A mediados del año 2019, la Corte de Apelaciones de Antofagasta y la de Punta Arenas requirieron al Tribunal Constitucional de inaplicabilidad de tres artículos del DL. 3.500, que regula las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

De acuerdo al texto constitucional, los jueces pueden plantear la inaplicabilidad de algún precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial resulte contraria a la Constitución. Art. 93 No. 6 CP.

Las acciones se iniciaron por una señora pensionada en Antofagasta y otra que se encontraba trabajando. Por supuesto, ambas pedían la devolución de sus fondos previsionales ahorrados en muchos años de trabajo.

El Tribunal Constitucional en sentencias de mayo pasado, resolvió rechazar por la unanimidad los recursos.

El Tribunal repitió antigua jurisprudencia que señala que los fondos son propiedad de los afiliados, pero que el ejercicio del derecho está limitado para el cumplimiento de su finalidad que es el generar pensiones. El trabajador no puede disponer libremente de ellos. En el caso de fallecimiento, los recursos le corresponden a los herederos, o sea, son propiedad del causante y no de la AFP o del Estado.

Cual no sería la sorpresa al conocer el texto de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 17 de junio, que resolviendo el recurso de protección deducido por la misma señora que motivó el requerimiento lo acogió en todas sus partes, pero ¡sin costas!

En insólitos considerandos vagos, generales, abstractos, incursionando en ideas como la justicia; interés general, arbitrariedad, necesidades de la sociedad o críticas al sistema.

Al final, después de extensa literatura ajena a la Constitución y la ley dispuso. "Que la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., deberá dentro de décimo día hábil, de ejecutoriada esta sentencia, proceder a girar la suma de dinero que a esa fecha represente la totalidad de los fondos de capitalización individual que tenga en su cuenta la recurrente, quedando sin efecto la pensión de vejez y sin perjuicio de la decisión de los organismos administrativos para el otorgamiento de una pensión mínima solidaria, si procediere".

Este fallo es aberrante, contradictorio con lo resuelto por el Tribunal Constitucional como máximo Tribunal que vela por la Supremacía Constitucional. Es en el fondo un grave desacato al Estado de Derecho que ameritaría una acusación por notable abandono de deberes en contra de los ministros que dictaron la sentencia.

Nadie sabe a ciencia cierta cuánto demorará para que todas las actividades que se han visto afectadas por la pandemia puedan retornar a su ritmo habitual. En especial, las que no son consideradas como esenciales y que, en muchos casos, han sufrido con mayor fuerza los efectos económicos de esta crisis sanitaria.

Uno de estos rubros es la construcción, que mueve a una masa laboral de 750 mil trabajadores a nivel nacional y mantiene 55 mil empleos en la región del Biobío, pero que aún no es calificado como esencial.

Las medidas para contener el virus decretadas por la autoridad, como cordones sanitarios y cuarentenas -que deben acatarse y cumplirse- han generado la detención de gran parte de la actividad económica sectorial, con alrededor de 870 obras paralizadas en el país, con un costo de US$ 51,81 millones a la semana. Sin duda, las restricciones impuestas y la finalidad de proteger la vida de compatriotas, ha instalado un dilema complejo de abordar ya que no sólo están en juego los puestos de trabajo sino también, las fuentes laborales y sus posibilidades de sobrevivencia, afectando las bases de una futura reactivación.

El deterioro económico para empresas locales, especialmente medianas y pequeñas, ha sido el efecto no deseado de estas restricciones.

El empleo es un indicador que se ha resentido en el sector, y que podría elevarse a un 20% a fines de año; lo que es una preocupación permanente para todos quienes nos desempeñamos en esta industria. Si a este escenario se siguen sumando paralizaciones de obras tendremos que enfrentar una contracción aún más profunda en los niveles de desempleo.

En este contexto, una encuesta realizada en mayo por el gremio a 8 mil trabajadores de distintas empresas socias del país, concluyó que la industria es la puerta de entrada laboral para inmigrantes y personas en situación de vulnerabilidad. Es justamente este último grupo social el que está siendo más afectado por esta emergencia.

Ante este panorama, el gremio ha realizado un esfuerzo importante para resguardar la salud de los trabajadores y a la vez no detener la actividad. Es así como se elaboró el "Protocolo Sanitario para el Sector Construcción", diseñado en conjunto con diversos ministerios y que reúne estrictas normas para que las faenas operen en forma segura y se eviten los contagios. Hoy más de mil 400 obras están inscritas a este compromiso lo que permite proteger la salud de 158 mil trabajadores.

Pensamos que la aplicación de medidas rigurosas debería ser una condicionante para que todas las constructoras tengan la posibilidad de trabajar en comunas con cuarentena, cumpliendo a cabalidad con este protocolo.

El producto final, que es la vivienda, es un bien básico y el rubro es uno de los sectores que más aporta al PIB nacional, con más del 7% y que es intensivo en puestos de trabajo (aproximadamente un 8,5% de los ocupados del país trabaja en esta actividad).

Economistas de diversos espectros políticos, señalan que el sector construcción será en el futuro -no sabemos si cercano o lejano- el que encabece el carro de la recuperación económica. Entonces, ¿cómo no considerarlo un rubro estratégico a nivel nacional?

De la noche a la mañana, el lunes 16 de marzo de 2020, producto de la suspensión de clases presenciales, nos despertamos con puentes del sistema educacional cortados, puentes esenciales a la hora de pretender implementar propuestas didácticas de excelencia, cuyo propósito principal, al menos en el discurso, es el desarrollo de habilidades para el siglo XXI, puestas a disposición de seres humanos en proceso de formación.

Así, de a poco comenzamos a tomar consciencia que las salas de clases dejaron de funcionar, ya no estaba presente el cuerpo de profesoras (es), ya no estaban los asistentes de la educación, ni los medios de transporte escolar, ya no estaban encendidas las pizarras interactivas, y lo más crítico de todo, es que ya no estaba presente la esencia del sistema educativo: las y los estudiantes. Por lo mismo, ya no era posible continuar implementando el proyecto educativo, ni la comunicación entre los integrantes de las comunidades educativas, cuestión que es vital para activar conexiones e interacciones entre docentes y estudiantes; y, por lo mismo, ya no fue posible el desarrollo de clases presenciales, que hasta ese momento eran la forma habitual de educar.

Pero de la sorpresa y de la parálisis inicial, rápidamente, comienza a aparecer la capacidad resiliente del sistema educativo, de la pedagogía, de aquellos que diseñan, activan y guían las experiencias de aprendizaje, entendiendo por resiliencia aquella capacidad para superar situaciones complejas de vida y ser capaz de lograr desarrollos exitosos a pesar de circunstancias muy adversas, o como lo señala una autoridad mundial en esta materia, el profesor de psicología Norman Garmezy, quien la definió como "la capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del abandono o la incapacidad inicial al tener que enfrentar una situación o evento estresante". Es así que los actores relevantes del proceso pedagógico, alumnos, padres y apoderados y, muy especialmente, los profesionales de la educación, comienzan a aplicar una máxima muy útil para el desarrollo de la vida, la cual nos señala que "frente a un problema, una solución".

De esta forma y de acuerdo a la realidad de cada unidad educativa se comienza a utilizar, de forma muy tímida y con claros propósitos pedagógicos, el correo electrónico, la mensajería vía WhatsApp, para luego tomar consciencia de que existían plataformas educativas a través de la cuales era posible desarrollar actividades pedagógicas en línea o a distancia, apareciendo en la escena escolar recursos digitales como ClassRoom, ClassDojo, School Net, Puntaje Nacional, entre otros, los cuales permiten algún grado de interacción entre los profesores y estudiantes o sus familias, aunque no de forma sincrónica.

Casi de forma simultánea, se comienza a hacer uso de plataformas como Zoom, Google Meet, Skype, entre otras, a través de las cuales fue posible realizar clases en línea, de forma sincrónica y así, otra vez, apareció la posibilidad de interacción entre profesoras (es) y sus estudiantes, entre docentes y padres y apoderados; la posibilidad de compartir pantallas, documentos en diversos formatos, videos, de verse nuevamente las caras, de volver a sonreír en conjunto; de nuevo fue posible disfrutar y contemplar la belleza de educar, ahora en formato digital.

En definitiva, fue posible volver a generar espacios de aprendizaje, cuestión que sólo ha sido posible por esa capacidad adaptativa del sistema, por la resiliencia propia de la pedagogía que es capaz de permear y envolver a todos aquellos que con mucha responsabilidad, profesionalismo y amor por la educación le entregar a la acción de educar.

Lunes 29 de junio: El expresidente del Banco Central José de Gregorio sugirió un mecanismo de préstamo para acceder a parte del fondo de pensión y criticó la idea de retirar un 10% para que después el Estado lo devuelva por medio de un bono. Afirmó que es una "mala" propuesta y que está mal focalizada. El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile dijo que podría darse un crédito social mientras dure la crisis, con cargo al fondo que tiene acumulado cada persona. Así, se podría retirar una cuota mensual, relacionada con los ingresos pasados que recibía la persona.

Martes 30 de junio: El ministro de Salud, Enrique Paris, destacó ayer una "incipiente mejoría" en la situación de pandemia que atraviesa el país, debido a, según cálculos de La Moneda, una reducción de un 20% en los nuevos contagios por coronavirus durante la última semana. En la última jornada, los laboratorios reportaron 4.017 casos nuevos. A nivel nacional, afirmó el secretario de Estado, hubo una disminución del 20% de los casos en los últimos siete días, y una baja del 12% en los últimos 14, lo que -en sus palabras- reflejó "una incipiente mejoría".

Miércoles 1 de julio: El ministro de Salud, Enrique Paris, ayer dijo que el Presidente Sebastián Piñera "debería haber pensado mejor" al visitar una tienda de vinos este sábado, en Vitacura, Región Metropolitana, comuna que se encuentra en cuarentena total desde hace más de un mes debido a la pandemia del coronavirus. El hecho fue grabado y difundido la noche del domingo, suscitando una fuerte polémica en medio de la crisis sanitaria. "Hay que medir bien las consecuencias de los actos que uno lleva a cabo como autoridad, y ha dicho que no lo volvería a hacer", afirmó Paris.

Jueves 2 de julio: Chile registró una leve baja en la tasa diaria de nuevos casos de coronavirus, pero las autoridades advirtieron que no hay que relajar las medidas sanitarias, incluidas las cuarentenas. En la última semana, los contagios disminuyeron 18%, informó ayer el ministro de Salud, Enrique Paris. En las dos últimas semanas, la disminución en infecciones nuevas llegó al 19%, agregó. En las anteriores 24 horas, se registró 2.650 nuevas infecciones, en circunstancias de que en los primeros 20 días de junio el país alcanzó entre 5 mil y 6 mil casos nuevos por jornada.

Miércoles 1 de julio: La Unión Europea (UE) abrirá hoy sus fronteras exteriores, cerradas desde mediados de marzo por la crisis de coronavirus, a 14 países considerados "seguros", entre los que no figuran Estados Unidos, Brasil ni Rusia, pero sí China, en la medida que implemente una medida equivalente. Los estados miembros del bloque aprobaron ayer esa lista inicial, que irá revisándose cada dos semanas en función de la evolución de la pandemia. En el listado de los países "seguros", cuyos residentes podrán viajar a la UE figuran Australia, Argelia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Tailandia, Túnez y Uruguay.