Delincuencia común, tráfico de drogas y grupos que buscan deslegitimar una causa fueron tres de las aristas que planteó el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, luego de la seguidilla de incendios que han afectado a tres escuelas en la zona sur de la provincia de Arauco.

La madrugada del miércoles, el fuego arrasó con la escuela básica Ana Molina en el sector de Tranaquepe, cuya matrícula es de 150 estudiantes. A ese episodio se suma la destrucción de otra escuela en esa comuna y una tercera en Cañete. Hasta ahora se desconoce a los responsables de estos episodios.

Tras un encuentro con el intendente, Sergio Giacaman, Millabur insistió en que desde hace algunas semanas existe un clima enrarecido al interior de la comuna, que podría estar vinculado a la operación de grupos ocultos que buscarían deslegitimar la causa mapuche e impactar en la realidad social de la zona, principalmente los índices de pobreza.

En el último episodio, el fiscal con dedicación exclusiva para estos casos, Juan Yáñez, descartó de manera preliminar que los ataques a las escuelas estén vinculados a alguna reivindicación.

Tres miradas

El jefe comunal afirmó que son tres los móviles que podrían estar detrás de estos episodios de violencia en la zona. El primero de ellos, señaló, podría estar ligado a un eventual delito de tráfico de drogas.

"Con esto se podría replicar lo que pasa en las grandes ciudades, para apoderarse de ciertos terrenos y manejar el cultivo de drogas y como la población se resiste a ese tipo de ilícitos, entonces toman represalias para amedrentarlos", señaló.

La otra posibilidad, dijo Millabur, podrían ser personas que dicen ser mapuches y que con estas acciones pretenden ayudar al movimiento. "Si fuera así, no deberían llevar ni el apellido mapuche, porque los mapuches quieren escuelas para educarse, para generar el bienestar dentro de sus comunidades", dijo.

La autoridad indicó que quizás los actos podrían estar vinculados a grupos que están empezando a operar en la zona, "quieren generar la confusión y la deslegitimación de la causa mapuche", añadió.

"Esto para producir la ignorancia y someter a la pobreza a la comuna. No hay que descuidar esa mirada y por ahí creo que el Fiscal podrá estar observando algo que debe ser investigado, porque son extrañas las formas en cómo se están moviendo las cosas en la comuna", dijo.

En ese mismo sentido, el alcalde de Tirúa planteó que "en todos los movimientos sociales siempre hay polarizaciones, siempre hay fuerzas ocultas que se mueven y cuando ocurren estas cosas lo primero que se suele pensar es que los mapuches son autores y eso deslegitima a la causa, entonces qué mejor que los grupos ocultos que están operando en la zona para confundir".

Respecto al avance de las investigaciones en la zona, Adolfo Millabur cuestionó los gastos versus los resultados. "Acá hay demasiados recursos para justificar represión y no inteligencia para resolver un problema que no es seguridad, sino que político", concluyó.

El desarrollo de proyectos y la inversión del Estado en la comuna fueron el eje de una seguidilla de reuniones en las que participó el alcalde Millabur la mañana de ayer junto al intendente, Sergio Giacaman, y distintos seremis. Actualmente, Tirúa tiene una cartera de proyectos por $30 mil millones congeladas, aseguró la autoridad comunal.

"Como él (Giacaman) señaló que iban a responder con más Estado le vinimos a cobrar la palabra", agregó.

La autoridad aseguró que la burocracia estatal y los mismos problemas de inseguridad han significado un retraso, por años, de la inversión pública en la zona. Entre los proyectos mencionados se encuentra el liceo C-90, que hasta no cuenta con un terreno regularizado o las iniciativas de urbanización en Quidico, que ha experimentado el retraso de documentación por largo tiempo.

"Yo espero que se destraben esas voluntades y hayan muestras de hacer andar la inversión pública en la comuna", señaló el jefe comunal.

Sobre los encuentros, el intendente del Biobío aseguró que se logró definir una hoja de trabajo para dicha comuna. "Ambos tenemos la disposición de avanzar en aumentar la presencia del Estado en la comuna y con eso no me refiero a aumentar necesariamente la presencia de fuerzas de orden y seguridad, sino que aumentar la cantidad de proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", destacó.

Más de 3.800 potenciales beneficiarios del Biobío podrán optar a la licencia médica preventiva parental por causa de la enfermedad covid-19, luego de que fuera promulgada la Ley de Crianza Protegida.

Según la información entregada por la Seremi del Trabajo, se estima que en la Región existen 3.817 posibles beneficiarios del permiso, considerando a quienes cuyas licencias posnatales han vencido desde 18 de marzo o con proyección de vencimiento hasta el 14 de septiembre.

La seremi del Trabajo, Sintia Leyton, detalló que "esta ley crea una licencia médica preventiva parental covid-19 a cargo de la respectiva isapre o de Fonasa, según corresponda, que podrá pedirse por hasta tres meses por parte de la madre o padre que haya hecho uso del permiso postnatal parental", explicó. La licencia dará derecho a un subsidio equivalente al monto diario del subsidio que recibió durante el permiso postnatal parental, se extenderá por 30 días, prorrogables por dos veces por periodos continuos.

Eso sí, la licencia expirará de pleno derecho cuando termine el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe o con el término de la vigencia de la ley, que debería ser el 6 de octubre.

Tendrán derecho a esta licencia trabajadores dependientes, independientes y funcionarios públicos, que hayan hecho uso del permiso postnatal parental y además, en el caso de las trabajadoras que hagan uso de esta licencia, se les extenderá el fuero maternal por el periodo equivalente al tiempo de la misma.

En prisión preventiva fue dejado el hombre, de 34 años, que ayer fue formalizado por su presunta participación en el millonario robo de mascarillas desde la Clínica Biobío del sector El Trébol, en Talcahuano.

El atraco se produjo el pasado 2 de junio en la Clínica Biobío hasta donde llegó un grupo quienes se dirigieron a una bodega desde donde sustrajeron siete cajas contenedoras con mascarillas KN95 avaluadas en $20 millones.

Tras varias diligencias investigativas, Carabineros del OS9 logró la detención de uno de los implicados en el delito.

Elprocedimiento contempló el allanamiento de una vivienda en Talcahuano donde se procedió a la incautación del furgón que presuntamente fue usado en el ilícito. En el lugar no se encontraron las mascarillas.

Las pesquisas realizadas por la policía, incluyeron una exhaustiva revisión de las cámaras de seguridad del recinto y de las inmediaciones, lo que permitió la detección de los imputados.

El fiscal Víctor Castro, de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional del Biobío detalló que imputado está plenamente identificado y la policía trabaja para detenerlo, después que se reunieran durante la indagatoria las evidencias que vinculan a ambos en el hecho ilícito, que lograron perpetrar al romper el candado del portón de acceso del referido contenedor..

Poco más de 10 personas protagonizaron una protesta al interior del edificio de la Gobernación de Arauco, en la comuna de Lebu. Una protesta de similares característica se produjo en un recinto de Gendarmería en esa misma comuma.

El episodio se registró cerca del mediodía y fue protagonizado por familiares y cercanos a un grupo de personas que actualmente se encuentran recluidos en la cárcel de Lebu.

Tras el fin del conflicto, el gobernador, Óscar Muñoz, destacó el diálogo que se logró con los manifestantes, quienes dejaron por su cuenta el edificio.

"Logramos conversar con ellos, logramos que estas personas hicieran un retiro de una manera bastante pacífica, no hubo ningún tipo de destrucción en nuestro inmueble, no hay ningún tipo de comunero con lesiones, fue un trabajo de coordinación con carabineros. Esta es la mejor señal y la más potente de que cuando hay voluntad real de diálogo, podemos llegar a un acuerdo y evitar cualquier tipo de daño, dijo.