Debate local en torno a las medidas sanitarias
Esta semana ha estado marcada por los cruces de declaraciones entre alcaldes y representantes del Gobierno Regional, en relación a si es necesario o no adoptar medidas más restrictivas para hacer frente a la pandemia del covid-19.
Se trata de una discusión que se inició mucho antes, prácticamente desde la aparición de los primeros casos de contagios a nivel local e incluso llevó a algunos jefes comunales a intentar saltarse la ley y decretar procesos de confinamiento o cierres perimetrales que no correspondían desde el punto de vista del respeto a la institucionalidad vigente y, en particular, al estado de excepción constitucional que rige actualmente en el país.
En medio de ese debate, a fines de marzo la Contraloría General de la República, representada por Jorge Bermúdez, se pronunció en relación con diversas denuncias vinculadas con medidas que habrían adoptado diferentes alcaldes de todo el país a propósito de la situación de emergencia sanitaria que afecta a Chile por el brote del coronavirus, entre las cuales se cuentan el intento de cierre de los correspondientes límites comunales, declaraciones de emergencia comunal, cuarentena en los respectivos territorios, restricción del tránsito local y el cierre o fijación de horarios de funcionamiento de determinados establecimientos.
Al respecto, Bermúdez precisó que "los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, sin que puedan atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes".
Precisó que el Estado de Catástrofe es declarado por el Presidente de la República y las zonas respectivas bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional, quien asume la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señala.
Saldada la ilegitimidad de esa fórmula -que transgredía principios básicos de la legislación vigente- otra cosa es que los alcaldes, especialmente reunidos para ese efecto, soliciten aumentar sus atribuciones para contribuir a un proceso de mayor "descentralización" de las decisiones.
En esa línea de acción, representantes de 24 de los 33 municipios de Biobío participaron el viernes último, vía videoconferencia, en la asamblea convocada por la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (Amrbb) con el fin de analizar cuáles son los principales puntos que se buscará abordar a nivel central, en torno al combate del coronavirus, desde el punto de vista sanitario y de seguridad.
La cita concluyó con un consenso de las autoridades comunales de la necesidad de pedir más facultades para los municipios para afrontar la pandemia, lo que buscarán canalizar como propuestas a los ministros de Salud, Enrique Paris, y de Interior, Gonzalo Blumel, con quienes esperan reunirse en las próximas semanas.
Siempre será mejor abogar por el diálogo para hacer frente a estas controversias y, en ese sentido, el camino elegido por los jefes comunales es correcto. Sin embargo, no hay duda que se debe aceptar también que hoy en día la preocupación de las autoridades está puesta en una visión global de todo el territorio nacional. Además, aunque suene popularmente atractivo, pedir más atribuciones para la decisión local no asegura que esas posibles determinaciones que se podrían adoptar en cada comuna, sean las mejores para la Región o el país en su conjunto. En efecto, hay que considerar que hay grandes diferencias entre los propios municipios en ámbitos como la dotación de recursos humanos y las capacidades instaladas y tampoco existe una gobernanza regional "extragubernamental" suficientemente consolidada como para asegurar que el mejor combate de la emergencia estaría en adoptar una perspectiva más "local".
Lo que sí es muy importante enfatizar es que resultaría muy lamentable que las motivaciones de algunos alcaldes -especialmente los más vociferantes y agresivos en sus declaraciones- se vinculen más bien a un afán de figuración pública y cálculo electoral, que a una preocupación y foco central en lo más relevante hoy en día: un adecuado manejo de la pandemia.
En esa línea, se debe recalcar que los estudios coinciden en que no solo la política, sino sobre todo la evidencia científica es clave para guiar las decisiones, basándose en los elementos disponibles, y considerando que determinaciones imprudentes podrían causar un gran daño a la sociedad, ya bastante golpeada por los efectos del estallido social de octubre de 2019 y la propia crisis sanitaria. Sin embargo, también se advierte que actuar demasiado tarde puede agravar el escenario sociopolítico del país. En particular, enfatizan que se debe ponderar el tiempo existente entre la aplicación de eventuales medidas y su repercusión en la tasa de infección, lo que implica que tomar la decisión correcta, y en el momento preciso, es lo crucial.
Una emergencia de las desconocidas dimensiones que tiene la que vive nuestro país y el mundo por estos días, a propósito de la expansión del coronavirus covid-19, obliga de nuestros representantes políticos una actitud de absoluta responsabilidad, seriedad y templanza, así como la comprensión de que el impacto de sus acciones tiene necesariamente consecuencias en el bienestar de toda la comunidad, en la medida que éstas sean las adecuadas y se guíen por el bien común.
Siempre será mejor abogar por el diálogo para hacer frente a estas controversias y, en ese sentido, el camino elegido por los jefes comunales es correcto. Sin embargo, no hay duda que se debe aceptar que hoy en día la preocupación de las autoridades está puesta en una visión global de todo el territorio nacional.