Más de 95 mil trabajadores reciben fondos asociados al Seguro de Cesantía en Biobío
En el caso de 27 mil personas, el organismo aprobó la suspensión de contrato por concepto de Ley de Protección al Empleo y para las restantes 67 mil aprobó la entrega de montos desde el sistema de auxilio laboral, por haber perdido el empleo.
Susana Rivera y su esposo Samuel Toledo están acogidos a la Ley de Protección al Empleo. Si bien ella destaca que su empresa los consideró en esta normativa pese a que sus contratos a plazo fijo culminaban el 30 de marzo, la jefa de la sucursal coronelina de Gimnasios HYL Fitness reconoce que el proceso familiar y personal es delicado, a raíz de la emergencia económica provocada por el covid-19.
"Yo estoy súper agradecida, porque si no es por eso nosotros estaríamos sin comer en este minuto. Además, dos de mis tres hijos están en la universidad, y eso se sigue pagando", cuenta Susana.
La profesional, sin embargo, mira con preocupación lo que pueda ocurrir más adelante y advierte que en su hogar "se vive con lo justo". "En la parte doméstica tratamos de comprar lo que más pudimos, porque va a llegar el minuto en que recibiré $200 mil, y con eso una familia de cinco personas, hijos universitarios y deudas, no puede vivir", puntualiza.
Y es que la ley establece una disminución gradual en la entrega periódica de recursos hasta el quinto mes que estipula la iniciativa.
Susana Rivera es una de las 27.764 personas de la Región del Biobío a las que se les ha aprobado la suspensión de contrato que implica la Ley de Protección al Empleo. Esta medida tiene por objeto proteger la fuente laboral de los trabajadores, permitiéndoles acceder a las prestaciones y complementos del Seguro de Cesantía, en el contexto de la pandemia.
La cifra en cuestión se suma a los 67.699 beneficiarios que entre el 1 de enero y el 26 de junio de este año recibieron fondos del Seguro de Cesantía, según la última ficha estadística semanal de la Superintendencia de Pensiones y que fue publicada ayer. En total, se trata de 95.463 personas en Biobío.
NÚMEROS ALTOS
La seremi del Trabajo y Previsión Social, Sintia Leyton, explica que la cifra es alta en consideración de los últimos acontecimientos que han marcado la Región y el país.
"Son números altos que estamos viendo acumulados. Hay que recordar que esto abarca desde enero, cuando se comenzó a ver el reflejo grande de lo que fue el estallido social. Y cuando creíamos que podíamos mejorar, nos sumergimos en una nueva situación", sostiene.
Los 95 mil trabajadores expuestos en el informe de la Superintendencia de Pensiones representan el 15% de la fuerza laboral proyectada para Biobío este 2020 y el 75% de los empleos perdidos en los últimos doce meses, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Eso sí, Leyton aclara que hay que marcar una diferencia, pues las 67 mil personas que utilizaron el Seguro de Cesantía están bajo una condición de desempleo, a diferencia de las 27 mil que se acogieron a la nueva normativa. "Estos últimos no han perdido sus trabajos ni sus derechos laborales, solo están bajo un resguardo mientras dure la pandemia", precisa.
MODIFICACIONES
Desde que fue implementada, la Ley de Protección al Empleo recibió varios cuestionamientos. El uso ilegítimo de algunas empresas o el desamparo de los trabajadores una vez culminados los cinco meses asomaron como las principales reclamaciones.
En vista de este último punto, María Alejandra, vendedora local de retail, reconoce estar preocupada por lo que pueda ocurrir con ella una vez que acabe el beneficio. Al igual que muchas de sus compañeras, espera mantener su cargo después del 30 de agosto, fecha en la que, en principio, cesará el pacto.
"No sé si es una protección al trabajo, porque uno tiene miedo de llegar a trabajar y que después nos digan que hasta acá nomás llegamos, a raíz de todo lo que sucede", dice.
La seremi Leyton agrega que la ley recogerá una serie de modificaciones. "Hace algunos días el Presidente Piñera anunció un proyecto que amplía las prestaciones del seguro y de la ley de protección, en base a qué pasará en los nuevos meses de estado de emergencia y a la flexibilización de los requisitos de acceso, además de atribuciones para que Hacienda y Trabajo puedan dar garantías", acota.