Necesidad de recuperar la confianza
El desplome de la confianza en las instituciones que reflejan distintas encuestas que se han realizado en los últimos años, habla de una tendencia y de una crítica social sistémica, que no sólo está vinculada a los partidos políticos -que generalmente es donde se concentra la caída de la imagen-, sino que en el conjunto de instituciones, por distintos factores.
Los casos más notorios y mediáticos fueron las colusiones de precios de los pollos, los papeles higiénicos y de los medicamentos, cuyas repercusiones siguen conociéndose, ya que hace unos días se ha anunciado que dos cadenas pagarán compensaciones a algunos de sus clientes. También los escándalos financieros en Carabineros, donde aparecieron involucrados alrededor de un centenar de funcionarios y civiles, y prosiguen las indagaciones por presuntos delitos económicos de un ex comandante en jefe del Ejército. Se revelaron hace unos años las denuncias contra sacerdotes de la Iglesia Católica por abusos sexuales y por el mal manejo de investigaciones realizadas por la jerarquía eclesiástica, o el uso fraudulento de beneficios para exonerados políticos, mediante certificados entregados por parlamentarios, falseando esa condición. O el mal uso que algunos parlamentarios han hecho de sus cargos, o los pagos indebidos que recibieron en campañas electorales. La lista de casos podría ser muy larga.
Es cierto que la clase política se ubica entre las más mal evaluadas por la ciudadanía, lo que mucho tiene que ver con el desapego ante las demandas de la gente y su baja capacidad para entender el mundo y ofrecer alternativas. Hace unos años, los casos Penta y Caval provocaron un daño generalizado e incalculable al golpear a referentes o personeros políticos de amplio espectro. No es de extrañar entonces que los niveles de credibilidad del mundo político y la confianza en otras instituciones estén en niveles mínimos. Tampoco se trata de caer en las caricaturas y simplificaciones del tipo "los políticos son corruptos", o "los empresarios no tienen ética". Las generalizaciones son siempre nocivas y habitualmente erradas.
La clase política, en su gran mayoría, es de buen nivel, proba, con un interés en lo público, por tanto, situaciones precisas, por cierto censurables, no pueden generalizarse. Pero es grave, porque los niveles de respaldo de nuestras autoridades y líderes son magros y reveladores de una molestia profunda y enquistada en una sociedad cada vez más compleja. Situaciones delicadas como el vínculo entre el poder y el dinero, o los beneficios que algunos tienen para obtener utilidades sólo ahondan la presión sobre una clase dirigente que parece no entender la profunda desafección que manifiesta la ciudadanía. Al tiempo, no nos podemos quedar lamentando ante tales resultados, aunque existan razones para ello. Se requieren acciones para salir adelante y debe decirse que los gremios empresariales, entidades armadas y religiosas, entre otras, han dado a entender que las malas prácticas no son la mayoría y que los errores o delitos que se cometan serán sancionados.
Tras el plebiscito del 25 de octubre, el desafío es resolver temas pendientes que generan malestar ciudadano y que en el último tiempo se han traducido en protestas callejeras. Las instituciones en general deben estar atentas con el fin de proyectar una imagen positiva a la ciudadanía, que se encuentra especialmente sensible a diversos temas que explican su creciente malestar, porque existe la percepción de que los sucesivos escándalos no han terminado necesariamente con sanciones ejemplares. Es importante leer bien estos fenómenos y entenderlos para proponer las soluciones adecuadas.
Para construir el futuro debe tenerse muy presente que la legitimidad es clave. La autoridad está vestida de honorabilidad, pero no basta decirlo, sino que debe ser real. Cuando eso no sucede, la legitimidad retrocede, el terreno cambia y pasa a ser material fecundo para los populismos, el deterioro del debate y de la democracia.
El desafío es resolver temas pendientes que generan malestar ciudadano y que se han traducido en protestas y manifestaciones callejeras. Las instituciones deben estar atentas con el fin de proyectar una imagen positiva a la ciudadanía, que se encuentra especialmente sensible a diversos temas.