Tras la seguidilla de ataques a camiones y maquinaria forestal, la Multigremial Biobío planteó que es urgente aplicar un sistema de inteligencia que permita aislar y detener a los responsables de estos episodios que se han sucedido en las provincias de Arauco y Biobío.

El último episodio se registró la noche del miércoles en el comuna de Mulchén, donde un grupo de tres individuos habría protagonizado un atentado a dos camiones forestales de la empresa Besalco. Los conductores, se informó, habrían sido obligados a descender de los móviles de carga, que luego fueron incendiados en el camino Caledonia de esa comuna.

Horas antes, al sur de Cañete, desconocidos quemaron 12 maquinarias al interior de un fundo de Forestal Arauco. Este episodio se sumó a un ataque de similares características en Contulmo el día anterior. Sólo esta semana, las pérdidas se estiman en más de mil millones de pesos.

Jorge Guzmán, presidente de la Multigremial, afirmó que detrás de los hechos de violencia existen organizaciones "que se alejan del sentir del pueblo mapuche" y cuyo objetivo sería debilitar el sistema, indicó.

El gobierno confirmó ayer la presentación de dos querellas por delito terrorista por los ataques en la provincia de Arauco. Una acción de similares características podría ser ingresada en los casos de Mulchén.

AISLAR A LOS RESPONSABLES

El líder de la Multigremial en la zona indicó que los hechos de violencia han ido en una escalada durante los últimos meses. Por ello, señaló, una de las misiones del nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, sería cambiar las operaciones de inteligencia por parte del Estado.

"Uno lo que esperaría es que el Estado tuviera un sistema de Inteligencia que fuera capaz de controlar esa situación, o sea y si no es así, no deja en una zona de guerra y eso no puede ser".

Acciones que deberían estar apuntadas a dar con los responsables y las organizaciones que hay detrás de esto. "Y en esa medida que los vayan deteniendo, aislando, porque no veo otra forma de parar todo esto y si para eso es necesario usar las Fuerzas Especiales o las Fuerzas Armadas, en medio de este Estado de Emergencia, se tendrá que hacer, porque se necesita parar el problema y evitar que siga este descontrol", enfatizó.

Guzmán coincidió con el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, respecto a la lejanía de estos grupos con las reivindicaciones con el pueblo mapuche. "Todos estos actos son delincuencia pura, robo de madera, terrorismo. Estas no son reivindicaciones del pueblo mapuche, que efectivamente requiere, necesita y tiene un problema de abandono por parte del Estado, pero no son ellos quienes se organizan de esta forma para generar este caos y este terror".

En esa misma línea, el líder gremial comentó que es necesario que el Estado no negocie con estos grupos. "Lo que se escucha es que esto es parte de una escalada para solucionar el tema de los presos, que ellos denominan presos políticos, que no son eso, sino que sencillamente delincuentes que están presos y un grupo de otros delincuentes que defienden a estos no son el pueblo mapuche. Son grupos minoritarios, que no son de la etnia, donde hay extranjeros, que deben ser diferenciados", señaló.

ACCIONES LEGALES

La seremi de Gobierno, Francesca Parodi, lamentó estos episodios y confirmó la presentación de acciones judiciales por los tres atentados de esta semana.

"Sabemos que tenemos que trabajar mucho más y también ir revisando las distintas acciones que se van tomando para ir mejorando e ir bajando estos niveles de violencia. Este es un problema histórico, pero nos preocupa seguir avanzando para terminar con los hechos de violencia", añadió.

El gobernador de Biobío, Ignacio Fica, informó que los dos conductores de los camiones resultaron con lesiones leves y agregó que en el lugar no se encontraron alusiones a alguna reivindicación. "Este es un hecho delictual y en el lugar no habían alusiones a conflictos mapuches", aclaró.

La Brigada de Investigación Policial Especial (BIPE) de la PDI quedó a cargo de las pericias.

A través de un oficio, la Defensoría de la Niñez solicitó a los ministerios de Educación, Desarrollo Social y del Interior para asegurar la continuidad de atención, tras los incendios que afectaron a tres escuelas en la Provincia de Arauco durante este mes.

Los presuntos ataques ocurrieron a inicios de julio y se desarrollaron en menos de una semana en las comunas de Cañete y Tirúa. Los establecimientos afectados corresponden al Internado G-855 "Pedro Etchepare Borda" del sector Lanalhue, la Escuela Municipal G-434 y la Escuela F-82 "Ana Molina de Tranaquepe".

En el documento, la Defensoría solicitó al Mineduc información respecto a la cantidad de niños, niñas y adolescentes afectados por la pérdida de la infraestructura; las medidas adoptadas para asegurar la existencia de recintos temporales y el tiempo estimado para hacerlo; la entrega de alimentos y otros apoyos pedagógicos.

En el caso del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el organismo pidió conocer qué acciones directas ha realizado con cada uno de los niños, niñas y adolescentes afectados y qué procesos de coordinación del intersector ha realizado dicha repartición.

La Defensoría de la Niñez también requirió información del Ministerio del Interior sobre las acciones que han ejecutado para prevenir este tipo de hechos. Además, pidió informar si han existido instrucciones a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Administrativa para priorizar la asignación de recursos para la implementación de infraestructura temporal para dichos establecimientos y la reconstrucción de las escuelas.

La Policía de Investigaciones reforzó una campaña de prevención ante un posible incremento de delitos y estafas vinculadas al retiro de fondos previsionales desde la AFP. El proceso se inició ayer en todo el país.

Desde la institución señalaron que ya se han reportado casos de mensajes y comunicaciones en donde se solicita información sensible que podría ser utilizada para una defraudación. Eso sí, no se detalló una cantidad de denuncias a la fecha.

El jefe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI penquista, comisario Pedro Labraña, detalló que los usuarios deben extremar los cuidados al momento de recibir información a través de su correo o en sus teléfonos.

"Hay que tener en consideración que en ningún caso las entidades involucradas, en este caso las AFP o la Superintendencia de Pensiones, le contactarán a través de un email o mensaje vía red social Whatsapp en donde se le solicite sus datos personales. En caso de recibir mensajes de este tipo es imperioso que no los conteste".

El oficial agregó que "en los casos en donde reciba un correo o mensaje asociado a algún link, lo importante es no considerarlo y no pincharlo por cuanto podría ser víctima de la sustracción de sus datos personales de manera remota".

Labraña enfatizó además que en este tipo de delitos es clave resguardar la identidad. "Nunca se debe entregar claves por comunicación externa. Si lo contactan por teléfno , no entregue información sensible como su RUT, información de su carnet o el número de serie de la cédula de identidad", indicó.

Asimismo, comentó, existen mensajes de texto donde personas se hacen pasar por ejecutivos de la AFP.-"Eso no es cierto, ningún ejecutivo solicitara esa información por esas redes. Por ello es necesario que se aumente el cuidado en este periodo", cerró..

La Fiscalía Regional del Biobío confirmó el inicio de una investigación en contra de una médica, tras una querella ingresada por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) , de la que se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Las mencionadas querellas, que dieron pie a la indagatoria, están dirigidas contra la médico cirujano Paulina Carrasco Godoy y quienes resulten responsables, por el eventual delito de obtención fraudulenta de prestaciones fiscales que superan los $6 mil millones .

Los hechos contenidos en las querellas dicen relación con defraudaciones al Fisco, que habría concretado la imputada haciendo uso del sistema de venta de bonos por parte de Fonasa, teniendo ella la calidad de prestadora y beneficiaria.

La investigación está a cargo de la fiscal de anticorrupción de la Fiscalía Regional del Biobío, María José Aguayo, se encuentra en una etapa preliminar, desformalizada, y con diligencias en desarrollo.