Por Agencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los servicios de inteligencia no le informaron sobre las supuestas recompensas ofrecidas por Rusia a las milicias afganas por la muerte de soldados estadounidenses, porque las agencias consideraron que la versión no era creíble.

"Los servicios de inteligencia acaban de informarme que no encontraron esto creíble, y por lo tanto no me informaron a mí ni al vicepresidente Mike Pence", escribió Trump en su cuenta de Twitter. Desde el viernes pasado, el diario The New York Times ha publicado varios artículos en los que indica que durante 2019 agentes rusos ofrecieron recompensas a las milicias talibanes para que atacaran en Afganistán a las tropas estadounidenses.

Por su parte, el diario The Washington Post aseguró que "se cree que las recompensas rusas ofrecidas han resultado en la muerte de varios soldados estadounidenses, según datos obtenidos en los interrogatorios militares de militantes capturados en meses recientes". El presidente afirmó que "The New York Times debería revelar su fuente anónima, pero no puede hacerlo, porque esa persona probablemente ni siquiera existe".

El domingo, en otro mensaje de Twitter, Trump dijo que los servicios de inteligencia no le habían informado sobre este asunto, pero no dejó en claro si el gobierno de EE.UU. negaba las supuestas ofertas de recompensa rusas, o si él negaba que se le hubiera dado la información. Más tarde, el presidente describió la versión como "posiblemente otra información falsa cuya intención es hacer que los republicanos se vean mal". Según The Washington Post, la información obtenida por las Fuerzas Especiales estadounidenses en Afganistán fue elevada al gobierno y condujo a una reunión de alto nivel en la Casa Blanca a finales de marzo.

El mensaje publicado por Trump en la noche del domingo siguió a otro del senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, uno de los miembros del Congreso que han pedido explicaciones al gobierno. "Es imperativo que el Congreso aclare a fondo los informes recientes de los medios, según los cuales los servicios de inteligencia de Rusia en Afganistán han ofrecido pagar a los talibanes para que mataran soldados estadounidenses", escribió Graham.

Ya el sábado, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, había puntualizado en un comunicado que tanto la directora de la Agencia Central de Inteligencia, Gina Haspel, como el asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca podían confirmar que "ni el presidente ni el vicepresidente fueron informados". El New York Times, que menciona como fuente a funcionarios que han sido informados del asunto, señala que se cree que algunos militantes islamistas o elementos criminales asociados a ellos han llegado a recibir pagos rusos.

En total, 20 estadounidenses murieron en combate en Afganistán el pasado año, pero no está claro si algún caso podría haber estado vinculado con esta trama.

El Kremlin responde

Ayer el Kremlin negó haber pagado a los talibanes para asesinar a militares estadounidenses en Afganistán. "Estas afirmaciones son una mentira", aseguró a la prensa local Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Peskov aludió a la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que nadie le informó de los supuestos pagos y tachó al NYT como un diario de noticias falsas. "Lamentamos nuevamente que medios de prensa internacionales, anteriormente importantes, respetados y de alto nivel, no tengan remilgo en publicar cada vez con más frecuencia mentiras", dijo el representante del Kremlin, quien señaló que esto daña el renombre y prestigio del periódico. Además, precisó que el presidente ruso, Vladímir Putin, aún no ha tratado dicho asunto con su homólogo estadounidense.

orden de arresto

Irán anunció queemitió una orden de arresto, de la que ha notificado a Interpol y pedido alerta roja, contra el presidente Donald Trump, y otros 35 individuos por el asesinato en enero pasado del poderoso general iraní Qasem Soleimaní.

El fiscal de Teherán, Alí Alqasimehr, explicó que "esos 36 responsables político-militares de Estados Unidos y también de otros países estuvieron involucrados en el asesinato del general". El fiscal también detalló que la acusación contra esos 36 individuos, incluido Trump, es por asesinato y acto terrorista.

La Justicia francesa condenó ayer al ex primer ministro francés Francois Fillon a dos años de prisión firme y otros tres exentos de cumplimiento en el llamado 'caso de los empleos ficticios', un escándalo que lo alejó del Elíseo en 2017 y dañó su imagen pública, al desvelar que contrató a su esposa como asistenta parlamentaria sin que ella ejerciera ese cargo.

El proceso judicial comenzó, para el ex jefe de gobierno de Nicolas Sarkozy, en enero de ese mismo año, cuando el semanario satírico "Le Canard Enchainé" publicó en exclusiva el fraude, y recibió ahora el veredicto como colofón a un juicio iniciado el pasado 26 de febrero. El Tribunal Correccional de París dictó el fallo, además de una multa de 375.000 euros y diez años de inhabilitación. Como sus abogados anunciaron que recurrirán la pena, el exjefe del gobierno quedó en libertad a la espera de un nuevo juicio.

Su esposa, Penélope, igualmente presente en la sala y con gesto serio, recibió otra multa idéntica y tres años exentos de cumplimiento, los mismos que Marc Joulaud, diputado que también la contrató después de que Fillon le cediera su circunscripción al convertirse en el ministro de Asuntos Sociales de Jacques Chirac. Joulaud deberá abonar además 20.000 euros, y entre los tres tienen que reembolsar más de un millón a la Asamblea Nacional, que se había constituido como acusación particular.

DESVÍO DE FONDOS

El desvío total de fondos de forma directa o indirecta se eleva a unos 1,5 millones de euros y el Tribunal dejó claro este lunes que no hay ninguna prueba tangible que demuestre el trabajo de Penélope, que justifique esa cuantía y sea proporcional a las actividades atribuidas.

Penelope Fillon estuvo contratada como asistente de su marido entre 1998 y 2002 y de 2012 a 2013, y como ayudante de Joulaud de 2002 a 2007. La sala tampoco vio justificado su contrato como consejera literaria en la revista "La Revue des Deux Mondes", propiedad de un empresario cercano al entonces líder de la derecha. "Su empleo no obedecía a ninguna lógica, ni en términos de necesidad ni de salario", subrayó la presidenta de la sala, Nathalie Gavarino, para quien ninguno de los tres acusados, por su experiencia y formación, podía ignorar que estaban cometiendo una infracción. El tribunal consideró que Fillon, que de 2005 a 2007 también contrató a dos de sus hijos, puso en marcha, de forma directa o mediante su suplente, una organización que permitía desviar para su beneficio personal los fondos habilitados para el pago de colaboradores.

El Tribunal Supremo estadounidense anuló una ley que habría limitado el acceso al aborto en Luisiana, en un duro golpe a la campaña de múltiples estados conservadores de Estados Unidos para restringir al máximo ese procedimiento que es legal en el país desde hace casi medio siglo.

La decisión fue la primera relacionada con el aborto en el Supremo desde que se sumaron a la corte dos jueces conservadores, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, que el presidente Donald Trump, seleccionó en gran parte debido a su oposición a este derecho reproductivo. Aunque ambos votaron a favor de la ley de Luisiana, fueron minoría porque el presidente del Supremo, el magistrado de tendencia conservadora John Roberts, se sumó a los cuatro jueces progresistas para declarar inválida esa legislación.

"La ley 620 viola la Constitución", proclamó el magistrado progresista Stephen Breyer en el fallo, adoptado por una estrecha mayoría de cinco votos a favor y cuatro en contra. El veredicto significa que "las clínicas de Luisiana pueden seguir abiertas para dar servicio al millón de mujeres en edad reproductiva en el estado", afirmó la presidenta del Centro para los Derecho Reproductivos (CRR), Nancy Northup, que defendió a uno de los centros médicos del estado en el litigio.

La ley 620 de Luisiana, aprobada en 2014, exigía que los médicos que practican abortos en el estado, tuvieran derechos de admisión en un hospital dentro de un radio de unos 48 kilómetros desde la clínica donde se llevara a cabo el procedimiento. Los defensores del derecho al aborto denunciaron la ley como un intento de cerrar las clínicas, porque esos derechos de admisión son muy complicados de conseguir y, a su juicio, innecesarios.

El gobierno encabezado por Trump, lamentó el revés en el Supremo. "En un desafortunado fallo de hoy, el Tribunal subestimó tanto la salud de la madres como la vida de los niños no nacidos al minar la política de Luisiana que requería que todos los procedimientos de aborto fueran realizados por personas con privilegios de admisión en un hospital cercano", señaló en un comunicado.