Por Redacción

El ministro de Salud, Enrique Paris, atribuyó a la empresa Entel la demora en la entrega de los correos electrónicos solicitados por la Fiscalía en el marco de la investigación penal que esta realiza con motivo de querellas presentadas contra autoridades y exautoridades, incluido Jaime Mañalich, por la supuesta responsabilidad indirecta de estas en la muerte de personas con coronavirus y por la posible comisión de delitos en la gestión de la pandemia.

Hace ya más de una semana, la Corte Suprema rechazó la prórroga de 42 días que había pedido Paris en atención a que los mensajes son casi 50 mil y al trabajo que, según ha esgrimido, implica su revisión. Se ratificó así los 3 días hábiles, plazo que ya se cumplió.

"Nosotros hemos dicho que vamos a cumplir a cabalidad lo que dictamine y dictaminó ya la Justicia, en tres días hábiles vamos a entregar los correos que van a ser seleccionados, pero Entel no nos entrega todavía los correos a nosotros", explicó Paris en el balance de la pandemia de covid-19.

Por eso -indicó-, "al inicio de esta tramitación legal, el fiscal o el juez fue a retirar los correos al Ministerio de Salud; tuvimos que redactar un documento, diciendo que los correos no están en el Minsal, porque es Entel, la empresa con la cual tenemos convenio, la que archiva ese tipo de documentos y los tienen ellos en sus servidores. Por lo tanto, Entel va a entregar los archivos al Ministerio de Salud y el Minsal en tres días va a entregar los correos, y eso lo vamos a cumplir ciento por ciento, nosotros no tenemos nada que ocultar. No nos hemos negado y no nos vamos a negar. Ya lo he dicho bastantes veces, pero si hay que clarificar las comunicaciones, lo hacemos, y lo vuelvo a decir, los vamos a entregar".

VACUNAS

En el balance, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, abordó la encuesta de la Universidad del Desarrollo que indicó que el 20,2% de las personas del país no se aplicaría la vacuna contra el coronavirus cuando esta se halle disponible, el 19,5% no tiene clara su decisión y el 21,6% accedería sólo si es necesario.

"Los resultados preocupan, porque traducen que hay un porcentaje muy alto de la población que tiene una baja percepción del riesgo que significa esta enfermedad", dijo Dougnac. Sobre si habrá alguna campaña para incentivar la vacunación, afirmó: "Parte del trabajo que tenemos que hacer en los meses que quedan es informar adecuadamente a la población de las ventajas que tiene la vacunación para prevenir las consecuencias que puede tener el no implementar estas medidas, y disipar los temores que evidentemente algunas personas pueden tener".

La presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa, criticó al Gobierno por no tomar medidas para prevenir los accidentes fatales que han tenido como víctimas a ciclistas en la vía pública.

Entre enero y septiembre, fallecieron 85 pedaleros en el país por accidentes de tránsito, y recién el pasado jueves, una estudiante y trabajadora de 24 años que conducía su bicicleta por Providencia murió producto de un incidente que involucró a un bus del Transantiago. Al día siguiente, el Ministerio de Transportes anunció un plan de acción para enfrentar la situación, el cual incluye habilitar 30 ciclovías, crear un plan de educación vial dirigido a 28 mil estudiantes y sus comunidades educativas, y fortalecer la fiscalización de la velocidad de los vehículos.

"Esperábamos que con la Ley de Convivencia Vial -si se hubiera aplicado correctamente-, hubiéramos tenido menos cantidad de fallecidos en las carreteras y en las vías urbanas, pero el problema es que eso no ha sucedido producto, primero, de que no tenemos fiscalizaciones eficientes y eficaces, y segundo, porque no se ha avanzado en la construcción de las ciclovías necesarias para resguardar la seguridad de los ciclistas", afirmó Figueroa, según recogió radio Cooperativa.

"La autoridad -prosiguió- sabe que hay falencias, pero nuevamente llegan tarde. Las falencias se dijeron ayer (viernes), cuando se lanzó un nuevo plan en el cual se prometían 30 ciclovías, aumento en la fiscalización, pero eso llega cuando hay movilización en curso".

Comentó que la pandemia de covid-19 cambió los hábitos. "Eso tendría que haber puesto la alerta desde marzo en hacer más ciclovías, porque la gente se está trasladando más en bicicleta; además, tendríamos que tener más controles y más campañas educativas para los automovilistas. Finalmente, es letra muerta el respeto por los 50 kilómetros por hora en zona urbana", sostuvo Figueroa.

Con la finalidad de aportar en el Proceso Constituyente que se avecina, la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián impartirá un Diplomado en Derecho Constitucional y Educación Ciudadana, que cuenta con destacados académicos.

El programa, en modalidad virtual y sincrónico, considera 27 sesiones y cuatro meses de extensión.

Francisco Flores, vicerrector de la Sede Concepción de la Universidad San Sebastián, sostiene que este diplomado va en la línea del interés institucional de involucrarse en los grandes desafíos del país y aportar, desde la academia, al buen desarrollo de los procesos.

"Para nosotros es muy relevante contribuir en la formación de todos quienes quieran participar en este proceso considerando la trascendencia que tiene para el futuro del país. Es fundamental que tanto quienes deseen sumarse a la convención como los profesores que ejercen influencia en niños y jóvenes tengan conocimientos sobre Derecho Constitucional, cómo funciona el Estado, sobre la historia constitucional de nuestro país, entre otros temas relacionados", plantea Francisco Flores.

En ese sentido, el director del programa, Arturo Squella, dice que "en la Escuela de Gobierno de la Facultad de Derecho y Gobierno nos dimos cuenta de que existe una brecha importante de conocimiento de la ciudadanía sobre las constituciones y el Derecho Constitucional y del funcionamiento de las instituciones".

Por ese motivo, señala que su foco principal está en quienes ejercen la docencia, "porque desde este año es obligatorio en la educación escolar incluir en los programas y los currículums de formación el tema de la Participación Ciudadana, que antes se denominaba Educación Cívica".

En ese contexto, Squella, también director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la USS, asegura que es una gran herramienta para los profesores de educación básica y media que pueden estar interesados en reforzar esos conocimientos para incorporarlos a los programas de estudios de sus alumnos, para quienes aspiran a formar parte de la Convención Constituyente, para docentes universitarios y periodistas, y para estudiantes de Derecho".

El diplomado es una excelente herramienta de cara al Proceso Constituyente que se avecina.

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"El saber cuál es la estructura de la sociedad, cómo funciona el Estado, cuál es su fin y sus deberes, además del rol de los grupos intermedios, los derechos de las personas y el conocer el alcance de los principios de supremacía constitucional y servicialidad, es algo que de alguna manera creemos que es de interés de todos y no solo de quienes están en carreras como Derecho y Administración Pública", sostiene Arturo Squella.

El plan de estudios está dividido en cuatro grandes bloques: Introducción a la Teoría de la Constitución (8 sesiones); Estado y Gobierno (4 sesiones); las Constituciones en la Historia de Chile (4 sesiones) y Elementos Configurativos de las Principales Instituciones del Sistema Constitucional Chileno (11 sesiones).

El cuerpo académico está integrado por destacados profesionales y actores del mundo público. Así, además de su director, Arturo Squella, ex diputado de la República, imparten docencia el ex ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick; el ex ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, Claudio Orrego; el presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel; el ministro del Tribunal Constitucional, Rodrigo Pica; los doctores en Derecho y académicos de la USS, Tatiana Celume, Max Silva y Jaime Abedrapo; el director del Instituto de Historia de la USS, Dr. Alejandro San Francisco, y el abogado Master of Laws, Jorge Barrera.