"Mi impresión es que cada Gobierno espera que pase su periodo para que el tema lo vea el siguiente"
El presidente de la Agrupación Arauco 7, que reúne a todos los alcaldes de la provincia, profundiza en el conflicto en el cono sur de la Región y apunta a las tareas pendientes de la institucionalidad pública. "No ha estado a la altura que las circunstancias demandan", afirma y plantea que en la zona se registran acciones "de carácter terrorista".
Mauricio Alarcón Guzmán ha sido alcalde de Arauco por tres periodos consecutivos -de 2008 a 2020- y, previamente, entre 2000 y 2004, pero hoy vive sus últimos meses en el cargo, luego de que en julio se promulgara la ley que limita la repostulación indefinida de autoridades, entre ellos los jefes comunales. Algo que no comparte, especialmente porque fue una de las 12 más altas mayorías del país en la votación de 2016 (72,05%), pero que a este independiente -elegido siempre con el apoyo de listas de la coalición de centroderecha- lo alejará también de la presidencia de Arauco 7, la agrupación de alcaldes de la provincia que se ha convertido en un importante referente local en materia de diálogo con los gobiernos de turno.
En medio del recrudecimiento de la violencia que se vive en el cono sur de la Región, especialmente en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa, Alarcón profundizó en las causas del conflicto, la relación con los gobiernos de turno y la importancia de avanzar en soluciones efectivas para un complejo clima que ya se extiende por varias décadas.
-¿Cómo se observa desde la propia provincia -y en la visión de los alcaldes- el aumento de la intensidad de la violencia en el territorio del sur de Biobío?
-Los hechos de violencia que se viven en esta provincia -de aproximadamente 170 mil habitantes y con una inmensa mayoría de la población que es gente de mucho trabajo y esfuerzo- generan una preocupación fundada. Son temas que han ido creciendo en el tiempo, no son de hoy día, pero desde nuestro punto de vista no ha habido una mirada con la atención suficiente y oportuna por parte de las autoridades y, en particular, del nivel central. Es un tema que trasciende a los gobiernos y, más que voluntad, lo que uno quiere a esta altura son acciones que aseguren condiciones basales para vivir en democracia, respetar los derechos de los ciudadanos, tener un ambiente tranquilo, de seguridad. No tener que estar con la preocupación de que te puede pasar cualquier cosa. Hemos tenido situaciones tan graves como la pérdida de vidas humanas, que nadie puede relativizar o justificar en modo o condición alguna. Y, por otro lado, la afectación a bienes, cuando en la práctica la gente no puede vivir ni dormir tranquila, no puede desplazarse con seguridad. Por eso, indudablemente, sentimos que el Estado de derecho está siendo clara y objetivamente afectado y por eso sentimos que la institucionalidad de este país, en particular el funcionamiento de los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no han estado a la altura que las circunstancias demandan.
-¿Cómo define el sentimiento que genera en la comunidad provincial la situación que usted describe?
-Creo que la gente ha tenido mucha paciencia. El año 2010, producto de la afectación que tuvimos debido al terremoto y maremoto en algunas de nuestras localidades, señalábamos que teníamos la sensación de que no pertenecíamos a un Estado unitario, porque parecía que el Estado de Chile terminaba en el río Biobío. Y esa sensación es la que de alguna forma hoy seguimos teniendo. Hay mucho malestar de parte de la ciudadanía, lo que no tiene que ver con ideologías o posiciones políticas, sino con el bien común y el respeto a la vida de las personas. La integridad, tranquilidad y paz son temas que día a día se están afectando y no vemos acciones claras que vayan en el sentido de poder restablecer la paz y la tranquilidad en el territorio de la Provincia de Arauco y, en particular, lo que ocurre en Cañete, Tirúa y Contulmo, que conforman el cono sur de este territorio. Y cuando algunos relativizan los hechos o tratan de justificarlos, pienso que sería bueno que no vengan "una vez a las quinientas", como se dice, sino que pudieran vivir acá, entender y sensibilizarse respecto de lo que le toca vivir a muchas personas. No puede ser que se imponga la ley del más fuerte, de la violencia y del terror. La institucionalidad está al debe con todos los habitantes de la provincia de Arauco.
Vías de solución
-En el debate público suelen primar dos visiones en torno a cómo hacer frente a la violencia en Arauco. Una vinculada a lo que usted describe, la necesidad de restablecer el Estado de derecho en la provincia y otra, en torno a encauzar un diálogo a nivel político con las comunidades mapuches en conflicto. ¿Cuál de esos caminos lo representa más?
-Este es un tema que hemos conversado de forma reiterada con los alcaldes, con la franqueza que corresponde y vemos -más allá de la legítima posición de cada uno- la necesidad de tener espacios de trabajo amplios, porque hay muchas aristas que se conjugan en este problema. Ahora, yo separo las justas reivindicaciones del pueblo mapuche y otras acciones que son absolutamente de tipo delincuencial y algunas de carácter terrorista, pues tienen como objetivo infundir el terror en las personas. Eso ocurre ya desde hace tiempo y se ha ido incrementando. También hay otras acciones que son absolutamente delincuenciales, como el tráfico de drogas. En la provincia hay una serie de situaciones complejas, pero que es necesario separar, porque no es correcto incluirlas todas como parte de una sola situación. Y también por un tema de respeto: la visión que yo tengo del pueblo mapuche es de gente pacífica, de trabajo y mucho esfuerzo. Y el Estado de Chile, más allá del que sea el gobierno de turno, todavía tiene mucho que hacer, desde el punto de un diálogo abierto, sin condiciones, porque eso es esencial para avanzar. A modo de ejemplo, yo creo que somos un país, pero con diferentes naciones. Y no tenemos una cultura, sino la sumatoria de éstas. En ese aspecto, creo que la clase política desde el punto de vista de las voluntades y atribuciones, tienen que conversar con quienes corresponda.
-¿Cuáles cree usted que son las "justas reivindicaciones" -como usted las califica- que están pendientes en el diálogo entre el Estado y los mapuches?
-Las demandas justas del pueblo mapuche tienen que expresarlas ellos. Pero hay un tema que para mí debería marcar un punto de inflexión y es una política que debería traducirse en un nuevo trato. Y ese nuevo trato tiene muchas aristas, incluso con materias culturales y de respeto que no se imponen por la ley, sino que se vinculan con el diario vivir que tenemos los chilenos. Porque muchas veces ellos se sienten discriminados. Hay temas que tienen que ver con la tierra y la cosmovisión que tiene el pueblo mapuche, lo que para nosotros es tremendamente relevante y hay que analizarlo con mucho cuidado. Yo siento que es un pueblo muy sabio y al cual nosotros muchas veces no hemos tenido la capacidad de poder escuchar, atendiendo a la profundidad y sabiduría de su mensaje.
-¿Quiénes deben sentarse a una posible mesa de diálogo que aborde de una vez por todas los temas de fondo asociados al conflicto?
-El Estado necesariamente debe estar ahí, porque hay una cuota de responsabilidad importante de los tres poderes del Estado. Y, por otro lado, una representación legítima de lo que es hoy día el pueblo mapuche y eso tienen que definirlo ellos, no nosotros, para abordar situaciones que por mucho tiempo están latentes, pero que no se pueden seguir extendiendo. Mi impresión de repente es que cada gobierno de turno espera que pase su periodo de cuatro años para que el tema lo vea el siguiente. Pero en el fondo es como la política de la avestruz, de esconder la cabeza y no enfrentar una situación que cada vez está teniendo ribetes de mayor complejidad.
Visitas de autoridades
-En las últimas semanas han visitado la Provincia de Arauco dos ministros -Interior y Desarrollo Social- y la subsecretaria de Prevención del Delito y todos se han reunido con los alcaldes. ¿Qué saca en limpio de esos encuentros?
-Primero, nosotros hubiésemos esperado que las reuniones que se están realizando ahora las hubiéramos tenido durante los primeros seis meses del segundo mandato del Presidente Piñera. Hoy sentimos que pueden ser extemporáneas, pero -como se dice por ahí- más vale tarde que nunca. Y, por otro lado, hay que señalar que todos los alcaldes de la provincia tenemos una relación de conocimiento del actual ministro del Interior (Víctor Pérez), sobre todo porque es una persona que fue senador, elegido -entre otros- en este territorio. Y sabemos de su sentido de servicio y su sentido republicano de lo que es hacer política y el ejercicio de lo público. En ese sentido, valoramos el espacio que se dio para tener una conversación con altura de miras, pero también con la franqueza que corresponde. Muchas veces desconocemos si la autoridad nacional tiene los reportes del nivel provincial y regional respecto de lo que realmente pasa en el día a día y por eso el diálogo fue productivo. Se han dado algunas instrucciones respecto de la necesidad de que -en forma perentoria- las diferentes subsecretarías puedan estar presentes en la Provincia de Arauco, en áreas que para nosotros son de gran importancia. En ese escenario, se han ido estableciendo algunos compromisos que esperamos que, pese al corto tiempo que le queda al actual gobierno, se puedan ir concretando.
-¿Cómo califica la situación que enfrentan las policías en la provincia? Ha habido ataques recientes y se cuestiona a veces el éxito investigativo.
-Hoy vemos acciones que son muchas veces reactivas y no preventivas. Vemos que hay problemas fuertes de infraestructura y contingente. No estoy pensando en represión, sino en prevención, para lo cual tiene que haber presencia. Y si tú tienes poco contingente esa presencia es casi inexistente. Y por otro lado medios logísticos que, a modo de ejemplo, permitan el traslado de ese contingente. Pero también hay un tema de las facultades que tienen las policías, además de cómo funciona la Fiscalía y los tribunales. Vemos que se hacen reformas incompletas, porque actualmente tenemos un fiscal que persigue, un defensor público que defiende los derechos de quienes han cometido acciones fuera de la ley, pero no hay nadie que defienda a las víctimas. Por eso observamos una Justicia que muchas veces es injusta.