Por Agencias

Fraudes, robos, cargamentos ilegales y listas VIP son las nuevas "variantes" de la pandemia que empañan la vacunación contra covid-19 en América que, además de redoblar esfuerzos contra la enfermedad, debe ahora luchar para frenar las irregularidades.

Como si fueran pocos los más de 50 millones de contagiados con coronavirus que tiene el continente, a la lentitud en el proceso de vacunación en la mayoría de los países en febrero, se sumaron las cada vez más frecuentes denuncias sobre dosis "desaparecidas" y políticos inmunizados.

BRASIL

El 26 de febrero de 2020 será una fecha para no olvidar en América Latina. Ese día, Brasil confirmó el primer caso de covid-19 en Sao Paulo y desde entonces la pandemia se instaló en la región.

Esta última semana de febrero el escándalo estalló en cuatro ciudades del país luego de que familiares de algunos ancianos informaran que los profesionales de la salud insertaron la aguja en el brazo de sus allegados pero no inyectaron el remedio.

Un video grabado en la ciudad de Petrópolis, en la región serrana de Río de Janeiro, en el que se observa a una anciana recibiendo una inyección con una jeringa vacía desató la indignación y obligó a que tanto la Secretaría de Salud como la policía investigaran.

En Niteroi, también en Río de Janeiro, la policía acusó de malversación de fondos, un delito que tiene penas de hasta 12 años de prisión, a una enfermera que, de "forma consciente", no aplicó la vacuna a una mujer de 90 años.

PERÚ Y ARGENTINA

La vacunación con privilegios a diversas figuras vinculadas al poder en Argentina es otra "perla" del collar de irregularidades en América.

El caso salió a la luz cuando el periodista Horacio Verbitsky, de 79 años y afín al Gobierno, reveló que se vacunó sin esperar su turno porque se lo pidió a su "viejo amigo" Ginés González García, entonces titular del Ministerio de Salud.

El hecho desembocó en la renuncia de González por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de caudales públicos. Finalmente se supo que 70 personas accedieron a esta "vacunación VIP".

En defensa de su Gobierno, Fernández calificó el escándalo de "payasada" ya que, a su juicio, "no hay ningún tipo penal en Argentina que diga que será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila".

Algo similar ocurrió en Perú, en donde el denominado "vacunagate" permitió que 487 personas recibieran vacunas que eran para el personal que llevaba adelante los ensayos clínicos en el país.

Si bien en el listado hay médicos y científicos, también se encuentran funcionarios de los dos últimos Gobiernos, incluido el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), familiares, consultores e "invitados". Sobre Vizcarra el Congreso anunció que planteará su inhabilitación política.

COLOMBIA

Por su parte, Colombia, que empezó hace una semana la vacunación, incautó el 13 de febrero en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, 70 dosis de cunas covid-19 que una mujer, que llegaba en un vuelo procedente de Emiratos Árabes Unidos, trató ingresar ilegalmente.

Otra anomalía tiene que ver con la pérdida de 15 dosis de vacunas en distintas partes de la nación cafetera, según denunció la Contraloría General del país, que ya definió "varias acciones para establecer lo sucedido" con los biológicos que "no se aplicaron y no aparecen".

EE.UU. Y CANADÁ AFRONTAN TURISMO DE VACUNAS

En América del Norte, específicamente en Florida (EE.UU.), los mayores de 65 años, que son prioritarios para la vacunación, enfrentan el "turismo de vacunas" de migrantes argentinos, mientras dos mujeres vestidas "como abuelas" lograron vacunarse con la primera dosis y fueron descubiertas en la segunda. En paralelo, el consejero delegado de inversiones del mayor fondo público de pensiones de Canadá dimitió luego de que se supiera que viajó en secreto a Dubái para vacunarse.

La Policía de Myanmar (Birmania) reprimió con violencia y usó granadas aturdidoras contra los manifestantes pacíficos en Rangún y otras ciudades que reclamaban contra la junta militar que tomó el poder el 1 de febrero.

Los policías golpearon con brutalidad a numerosas personas desarmadas y arrestaron a un número indeterminado. También usaron gas lacrimógeno, así como balas de goma y granadas aturdidoras con el objetivo de dispersar a la muchedumbre en Rangún, antigua capital birmana y ciudad más poblada.

La arremetida de las autoridades golpistas contra el movimiento de desobediencia civil que desde hace semanas protesta contra el gobierno militar, encabezado por el general Min Aung Hlaing, sigue al aumento de tensión y violencia policial registrada en los últimos días, que incluye el uso de munición real por parte de los uniformados.

La policía utiliza técnicas de intimidación como apuntar a poca distancia con una escopeta a voluntarios de los servicios sanitarios de emergencia.

Al menos ocho personas han muerto a raíz de la violencia desatada tras el golpe, tres de ellas por disparos policiales, según los datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Myanmar que además indica 771 personas han sido detenidas. Entre ellos, la depuesta líder del gobierno, Aung San Suu Kyi

El movimiento de disidencia civil, reclama que el Ejército devuelva el poder y que se reconozca a los líderes electos durante las elecciones de noviembre, cuyos resultados fueron anulados el viernes por la Comisión Electoral nombrada por la junta militar.

El ministerio de Información, ahora en manos de los militares, amenazó la víspera con penas de cárcel de hasta siete años a los piquetes que llaman a mantener una huelga general, protagonizada por muchos médicos que han paralizado la administración golpista, y a los que la junta acusa de amenazar a trabajadores e incitar a los disturbios.

771 personas han sido detenidas por la junta militar, tras el golpe de Estado del 1 de febrero.

7 años de cárcel para quienes llamen a mantener una huelga general, amenazaron los militares.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador redujo a sólo 31 las actas para el proceso de recuento de votos que había solicitado el candidato presidencial indígena Yaku Pérez, quien sospecha un supuesto "fraude electoral" en su contra y reclama su paso al balotaje del 11 de abril.

El pleno del CNE resolvió acoger "parcialmente" el pedido del movimiento indígena Pachakutik, que en principio exigía el recuento de la totalidad de votos en la provincia costera de Guayas y de la mitad en otras 16 jurisdicciones.

Con el voto de cuatro de los cinco consejeros que forman el pleno del CNE, el órgano electoral ordenó realizar de forma inmediata el recuento en las provincias correspondientes a las 31 actas con inconsistencias.

Con ello, el candidato presidencial indígena quedaría fuera de la contienda electoral para la segunda ronda de votaciones, que se efectuará el próximo 11 de abril entre el progresista Andrés Arauz y el conservador Guillermo Lasso.

Pérez mantiene una muy estrecha desventaja de votos con Lasso por el segundo lugar y ambos habían acordado ir en principio a un recuento masivo en 17 provincias del país.

El acuerdo se derrumbó un día después, cuando el político centroderechista aseguró que Pérez no había podido demostrar las inconsistencias y que el recuento que exigía podía caer en el plano de la ilegalidad.

El CNE explicó que de las 27.767 actas con supuestas inconsistencias presentadas por Pachakutik, la mayoría no se adecuaba a las causas para el recuento establecidas en el Código de la Democracia.

Detalló que sólo hay "10 actas con inconsistencias numéricas" y "21 con falta de firmas" que serán revisadas, según el órgano electoral.

Antes y después de la decisión del CNE hubo protestas indígenas afuera de su sede en Quito. Mientras que varias organizaciones indígenas anunciaron que convocarán a paro nacional y estudiarán solicitar la anulación de las elecciones que dejaron fuera a su candidato Pérez.

La segunda ronda de votaciones se efectuará el próximo 11 de abril y sería entre el progresista Andrés Arauz y el conservador Guillermo Lasso.