no ocurrirán hechos violentos en la zona, pero que lo importante es controlarlos de la mejor manera, mitigando los daños en que estos puedan incurrir.

"Se han implementado algunas medidas que han tenido algún resultado, pero obviamente toda acción de control y orden público, policial o persecución penal generará una reacción de estos grupos armados. Estamos conscientes y atentos a eso con la jefatura de la Defensa Nacional y con los mandos policiales a estas reacciones que seguramente se producirán", detalló Coloma.

4 maquinarias forestales fueron atacadas la noche del domingo en la Provincia de Arauco, tras casi tres semanas sin hechos de este tipo.

Una exhaustiva fiscalización realizó la Dirección del Trabajo durante la jornada de ayer en el centro de Concepción, en el contexto de la Fase 1 de cuarentena total que se vive en toda la intercomuna.

Aunque, en general, se observó un cumplimiento de las medidas de prevención en aquellos locales comerciales de rubros esenciales, que sí están autorizados para atender durante la cuarentena, una de las fiscalizaciones arrojó varios incumplimientos por parte de un local comercial, que fue objeto de un sumario sanitario, un sumario de la Dirección del Trabajo y orden de cierre, mientras que los trabajadores fueron enviados a sus domicilios.

La seremi del Trabajo, Sintia Leyton, señaló que "esta es la continuidad de la labor que ha estado desarrollando la Dirección del Trabajo durante todo este tiempo: la fiscalización de los locales esenciales, el correcto uso de los permisos únicos colectivos y, por supuesto, el cuidado que tienen que tener los empleadores con sus trabajadores en el caso de los que no son esenciales, que no estén desarrollando sus funciones, entendiendo que estamos en fase uno; tenemos que cuidarnos y mantener la cuarentena.

Por su parte, el director regional del Trabajo, Rodrigo Reyes, precisó que "este trabajo lo hemos hecho en las diferentes provincias y en las diferentes comunas que están en cuarentena, y las multas que arriesgan quienes incumplen estas medidas es de 9 a 60 Unidades Tributarias Mensuales, además de la suspensión del trabajo para los trabajadores, quienes no podrán volver a trabajar hasta que se cumpla con la cuarentena".

Agregó que "el llamado tanto a trabajadores como a empleadores es a respetar esta cuarentena, y a no trabajar si no son un comercio esencial".

Ocho personas resultaron detenidas en Cañete tras una indagatoria liderada por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI que permitió establecer que todos ellos participaban en un clan familiar dedicado a la venta de diversas drogas.

El jefe de la Prefectura Provincial Arauco, prefecto Jaime Monsalvez Pichún, explicó que la investigación fue desarrollada en conjunto a la Fiscalía local de Cañete, la Unidad de Análisis de la Fiscalía regional, reuniendo los antecedentes que establecieron que el grupo familiar se dedicaba a la adquisición, transporte y almacenamiento de importantes cantidades de estupefacientes.

En el operativo se allanaron 7 domicilios que funcionaban como puntos de venta, logrando incautar 5.486 dosis de cocaína base, 2.794 de cannabis sativa y 159 de clorhidrato de cocaína. Además, se encontró y decomisó una pistola de fogueo adaptada, un revolver a fogueo, 3 cartuchos de 8 milímetros, uno de 9 milímetros y 7 de escopeta calibre 12.

Según detalló el prefecto, la banda familiar se dedicaba a la venta ilícita de estas drogas, suministrando a jóvenes drogadictos de la comuna cañetina. De los 8 detenidos, 5 son mayores de edad y 3 son menores, quedando todos a disposición del Juzgado de Garantía de Cañete para el respectivo control de detención.

El prefecto Monsalvez agregó que: "De esta forma damos una señal fuerte la comunidad en cuanto a que nuestra PDI continua en la investigación de los delitos y estamos sacando de circulación aquellas personas que se dedican al tráfico de drogas, uno de los delitos que afecta de mayor forma a nuestra comunidad".