Por Nicolás Álvarez Arrau

Siete trabajadores de PacificBlu se reunieron ayer con el intendente Patricio Kuhn y el seremi de Economía Mauricio Gutiérrez, un día antes de que la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados vote en general -y en su primer trámite constitucional- el proyecto de ley que busca prohibir la pesca de arrastre respecto de la merluza común. El objetivo de la cita fue exponer la preocupación del sector pesquero industrial sobre los posibles efectos en materia de empleabilidad. En la instancia también estuvieron presentes de manera telemática la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y los diputados Gastón Saavedra (PS) y Leonidas Romero (RN).

Esta acción se desarrolló un par de horas después de que los mismos trabajadores realizaran una "velatón" en el frontis de la empresa, en Talcahuano. A juicio de ellos, de concretarse esta medida alrededor de 800 puestos de trabajo se verían comprometidos.

"Ya tuvimos una dura experiencia con lo ocurrido con la Ley de la Jibia, en donde 370 compañeros fueron desvinculados y ahora con la Ley de la Merluza simplemente la planta cerraría sus puertas y más de 800 personas quedaríamos en la calle", comentó tras la reunión el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Planta de Proceso de PacificBlu, Jaime Foreman.

Este planteamiento fue recogido por la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Macarena Cepeda. Según la ejecutiva, "el Congreso está tramitando una nueva Ley de la Jibia que nos saca de la captura de la merluza para intentar salvar el recurso, cuando el problema de fondo y real es la pesca ilegal sin control que realiza un grupo importante de pescadores que operan principalmente en la Región del Maule".

El seremi de Economía enfatizó que la eliminación de un arte de pesca es competencia exclusiva de la Subsecretaría y no de una ley, y que además de la afectación mencionada se perderían cerca de tres mil plazas de forma indirecta.

Gutiérrez agregó que de parte del intendente el compromiso será enviar un oficio a los subsecretarios Román Zelaya (Pesca y Acuicultura) y Fernando Arab (Trabajo) para "hacer ver lo complejo que sería para Biobío la aprobación de esta moción".

PROYECTO "SUSTENTABLE"

A diferencia del sector industrial, desde la Federación de Pescadores Artesanales (Ferepa) de la Región del Biobío se defendió la idea de que la medida pueda avanzar en su trámite, especialmente porque robustecería la sustentabilidad de la merluza común.

"Creemos que no terminar con el arrastre industrial es un gran error, ya que provoca un daño profundo y grave dentro del sistema marino. Nuestra opción no es que se prohíba para la merluza, sino que se prohíba para todas las pesquerías que utilicen el arte de arrastre", reconoció el presidente del directorio de Ferepa, Hugo Arancibia.

Respecto al eventual efecto económico denunciado, Arancibia explicó que este no debiese ser tal si se da el tiempo suficiente para que la industria se pueda reconvertir dentro de un plazo no mayor a dos años. "El impacto económico se va a reducir mientras usemos buenas artes que permitan la sustentabilidad, porque no se trata de ganar plata hoy y no mañana", subrayó.

PARLAMENTARIOS

Los diputados Jaime Tohá (PS) y Leonidas Romero son los únicos miembros locales que participan en la Comisión de Pesca. Consultados sobre la votación programada para esta tarde, ambos adelantan que tomarán opciones diferentes.

Tohá reconoció que no existe ningún país del mundo que haya eliminado totalmente la pesca de arrastre. "En lo personal, estoy por la tesis de que se congelen las huellas, es decir, los lugares en que se ha hecho tradicionalmente la pesca y prohibirla en el resto de la superficie marina (…) Así quedarían reducidos a menos de un 1% los lugares en donde se podría hacer la pesca de arrastre de merluza", explicó.

Por lo mismo, dijo que en esta jornada votará a favor para que la discusión continúe y así poder presentar una indicación que vaya en esta línea.

Su par de RN, en tanto, sostuvo que lo vital es que la iniciativa "no vea la luz". "Todo apunta a que sería un grave error y nefasto para la pesca de la merluza común (que se apruebe la medida). Por lo tanto, yo votaré en contra y espero que eso ocurra hoy, de lo contrario, tendrá que pasar en la Sala de manera mayoritaria (...) Si eso no sucede, la pesca industrial y artesanal del Biobío se verán fuertemente perjudicadas", aventuró.

Ambos legisladores rechazaron en agosto de 2019 la propuesta que buscaba prorrogar la entrada en vigencia de la Ley de la Jibia, normativa que causó serios efectos económicos, según el gremio industrial.

Se espera que a las 15 horas de hoy la Comisión de Pesca de la Cámara vote la idea de legislar el proyecto.

Un total de $32.552 millones asignó en 2020 la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) de la Región del Biobío. Por medio de estos recursos se lograron ejecutar 548 proyectos destinados al desarrollo de las comunas, al fortalecimiento y promoción de la identidad de los barrios y a la mejora de la calidad de vida de los vecinos. Dentro de las iniciativas destaca la generación de infraestructura deportiva, sanitaria, de alumbrado público y mejoramiento urbano.

Los planes beneficiaron a las 33 municipalidades de la Región. En total, fueron cinco los programas que consideró la Subdere: Mejoramiento Urbano, Mejoramiento de Barrios, Mascota Protegida, Revive Barrios y el Fondo de Recuperación de Ciudades. A ellos se sumó el programa de Mejoramiento Urbano para la Cuenca del Carbón.

"Pese al complejo año que tuvimos, podemos hacer un balance positivo. A pesar de las circunstancias adversas, la Subdere mantuvo el apoyo a los municipios a través de los distintos programas de inversión que ejecuta regularmente, sumando fondos especiales para enfrentar la emergencia", planteó la jefa regional de la Subdere, María Bélgica Tripailaf.

La autoridad agregó que la labor realizada en 2020 les permitió "atender las necesidades sociales de las comunas tras la llegada de la pandemia. Durante 2021 seguiremos trabajando con más fuerza, esperando que nuestro trabajo y el de los municipios y gobiernos regionales aporten activamente a la recuperación económica del país".

EMERGENCIA

El balance de la Subdere también consideró la transferencia de recursos bajo el concepto de fondos solidarios efectuadas por el Gobierno. Con el objeto de apoyar a los municipios a raíz de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19, se otorgaron a nivel nacional más de $177 mil millones, los que sirvieron para la compra de alimentos, medicamentos, insumos médicos y otras ayudas para los vecinos. A nivel regional, estos dineros alcanzaron los $16.331 millones.

En esta línea, la Subdere destacó además el programa Mascota Protegida. Este plan se desarrolló por tercer año consecutivo y lanzó fondos concursables dirigidos a organizaciones sin fines de lucro promotoras de la tenencia responsable. En Biobío se transfirieron más de $388 millones a cuatro fundaciones y a las gobernaciones de Concepción y Arauco, a fin de que pudiesen ejecutar iniciativas relacionadas a la esterilización, rescate animal, adiestramiento, asesorías jurídicas, educación y cultura en tenencia responsable, entre otros.

Como un duro golpe para las mipymes forestales y los agricultores de la macrozona sur calificaron desde la Multigremial Nacional el rechazo en la Cámara de Diputados al proyecto de robo de madera.

La "insistencia" del Ejecutivo -mecanismo constitucional que tiene como finalidad buscar la reintegración del trámite legislativo de una iniciativa descartada en general en la cámara de origen, buscaba tipificar este delito y entregar facultades a las policías para realizar medidas intrusivas en la investigación de estos ilícitos. Se necesitaban 97 votos para continuar su tramitación, pero solo se obtuvieron 75 a favor.

Según la Multigremial, la propuesta constituía un avance sustantivo para aquellos emprendedores del Maule, Biobío y La Araucanía que han sido víctimas de estos robos.

El presidente del gremio, Juan Pablo Swett, aseguró que con este tipo de acciones se sigue validando la violencia en la macrozona sur. "El Congreso quiere disfrazar el robo de madera y narcotráfico de conflicto mapuche", cuestionó.

Swett agregó que con esta decisión son "cientos de familias y trabajadores que siguen desprotegidos y atemorizados por estos actos violentistas", por lo que "resulta inentendible que en el Congreso no quieran frenar a estas bandas de crimen organizado".

El dirigente recalcó que este delito afecta mayoritariamente al bosque nativo, con montos que superan los 80 millones de dólares al año y que impacta directamente a mil pequeños productores.

En la discusión de esta iniciativa algunos legisladores remarcaron la importancia de proteger adecuadamente a la industria forestal con las herramientas propuestas en esta ley, especialmente a la luz de los frecuentes robos y atentados que ocurren hacia el sur del país.

Otros, en tanto, refutaron la finalidad del proyecto, entendiendo que nuestra legislación ya presenta herramientas para combatir los crímenes que se puedan presentar y estimando que es una forma de disfrazar la ineficacia para establecer paz social en la zona sur de Chile.