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Parte de los 13 desafíos que los organismos presentaron ayer

Gremios productivos del Biobío abogan por apresurar plan de reactivación y acabar con la violencia rural

La Agrupación de Organizaciones Productivas socializó un documento en el que se abordan y cuestionan una serie de puntos que entorpecen el crecimiento en materia de desarrollo y vida en común.
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Por Nicolás Álvarez Arrau

A través de una actividad vía remota, las entidades empresariales y gremiales del Biobío -reunidas en la Agrupación de Organizaciones Productivas (Agop)-, dieron a conocer ayer un documento de dos páginas compuesto por 13 propuestas destinadas a mejorar el desarrollo y la vida en común de la zona.

Dentro de los temas centrales que se esbozan en el manuscrito asoman aspectos cruciales que han ocupado gran parte de la atención pública durante los últimos meses: la violencia rural en la Provincia de Arauco y el lento avance del plan de reactivación regional.

Otros de los puntos fuertes que aglutinan el informe dicen relación con la protección de los rubros del acero y la pesca, la ejecución de proyectos vitales de infraestructura competitiva y la relevancia de los planes reguladores comunales.

"Esto quiere ser un aporte y una voz de alerta para que comencemos a trabajar en un diagnóstico que sea común, a fin de tener un crecimiento sustentable en nuestra Región, y también necesitamos sobreponernos al permanente desgaste que ha tenido la competitividad regional", puntualizó la presidenta de la CChC Concepción, Helen Martin.

PUNTOS CRÍTICOS

El fin a la "violencia rural, robo de madera y terrorismo" en Arauco es el primer ítem descrito. Por lo mismo, la Agrupación indicó que este "es el problema más grave que enfrenta nuestra Región para su desarrollo y productividad", lo que se ha visto traducido, por ejemplo, "en la pérdida del Estado de Derecho en la zona sur del Biobío".

Según Michel Esquerré, presidente nacional de Pymemad, hoy existe un nivel de centralismo que hace casi imposible percibir las inquietudes de zonas distintas a Santiago. "No se trata de criticar por criticar, pero el problema que tenemos es que hay una falla sistémica del Estado, y por eso mismo es el Estado quien debe hacerse cargo", criticó el representante gremial.

Sumado a lo anterior, las entidades advirtieron lentitud en el plan de reactivación económica del Biobío. Cuestionaron que pese a los anuncios de inversiones -que bordearían los $900 mil millones y 14 mil puestos de trabajo- "no ha sido posible verificar avances concretos que permitan sostener que hay iniciativas nuevas con financiamiento asegurado".

Para el presidente de la Asem Biobío y representante de la Unión de Gremios Pymes, Humberto Miguel, esta ralentización se vio influenciada directamente a causa de la salida del exintendente Sergio Giacaman, en noviembre pasado, aunque reconoció que sí existen las confianzas para manifestar cada uno de los problemas.

Parte de los principales organismos productivos del Biobío se reunieron la mañana de ayer con autoridades del Gobierno Regional para analizar las etapas de la reactivación. La idea, agregó Miguel, es que este hito favorezca a un mayor progreso "en los 160 proyectos que están en vitrina para ser ejecutados y para que los recursos sean utilizados en los tiempos que correspondan".

RESPUESTA DE KUHN

Consultado al respecto, el intendente Patricio Kuhn aseguró que el Gobierno Regional ya dispuso un nuevo formato de la mesa de coordinación y nuevos objetivos 2021 mediante cuatro ejes. "Lo que se busca es la ejecución de los proyectos de reactivación y su efectivo inicio de obras este año", reveló el jefe regional.

"Ello requiere la gestión de una cartera de proyectos desde el eje de inversión, la participación del sector privado en la mesa Pymes y la identificación y gestión oportuna frente a dificultades en el proceso de cada proyecto mediante el eje de desburocratización. A su vez, el inicio de cada una de obras generará empleos, que serán registrados y vinculados a personas cesantes mediante el eje empleo", detalló Kuhn.

Precisó además que el plan comprende una cartera de 961 iniciativas, $1.098 millones de inversión pública y la creación de 77.500 empleos.

Los 13 lineamientos de la Agop forman solo un primer piso, pues próximamente se espera conocer un nuevo informe con desafíos asociados a temáticas sociales. "Nuestra estrategia sigue siendo el diálogo, ya que estamos trabajando con el Gobierno Regional y participando activamente en diversos espacios para ser un contrapeso positivo", aseguró Carolina Parada, gerente general de Irade.

Los demás asuntos exhibidos tienen que ver con el centralismo, la protección de las actividades estratégicas de la Región, el progreso de las pymes, el cuidado de los recursos naturales, los intereses de la comunidad por sobre los políticos, el replanteamiento del Servicio de Evaluación Ambiental y la discusión constituyente.


RESGUARDO DE LA INDUSTRIA ACERERA Y DEL SECTOR PESQUERO

Los gremios aprovecharon también de hacer un llamado para proteger la industria local del acero. Comentaron que la posición del Gobierno central y regional y la falta de medidas de protección para hacer frente al acero chino que ingresa al país a precios subsidiados por su gobierno "genera un profundo daño". Por esta razón, solicitaron realizar "una revisión urgente del tema en la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercancías Importadas".

En esta línea pidieron también frenar todas las iniciativas parlamentarias que originan inestabilidad en el sector productivo pesquero, como el denominado "proyecto corto" -que busca terminar con la renovación de las licencias de pesca- y el proyecto que pretende prohibir la pesca de arrastre de la merluza común.

INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA Y PLANES REGULADORES COMUNALES

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Dentro de los 13 desafíos hay dos que tienen impactos directos en las ciudades: el aceleramiento de obras vitales de infraestructura competitiva y la relevancia de los planes reguladores de las comunas. A través del primero, los organismos productivos expusieron la ausencia de mejoras asociadas a la infraestructura pública, relacionadas, por ejemplo, a los puentes Industrial y Amdel, a la Ruta Pie de Monte o al soterramiento de la línea férrea en Concepción. Además, insistieron en la necesidad de habilitar de forma definitiva a Carriel Sur como una alternativa de transferencia de carga área.

Sobre los instrumentos de planificación, los gremios afirmaron que "la actual discusión sobre restricciones a la construcción en altura en Concepción es fruto de un diseño político y de plataforma electoral alejado de los intereses de la ciudad y sus vecinos". Añadieron que eso comprometerá el acceso igualitario a viviendas en el centro de la ciudad.

Iniciativa de Enap en bahía de San Vicente

Desarrollan plan para ingreso de buques de mayor carga a terminal marítimo

Actualmente, se están iniciando los estudios de ingeniería y medioambiente necesarios. La inversión del proyecto alcanza los US$ 11,7 millones.
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A mediados de 2013, Enap inauguró en la en la bahía de San Vicente, Talcahuano, uno de los terminales de mayor tecnología de Latinoamérica. Según dijeron desde la empresa, la inversión de US$ 140 millones y la puesta en marcha de dicho proyecto "permitió dar un salto en materia de seguridad en las operaciones de carga y descarga de combustibles".

En este contexto, y dada la relevancia estratégica del Terminal Marítimo San Vicente (TMSV) en el abastecimiento de la zona centro y sur del país, la compañía desarrolla hoy un plan para realizar un dragado que genere una profundidad adecuada y así poder recibir buques de mayor carga.

El TMSV opera actualmente con naves de calados cercanos a los 12 metros, lo que impide que ingresen con su máxima capacidad. Por lo anterior, Enap debe realizar alijes en la bahía de Concepción para que estos barcos disminuyan sus tonelajes antes de acceder al terminal.

Desde la firma explicaron que, si bien estas operaciones se efectúan bajo estrictos estándares de seguridad, suponen riesgos adicionales a descargar directamente en el muelle de San Vicente, escenario que se busca aminorar con esta nueva idea.

DETALLES

El objetivo trazado por la compañía es lograr una profundidad cercana a los 18 metros que posibilite reducir en más de 50% los alijes, a fin de disminuir considerablemente los riesgos involucrados en estas operaciones.

A la fecha, informaron, están partiendo los estudios de ingeniería y medioambiente requeridos para llevar adelante los trabajos. En total, la inversión estimada bordea los US$ 11,7 millones, mientras que el plazo de ejecución se prevé hasta 2024.

"Esta es una iniciativa clave en nuestro esfuerzo constante por fortalecer la excelencia y la eficiencia operacional en Enap. Sin duda, traerá enormes beneficios para el proceso de carga y descarga del terminal y, por cierto, para nuestra misión estratégica de entregar el combustible que el país necesita", aseguró Catherine Calvo, jefa del TMSV y directora de este proyecto.