Por Redacción

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, condenó el incendio de dos municipalidades en la Región de La Araucanía, así como los destrozos ocurridos en otras dos a lo largo de la madrugada del domingo, edificios que permanecían tomados en apoyo al machi Celestino Córdova y a otros 26 comuneros que consideran "presos políticos" (algunos de ellos en huelga de hambre), ocho recluidos en la cárcel de Angol, otros 11 en el penal de Lebu, Región del Biobío, y siete en la cárcel de Temuco. En los incidentes, relató la autoridad, fueron "utilizados mujeres y menores de edad".

Los municipios de Ercilla y Traiguén fueron incendiados pasada la medianoche de ayer, mientras que los edificios comunales de Victoria, Collipulli y Curacautín resultaron con graves destrozos luego de que Carabineros entrara a desalojar los recintos ocupados desde la semana pasada por comuneros mapuches en apoyo a Celestino Córdova, tras la negativa de la Justicia a que, por la pandemia, cumpliera su condena fuera de la cárcel bajo arresto domiciliario total. El líder mapuche, quien lleva casi 90 días de ayuno, fue declarado único culpable de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay (2013).

Los uniformados, no obstante, ingresaron a las municipalidades luego que en los exteriores de estas se registraran manifestaciones por parte de los vecinos, quienes con cánticos y gritos -según videos difundidos en Internet -pedían el desalojo de los comuneros.

CIVILES Y COMUNEROS

Al comenzar los desórdenes en torno a las sedes comunales, Carabineros aprehendió a 48 personas entre cuatro de los municipios, de la cuales 36 ayer pasaron a control de detención y fueron dejados en libertad. Las 12 restantes no enfrentaron este procedimiento "porque son menores de edad que son vulnerados en sus derechos para ser utilizados en estos hechos de violencia, y dos mujeres que estaban en condición de lactante", sostuvo el subsecretario del Interior.

En Curacautín, en tanto, se registraron violentos enfrentamientos entre los comuneros y civiles armados que quisieron desalojarlos luego de acudir a un llamado realizado en redes sociales. EnVictoria ocurrió algo similar, cuando un grupo de civiles atacó la sede municipal para desalojarla.

"Las personas resultan detenidas como consecuencia de alteraciones del orden público, enfrentamiento entre ciudadanos y ocupación de recintos municipales", explicó Galli, razón por la que el ministerio del Interior informó que presentará acciones legales que "se van a determinar de acuerdo con las conductas que describan por las cuales fueron detenidos".

Junto con reiterar la disposición del Ejecutivo a escuchar, el subsecretario dijo que "la violencia nunca va de la mano con el diálogo, la violencia debe ser condenada sin ambigüedades, sin peros, sin excusas, y por lo mismo creo que no hay que confundir los planos".

Acerca del motivo de la toma, Galli dijo que el machi Córdova así como otros mapuches que permanecen detenidos, es "porque están imputados o condenados por crímenes gravísimos, incluso algunos de ellos por homicidios en contra de propios comuneros mapuches".

Al cierre de esta edición, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, junto a los subsecretarios de Interior y Desarrollo Regional, Juan Francisco Galli y Juan Manuel Masferrer, respectivamente, aterrizaron en la zona y se reunieron con los alcaldes de los municipios afectados.

"sensatez"

El senador PPD por La Araucanía, Jaime Quintana, escribió en Twitter sobre los hechos de violencia: "La visita del ministro (del Interior, Víctor) Pérez a La Araucanía (la semana pasada, en la cual afirmó que 'en Chile no hay detenidos políticos') será recordada como la previa del caos".

En las manifestaciones afuera de los municipios atacados, aludió Quintana, "duele ver a chilenos y mapuches enfrentados, resultado de un Gobierno que optó por polarizar al país. Hago un llamado a la sensatez y el diálogo partiendo por La Moneda. Paren su estrategia de guerra".

La senadora independendiente por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, agregó que "es urgente encontrar los responsables. La Araucanía necesita urgente la paz que le han negado por años".

El encargado de las relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, dijo en CNN Chile que "los actos odiosos, raciales y de violencia tiene clara y directa participación del Gobierno y en particular el ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, porque su primera actividad que realizó en La Araucanía fue dar la espalda al pueblo mapuche y afirmar que aquí sólo hay violencia y terrorismo. (... Esto) hace creer al ciudadano común de que los mapuches no tienen ningún derecho".

La crisis que vive Chile es multidimensional, y ejerce efectos en un sinnúmero de aspectos. Desde hace años, se acumula un descontento porque la equidad siempre ha evolucionado más lentamente que el progreso global de la economía.

Las tensiones derivadas de esta situación, en medio de un significativo avance en resultados macroeconómicos, se mezclaron con expectativas que dieron pie a un sonoro reclamo en pos de resultados más visibles en materia de aminorar las diferencias. Esta crisis social se desarrolló en conjunción con una creciente crisis política, marcada por la falta de propuestas y ausencia de conducción de ideas y aspiraciones.

La crisis alcanzó a los partidos, a los liderazgos políticos y, con ello, a las instituciones del Estado, todos las cuales son mal evaluadas por la ciudadanía. Se sumó a esto el desprestigio de instituciones como Carabineros y el Ejército, debido a las irresponsables acciones de altos oficiales; también de las iglesias que han sufrido un profundo descenso en su credibilidad, especialmente la iglesia católica debido a los escándalos de índole sexual. Y también la empresa privada, que protagonizó episodios indecorosos en detrimento del consumidor o como proveedora de financiamiento irregular a la política.

Todo eso ha llevado al desprestigio de las instituciones, envolviendo ello también al Poder Judicial que se ha visto lejos de las aspiraciones en pos de mayor justicia y orden público. Ahora, a este ya crítico panorama, se ha sumado la pandemia y la inédita crisis sanitaria que, a su vez, ha desatado una gran crisis económica, ambos fenómenos destinados a persistir en sus efectos y manifestaciones. Es decir, a lo que venía ya en desarrollo, marcado por sucesivas explosiones de descontento, se ha sumado lo contingente multiplicando así los retos y haciendo aún más difícil la posibilidad de un camino de salida. O sea cuando se alude a la crisis que vive la sociedad chilena, se está hablando de problemas de una complejidad mayor, donde interactúan fenómenos de muy distintas naturaleza con diversas evoluciones en el tiempo.

Por desgracia, la altura de miras necesaria para abordar y discutir estos complejos problemas de nuestra sociedad, está alejada del debate político. La necesidad de elevar la mirada en el contexto conceptual, está tan ausente como la necesaria proyección de las discusiones a sus alcances de largo plazo.

Demás está decir que la práctica política, que debe ser un ejemplo para la ciudadanía toda como una forma de cautelar el bien común, está muy lejos de serlo, como ya hace tiempo despliega situaciones muy controvertidas últimamente en la forma de un excedido populismo y de una ausente vocación republicana cuando prima la intolerancia, el cortoplacismo y solamente lo electoral.

Enrique Mc Iver escribió a comienzos del siglo XX, que los chilenos no eramos felices y que la república estaba afectada por una profunda crisis moral Hoy en día, la afirmación puede ser repetida en medio de una crisis generalizada que llena todos de inmenso dolor y sentimientos de indefensión.

Profesor Luis A. Riveros

Instituto de Chile