Descentralización: investigadores plantean la urgencia de una ley de rentas regionales
Los realizadores del texto argumentan que si no se norma este tema se generarán conflictos con los nuevos gobernadores regionales.
Con el coronavirus varios temas pasaron a un segundo plano. Es el caso de la elección de gobernador regional, proceso inédito que permitirá a las regiones, por primera vez, tener una autoridad que represente a la ciudadanía, ya que será definida por elección popular.
Este proceso, fijado para el 11 de abril del próximo año -(inicialmente iba a ser en octubre de este año) y que se desarrollará en conjunto con las elecciones municipales- es parte de las medidas impulsadas para promover la descentralización del país.
Las otras medidas tienen que ver con la entrega de atribuciones a los gobiernos regionales para tomar decisiones. Y, aquí aparecen algunas dudas: qué pasa con la descentralización financiera que le permitirá a estos gobiernos regionales gestionar sus territorios.
Todo ese análisis fue recogido por un grupo de investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP) y del Centro de Políticas Públicas de la UC, publicado en julio de este año bajo el nombre de "Más allá de Santiago: Descentralización fiscal en Chile".
La conclusión a la que llegaron Ignacio Irarrázaval, Isabel Aninat, Slaven Razmilic y Jorge Rodríguez, es que si no se concreta una ley de rentas regionales, que permita asignar de forma clara, ordenada y bajo un criterio estándar los fondos a los territorios, el proceso de descentralización podría tener muchas trabas.
Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la UC, planteó que "esto es importante porque en el escenario actual, nunca ha habido complejidad en la asignación de fondos porque el intendente es el representante del gobierno, pero con los gobernadores regionales puede haber pugnas por fondos, ya que estas autoridades no necesariamente serán del sector que esté gobernando en ese momento".
Propuestas y fondos municipales
En la primera parte del libro, que tiene en total 220 páginas, se detallan 36 propuestas, las que consideran mayor información sobre la asignación de fondos sectoriales a las regiones, el fortalecimiento del control administrativo y de los equipos para formular proyectos y la forma para asignar los dineros.
Según los cuatro investigadores que elaboraron el texto, la desigualdad observada en los distintos territorios complica el generar nuevas formas de ingreso (como impuestos locales) para las regiones.
No obstante, hay otras formas para optimizar los fondos que se invierten actualmente. En el libro se plantea una reformulación del pago de impuestos verdes y la división de los recursos que llegan a los territorios en tres fondos, destinados a cerrar brechas (fondo de convergencia), a potenciar el desarrollo socioeconómico y a compensar las externalidades negativas.
Otra propuesta tiene que ver con traspasar a los Gobiernos Regionales parte de la recaudación por permisos de circulación en áreas metropolitanas. De acuerdo a la ley, estas serán aquellas conurbaciones que aglutinen a más de 250 mil habitantes. En Biobío, esta zona comprende el Gran Concepción.
Irarrázaval explicó que esta idea apunta a que las externalidades asociadas a los vehículos motorizados tienen un impacto sobre varias comunas. Como la existencia de estas áreas metropolitanas supone el tratamiento del territorio como un todo en temas de uso de suelo, transporte o residuos domiciliarios, los investigadores creen pertinente que se incorporen a las arcas regionales parte de los fondos de los permisos de circulación.
Isabel Aninat, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), agregó que "parece razonable que estos fondos sean administrados por un organismo superior".
Eso sí, ambos aclararon que esto implicará una compensación a los municipios afectados, para que la merma de sus actas sea la menor posible.
Oportunidad
Para Aninat, el estallido social de octubre, primero, y luego la crisis por la pandemia de covid-19 evidenciaron aun más las desigualdades territoriales. "Esto hace que el proceso de descentralización sea una oportunidad para acercarse a las demandas ciudadanas", planteó.
Aninat explicó que esto será posible porque serán las mismas regiones las que podrán distribuir sus recursos entre aquellos temas prioritarios para sus habitantes.
Para ello, expuso, es necesario que haya una mayor flexibilidad y autonomía en la gestión que los gobierno regionales hacen de los recursos. "Hoy están ligados al nivel central. Hay que reducir la burocracia", cerró.