Más de 2,7 millones de empresas cerrarán en América Latina
Cierre de pequeñas y medianas compañías implicará la destrucción de unos 8,5 millones de empleos.
El cese de las actividades productivas por la pandemia del nuevo coronavirus provocará el cierre de 2,7 millones de empresas formales en Latinoamérica, la mayoría de ellas microempresas, lo que implicará la destrucción de 8,5 millones de empleos, indicó ayer la Cepal.
"El impacto de la crisis será muy diferente según el sector y el tipo de empresa", dijo la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Alicia Bárcena.
Las más afectadas serán las micro y pequeñas empresas, de las que dependen a su vez los sectores más golpeados por las medidas sanitarias para frenar la expansión del virus, como el comercio, los hoteles y los restaurantes, según el estudio del organismo de la ONU.
El comercio, por ejemplo, perderá 1,4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo, mientras que en el turismo se destruirán por lo menos 290.000 empresas y un millón de empleos. "La crisis golpea con mayor intensidad a los sectores industriales potencialmente de mayor dinamismo tecnológico y, por lo tanto, profundizará los problemas estructurales de las economías de la región", lamentó Bárcena.
La mayoría de las economías latinoamericanas siguen semiparalizadas, aunque varias están programando la reapertura de sectores no esenciales.
"Es importante que las reaperturas sean ordenadas, que no sean desordenadas, que no sean tan rápidas que inmediatamente nos lleven a un confinamiento adicional", instó Bárcena.
Según el informe, la gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades, ya que tienen "serios problemas" para acceder a financiamiento y cumplir con sus obligaciones salariales y financieras.
El organismo recomendó a los Gobiernos adoptar una serie de medidas para apoyar a las empresas, entre las que destacan ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento y cofinanciar la nómina salarial durante seis meses para evitar la destrucción de capacidades. Esta cofinanciación, que se estima tendría un costo equivalente a 2,7% del PIB regional, debe darse según el tamaño de la empresa, desde el 30% en las grandes hasta el 80% en las microempresas.
También se aconsejó realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos. y apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis, "ya que proveen el 39% del empleo formal y más del 90% de las exportaciones".