El emblemático proyecto de reconstrucción sin terminar
El condominio social de 58 edificios y 1.032 departamentos fue entregado en 2013. El Serviu ha invertido $1.040 millones de pesos en reparaciones y aún faltan trabajos. Los vecinos están divididos entre los que quieren las mejoras y los que quieren un subsidio para irse a otro lugar.
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Marianela Santander vivía con sus hijos en una toma en Talcahuano. El terreno donde estaba instalada se resquebrajó entero para el terremoto del 27 de febrero de 2010. Sí o sí necesitaba otro lugar donde vivir. Se le ofreció un departamento en el conjunto habitacional Mirador del Pacífico, un condominio social de 58 edificios que se iba a emplazar en un terreno del cerro Centinela en la comuna puerto. Aceptó. Llegó con sus cuatro hijos en mayo de 2013 al departamento que se le asignó en el Lote 8, ubicado en la parte más baja del cerro. Esto ocurrió un par de días antes que se inaugurara oficialmente el proyecto de reconstrucción, uno de los más grandes de la zona y el país. Casi dos semanas después del corte de cinta llovió y su departamento se inundó. Ahí se dio cuenta de que había problemas de aislación y que los marcos de las ventanas estaban descuadrados, entre otros.
Esos problemas persisten hasta el día de hoy. Y Marianela no es la única que los tiene.
A casi ocho años de esta entrega y pese a las mejoras que se han realizado, las deficiencias no han sido subsanadas del todo y las familias siguen esperando sus títulos de dominio, pues aún no se ha otorgado la recepción municipal que permita avanzar en la legalización de las propiedades.
Desde el Servicio de Vivienda y Urbanización, Serviu, reconocen que hubo cosas que se hicieron mal. Samuel Domínguez, director regional del organismo, cuenta que a la fecha se han invertido 976 mil 473 UF al proyecto, es decir, sobre 28 mil 463 millones de pesos. De ese monto, 18 mil 333 millones de pesos (628.945 UF) fueron utilizado en la construcción de las viviendas y el resto en reparar las estructuras y subsidios de relocalización para los moradores del Lote 7, que hay que demoler.
Domínguez espera que este año se terminen las obras de urbanización que permitan obtener la recepción municipal.
Los vecinos están divididos. Mientras un grupo quiere tener, de una vez por todas, su vivienda en condiciones, otro grupo sólo quiere irse y así dejar atrás los años de malos ratos.
"Hay muchos vecinos que estamos bien, pero hay otros que están muy descontentos, que en el invierno tienen que mandar a sus hijos a las casas de sus familias porque sus viviendas se humedecen y no son habitables", plantea Flor Bravo, presidenta del comité de vivienda damnificados Nuevo Hogar, lotes del 1 al 5.
Problemas y arreglos
El 15 de mayo de 2013 el presidente Sebastián Piñera (primer periodo) cortó la cinta del conjunto habitacional Mirador del Pacífico. Eran 1.032 departamentos que acogerían a un 80% de familias damnificadas en el terremoto y tsunami de febrero de 2010. Las familias estaban felices y prueba de ello fueron los globos que se lanzaron al terminar la ceremonia.
Doce días después llovió. El agua caída ese día llenó todo de barro e incluso se metió al primer piso de los edificios. En algunos departamentos hubo filtraciones. La escena se repitió y se repitió y se repitió, pues el proyecto tenía una serie de problemas. En las paredes proliferaron los hongos, algunos residentes tuvieron que cambiar sus muebles, otros se enfermaron por la humedad. También había edificios con las ventanas descuadradas.
Las falencias más complejas tenían vinculación con el terreno e incluso, con un falso estudio de mecánica de suelo que presentó Noval, la empresa que se adjudicó las obras y que llevó a decretar el Lote 7 como inhabitable.
Conscientes de las fallas, el Serviu lideró las gestiones para que se hicieran los arreglos requeridos. En vez de multar a la constructora, el servicio llegó a un acuerdo para que ella asumiera los costos de las reparaciones y la demolición del Lote 7. El convenio se firmó por 35.693 UF, equivalente a poco más de $1.040 millones.
"Mi departamento, gracias a Dios, no tiene problemas. Me llega el sol, no tengo hongos, pero los otros vecinos sí. En mis lotes, del 1 al 5, trabajó la empresa Socobras, se dedicó a hacer bien los trabajos, ha respondido bien. Estamos pendientes con el proyecto de sala de bombas para suministro de agua. Hay algunas ventanas con los marcos descuadrados y para ello hay que ingresar otro proyecto. Lo más preocupante es que hay muchas familias que sus departamentos están en muy malas condiciones y aunque se arreglaron por dentro y por fuera, la humedad sigue latente", describe Flor Bravo, quien vive con su hijo en el Lote 3.
Marianela Santander no tuvo la misma suerte. La secretaria del comité de damnificados Por un Futuro Mejor llegó al Lote 8, uno de los que presenta más problemas porque está contiguo al que será demolido. "El departamento se filtra por las ventanas. Desde que llegamos ha sido tema. Igual salimos afectados estructuralmente con el block A y E, que tenían mala compactación. Y teníamos hongos hasta por si acaso. En estos siete años siempre hemos tenido maestros dentro de los departamentos. Que el tema eléctrico, las filtraciones...", describe.
Han sido tantos los problemas que han tenido que comenzó a estudiar técnico en construcción, para entender lo que se ha hecho en los departamentos, ver qué falta y poder discutir con argumentos con las autoridades. Como tiene esos conocimientos sabe que las intervenciones han consistido en aplicar martelina (revestimiento), cambiar las molduras, los guardapolvos y la campana, además de mejorar la ventilación y aislación. "Estéticamente se ven más bonitos los departamentos, pero otros igual tienen humedad, así que no les cambió nada", complementa Santander.
Este año se llevarán a cabo obras de paisajismo que estaban pendientes. Consideran la construcción de una multicancha y de mejoramiento de las áreas verdes.
El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, señala sobre esto que "hoy falta la recepción municipal y no la vamos a entregar mientras no se terminen los trabajos contemplados, particularmente los que dicen relación con el urbanismo, donde hay áreas verdes que no se han ejecutado. Hemos tenido una conversación con el Serviu y queremos que terminen luego estos trabajos".
El lote 7
Una vez que se detectó que el estudio de mecánica de suelo del proyecto fue falsificado, en 2016, se encargó un nuevo estudio. El análisis mostró que el Lote 7, compuesto por 16 edificios, tenía que ser demolido, pues el terreno no era apto para la construcción que allí se emplazó.
La solución para las 64 familias residentes fue una sola: entregarles subsidios de relocalización para que pudieran adquirir una vivienda en otro lugar. Para ello se desembolsaron 9 mil millones de pesos. Una vez desocupado, el edificio iba a ser demolido.
Flor Bravo, presidenta del comité de vivienda damnificados Nuevo Hogar, cuenta que como la salida fue paulatina, a medida que se iban desocupando esas unidades se corrió la voz y empezó a llegar gente de otros lados que los ocupó ilegalmente.
"Nos perjudicó porque el Serviu dejó esos departamentos vacíos y tenemos a 64 familias que se los tomaron y son los que en la noche andan disparando. La gente que se tomó los departamentos no es de buen vivir. Venden drogas. Llevamos cuatro años con esas familias", menciona.
El director del Serviu está al tanto de ese problema y explica que en febrero de 2020 se trabajó con la Gobernación para desalojar a los ocupantes, pero con la pandemia esto quedó en pausa. "Estamos esperando que pase el estado de excepción para proceder con la restitución administrativa y disponer pronto la demolición correspondiente de esas torres", comenta.
Explicaciones
A inicios de septiembre del año pasado el administrador público Samuel Domínguez asumió como director regional del Serviu. Desde esa fecha hasta entonces ha tenido varias reuniones con los dirigentes de Mirador del Pacífico para ver los pasos a seguir. "El trabajo que ha desarrollado el Serviu con las familias del sector siempre ha persistido y siempre han existido mesas y reuniones con los distintos representantes de los lotes. Desde octubre hemos tenido un trabajo sistemático para llegar a la solución con las familias", comenta.
Domínguez sabe que hubo falencias en la ejecución del proyecto. Expone que esto se dio por el contexto en el que se encontraba el país. "Por el terremoto de 2010 había mucho que reconstruir, muchos recursos invertidos y para lograr ese objetivo hubo una liberación de ciertos controles que tenemos como ministerio para entregar las soluciones habitacionales lo más pronto posible. Teníamos a familias viviendo en viviendas transitorias que no eran del estándar que tenían y teníamos que responder como gobierno rápidamente. En ese contexto se autorizó la construcción rápidamente de obras", dice.
Sobre las fallas del Servicio indica que "en las mecánicas de suelo no fuimos muy rigurosos como servicio en ir revisando y validando, entendiendo la cantidad enorme de viviendas que se empezaron a construir, y el Serviu tenía la misma demanda de las familias de irse a vivir sin tener la recepción municipal. En base a eso se liberaron a nivel nacional ciertas condicionantes, como las recepciones municipales. Eso hoy no acontece, las viviendas se entregan contra escritura".
Al igual que los vecinos, Domínguez espera que se terminen los arreglos, los edificios queden habitables y con las escrituras se pueda poner punto final a un conflicto que partió en mayo de 2013.