El argumento de la presidenta nacional del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) y senadora por Biobío Costa para votar en contra de la iniciativa se basa en dos puntos: considera que la propuesta del Gobierno tiene mayores beneficios para la ciudadanía y, segundo, que el proyecto -que necesita una reforma constitucional- está utilizando resquicios para poder aprobarse con quórum más bajos de lo que se pide en la Carta Magna.

"En un momento estábamos todos preocupados de cómo subíamos las pensiones, se decidió que se iba a poner un 6% más y hoy se habla de un retiro de un porcentaje mucho mayor. Hay más de 5 millones de personas que van a poder retirar todo", plantea Jacqueline van Rysselberghe.

Agrega que "uno podría entender esto si no hubiera otra opción, no compartirlo, pero sí entender. Pero acá hay otra opción que es mejor, la alternativa que está ofreciendo el Gobierno es mejor, porque te regala la mitad de la plata y el resto se lo vamos a prestar en condiciones súper beneficiosas".

En ese sentido, la parlamentaria recalca que alrededor del 60% de las personas sólo va a poder retirar $1 millón y un porcentaje mejor es la que tendrá acceso a un monto mayor que ese.

Por otro lado, sentencia que en este proyecto "se está haciendo una reforma constitucional con quórum que no corresponden, a través de un resquicio legal. Si se quiere modificar esto, hay un proyecto de reforma a las pensiones donde se puede debatir ese tema".

Para el senador del PRO por Biobío Costa, Alejandro Navarro, la aprobación de la reforma constitucional en la Cámara de Diputados fue el primer paso para que el actual sistema de pensiones sea sustituido por otro modelo.

Según su parecer, "hay consciencia clara de que la oferta del Gobierno es insuficiente, no hay aporte. No hay posibilidad de que las pensiones mejoren bajo el actual sistema".

El parlamentario indicó en la Comisión de Constitución del Senado que el ministro de Economía no ha establecido cuál va a ser el impacto que van a tener los fondos que se puedan retirar. "Esto va a movilizar la economía a través del pago de deudas y servicios. El ministro sólo detalla los problemas de este retiro", precisó respecto a que ese dinero no va a ir a una cuenta corriente internacional.

En esa misma línea, el senador planteó que la proyección que se debe realizar respecto a cuáles son las consecuencias del retiro de esos fondos debe pensarse "con que se terminó el sistema abusivo, que tengo certeza de que se va a aprobar después del proyecto del 10%".

Lamentó que pese a la crisis económica que se está viviendo, no exista una reforma tributaria como ya pasó en administraciones anteriores, "pero esta vez no se tocan a los más ricos".

Ad portas de la votación que sucederá del proyecto en el Senado, donde ya entró en la Comisión de Constitución, Navarro hizo un llamado a que no existan presiones a los parlamentarios. "No intervengan con el poder legislativo, son dos poderes independientes", precisó.

El senador por la Octava Cordillera, Felipe Harboe (PPD), aclara de entrada que para él la iniciativa del retiro del 10% del fondo de pensiones no es la mejor opción para sacar de la crisis económica en la que han caído las familias chilenas por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

Harboe explica que "esta medida, a mí juicio no es una política pública adecuada. No obstante, el Gobierno y su indolencia no han hecho imposible otra alternativa. Aquí hay gente que está pasando hambre, familias que han perdido su fuente laboral, no tienen para comer, para alimentar a sus hijos, están perdiendo incluso sus viviendas porque no pueden pagar las deudas y les están embargando sus propiedades".

Por eso el parlamentario califica el escenario actual como "una situación dramática" y donde el rol del Gobierno debió haber sido analizar cuánto era el monto que cada familia pudiera retirar y establecer un mecanismo en virtud del cual con fondos público se pudiera llegar ese total.

"Lamentablemente el Gobierno no ha querido dar su brazo a torcer y no queda otra alternativa que estar aprobando algo que, insisto, puede no ser una política pública adecuada, pero frente a la desesperación de las familias y la indolencia del Gobierno no nos están dejando otra alternativa", precisa.

Tiene esperanzas que cuando se dé la discusión de los artículos en particular, se puedan incluir indicaciones para que los actuales pensionados también puedan retirar sus fondos, ya que fueron excluidos en la Cámara Baja.

Víctor Pérez Varela (UDI) recalca que el retiro del 10% del fondo de pensiones es una iniciativa que llama la atención y es populista, pero de la cual se desconocen sus implicancias económicas sobre el erario nacional.

El parlamentario por Biobío Cordillera, indicó en la Comisión de Constitución del Senado que hay que "debatir con precisión cuáles son los efectos negativos en materia tributaria, el costo para el erario nacional al que nadie se ha referido. Llamaría a quienes lo proponen que tratemos de no actuar con celeridad, sino ver los números"

En ese sentido puntualizó que "lo que vemos es un proyecto con un título popular, pero del cuál no se ha hecho un análisis acabado de cuáles son sus consecuencias".

En la misma línea que la presidenta nacional de su partido, Pérez Varela puntualizó que la iniciativa se "está saltando las reglas" y que una reforma al sistema de pensiones debe ser una iniciativa exclusiva del Ejecutivo por tratarse de un tema de seguridad y previsión.

Reconoció que "las propuestas del Gobierno a la clase media son una buena fórmula, un buen camino. No hay mejora del sistema previsional cuando se dinamita un sistema. Yo no prefiero modificarlo, sino que perfeccionarlo".

Asimismo, contó que existe una reforma al sistema de pensiones que se encuentra en el Senado y que está sin avance. "Si la oposición tiene mayoría en las comisiones y en la sala, ¿por qué durante ocho meses esto no ha caminado? Porque no hay voluntad política de avanzar", dijo.

Como parte de su trabajo desde 2002 en favor de la educación, la Fundación Chilenter, perteneciente a la red de fundaciones de Presidencia, inició la entrega de computadores en todo el país, los cuales alcanzarían los 3.850 equipos distribuidos a 420 colegios ubicados en 147 comunas entre Arica y Punta Arenas.

En el caso de la Región del Biobío serán un total de 596 equipos que serán distribuidos en 64 establecimientos de 17 comunas de la región: Cabrero (15 equipos), Cañete (10), Chiguayante (105), Concepción (99), Coronel (30), Curanilahue (19), Florida (67), Hualpén (10), Hualqui (81), Los Ángeles (20), Lota (20), Mulchén (20), Nacimiento (81), Penco (10), Quilleco (10), Talcahuano (40) y Tomé (30).

La primera dama y Presidenta de la Fundación Chilenter, Cecilia Morel, señaló que "hemos realizado grandes esfuerzos para afrontar esta pandemia y uno de ellos es el trabajo constante que hacemos desde las fundaciones de la Red de Presidencia implementando una serie de medidas para apoyar a las personas vulnerables. Y en Chilenter estamos trabajando en habilitar laboratorios tecnológicos en colegios vulnerables para que cuando los niños puedan volver a clases cuenten con esos recursos".

Gonzalo Lagos, director ejecutivo de Chilenter, explicó por qué decidieron seguir con el envío de los equipos a los colegios en estos momentos de pandemia: "Es una responsabilidad muy grande la labor que realizamos. Sabemos la importancia que tiene que un colegio en una zona rural o de vulnerabilidad cuente con tecnología y por la misma razón estamos entregando los equipos, para cuando las autoridades y el Ministerio de Educación consideren que es pertinente y seguro el retorno a clases presenciales, los niños cuenten con laboratorios tecnológicos actualizados".

Para 2022 se espera que la cifra de computadores entregados por Chilenter a colegios de todo Chile sea de por lo menos 11 mil equipos que se sumarán a los 103 mil que hasta la fecha han sido entregados desde su creación.

A través de una carta enviada a la presidenta del Consejo Regional del Biobío, Flor Weisse, el consejero del Frente Amplio Javier Sandoval solicitó que en la próxima sesión ordinaria del Consejo se discuta el estado de avance del proyecto de ley que busca permitir el retiro del 10% de los fondos previsionales en Estado de Emergencia, producto de la pandemia.

En la misiva apunta a que "proponemos que sea abordado en la comisión de Desarrollo Social, donde se pueda incluir la participación de los senadores representantes de la Región, quienes puedan compartirnos su análisis y propuestas sobre la iniciativa, así como también retroalimentarles con nuestras opiniones, considerando que deberán pronunciarse en los próximos días sobre la iniciativa que ha generado gran interés en la ciudadanía".

Sandoval también hizo énfasis en que "la solicitud se realiza en el entendido que como integrantes de la institucionalidad política, asumamos la tarea de contribuir al debate nacional sobre una materia relevante".