Por Esteban Vega Garrido

Con la fiscalización de más de 30 locales comerciales y entidades financieras, el municipio de Concepción inició ayer la aplicación de la ordenanza que regula la distancia física entre las personas durante la espera de atención para evitar nuevos contagios por covid-19. Esta es la primera iniciativa de este tipo en el país y complementa a la ordenanza que exige el uso de mascarillas en espacios públicos.

La normativa aprobada la semana pasada por el Concejo Municipal penquista establece que las instituciones públicas y privadas deberán generar marcas en los bienes nacionales de uso público para que se respete la distancia de un metro y medio entre los clientes. Los incumplimientos reiterativos podrían culminar en multas de entre 2 y 5 UTM.

El alcalde penquista, Álvaro Ortiz, destacó la recepción de la comunidad sobre la nueva ordenanza durante los distintos controles que se realizaron la mañana de ayer, en medio de una intensa lluvia. Según se detalló, de los 30 recintos fiscalizados, 20 cumplían con la normativa. Los otros 10, precisaron, hicieron el compromiso de generar las demarcaciones durante la tarde.

Desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a cargo de las fiscalizaciones, informaron que mantendrán los controles durante los próximos días con un foco educativo. Carabineros cooperará en la revisión de los cumplimientos.

CONTROLES

Daisy Cárdenas, directora de seguridad pública del municipio de Concepción, comentó que los controles se iniciaron a las 8 de la mañana en todo el perímetro céntrico de Concepción, particularmente en aquellos ejes con mayor presencia de servicios.

"Se desplegaron nuestros equipos con el apoyo de Carabineros, quienes realizaron esta labor en cada uno de los servicios que deben cumplir con la nueva ordenanza", señaló.

Cárdenas agregó que "al mediodía (de ayer) teníamos 30 locales fiscalizados y 20 de ellos tenían efectivamente demarcado en el exterior, mientras que algunos recintos como farmacias y bancos incumplían la norma. Sin embargo, se les solicitó a la brevedad solucionar eso".

Asimismo, indicó que las dudas que han planteado los jefes de locales y servicios están vinculadas a la presencia de personal para ayudar a evitar aglomeraciones en el exterior de los locales e instituciones privadas. A eso se suma la fijación de una sola dirección para las filas.

"Tenemos que realizar una labor educativa y que empezamos con Carabineros en ese sentido durante la jornada de ayer", indicó.

BUENA RECEPCIÓN

Álvaro Ortiz calificó como positiva la recepción de las personas a la aplicación de esta nueva normativa en medio de la pandemia.

"La ciudadanía ha entendido que tuvimos que llegar a un punto de tener que dictar una ordenanza municipal para que muchos empezaran a cumplir. La verdad es que es injusto para quienes han estado en cuarentena, que por culpa de otras la cantidad de contagiados se sigue incrementando", dijo.

La autoridad justificó que durante la primera jornada no se generaran multas a quienes fueron sorprendidos incumpliendo la normativa, que tiene alcance comunal y no sólo en el centro de la ciudad, aclaró.

"Esto no puede ser sólo estadísticas, esto es de vidas humanas y el criterio se va a aplicar. Si una persona es sorprendida incumpliendo y muestra un mal comportamiento, ahí obviamente se debe aplicar una multa, pero hasta ahora la recepción ha sido buena de parte de toda la comunidad", señaló.

El gobernador penquista, Robert Contreras, acompañó parte de las fiscalizaciones que se efectuaron la mañana de ayer en el centro de Concepción. La autoridad provincial celebró esta iniciativa vinculada a la salud pública.

"Durante las últimas semanas hemos tenido una gran cantidad de personas en el centro de la ciudad y en ese sentido valoramos este tipo de iniciativas, que permiten que la gente tengan un cumplimiento adecuado frente al distanciamiento social", señaló.

Respecto a las acciones para el control del comercio ambulante ilegal, uno de los focos de la concentración de personas, Contreras señaló que "hemos ido generando acciones en conjunto con Carabineros para evitar esta actividad que genera aglomeraciones".

Luego de más de un año desde la entrega de la obra, la cárcel El Manzano de Concepción alista su reapertura dentro de las próximas semanas. Al menos 300 internos serían trasladados a este recinto penitenciario, cuya capacidad es para 1.600 personas.

Esta semana, 120 funcionarios de Gendarmería fueron asignados al remodelado penal penquista, luego del cierre de la cárcel de Coronel. Los internos de este último recinto, en tanto, fueron derivados a otras unidades de la Región.

La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) señaló que han seguido de cerca el acondicionamiento de El Manzano, pues denunciaron que en un primer momento el recinto no cumplía con las medidas requeridas en materia de seguridad para gendarmes y reos.

Junto con ello, los dirigentes gremiales confirmaron que se están trabajando protocolos para los traslados y detección de eventuales casos de covid-19.

TRABAJO INTERNO

Benito Sarabia, dirigente nacional de la Anfup, explicó que durante las últimas semanas han trabajado con la dirección regional de Gendarmería las mejoras que se necesitan para el desarrollo de las funciones de los gendarmes dentro de El Manzano.

"Presentamos hoy (ayer) algunas observaciones en materia de seguridad interna, perimetral y también puntualizamos algunas carencias de mobiliario dentro de algunos módulos. La repuesta fue que eso estaba y que se iban a reponer durante el tiempo", señaló.

En paralelo, contó Sarabia, el tema de los eventuales casos de covid-19 es otras de las aristas que fue analizada con la autoridad penitenciaria. Hasta ahora no se han reportado casos en las cárceles del Biobío.

"Queremos revisarlo con las autoridades regionales para que se apliquen test a los internos que lleguen a la zona, para así evitar situaciones de riesgo y en caso de que existiera, aplicar todas las medidas que sean necesarias para su resguardo y el del personal", indicó.

De acuerdo a antecedentes preliminares, serían 300 los internos que arribarían desde otras regiones para ser parte de la renovada cárcel.

Según se indicó, el ministro de Justicia y DD.HH., Hernán Larraín, arribaría esta semana al Biobío para supervisar la instalación de El Manzano.

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en el secuestro de un hombre de 35 años, durante el fin de semana en Concepción.

El episodio se registró en el sector de Tucapel Bajo, donde la víctima habría sido retenida en contra de su voluntad, luego de haberlo sacado desde su vivienda en la comuna de Hualpén.

La Fiscalía de Concepción solicitó ampliar la detención de dos imputados que fueron aprehendidos en la noche del sábado.

Los detenidos son Juan Mora Pérez y Misael Mora Huichacura, quienes están imputados por privar de libertad contra su voluntad a un hombre.

De acuerdo a los primeros antecedentes reunidos en la indagatoria, Mora Pérez y Mora Huichacura habrían ido a buscar a la víctima hasta un domicilio en la comuna de Hualpén y luego lo trasladaron bajo amenaza en un automóvil a Tucapel Bajo, donde fue encontrado por la policía.

Considerando que existen importantes diligencias pendientes instruidas por la Fiscalía de Concepción al OS9, OS7 y Labocar de Carabineros, el Juzgado de Garantía penquista acogió la petición del Ministerio Público y extendió la detención de los dos imputados hasta el miércoles, cuando se realizará la audiencia de formalización.

En dos jornadas se realizó la segunda capacitación sobre la Ley N° 21.057, que regula las entrevistas videograbadas de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos sexuales o violentos que declaran en procesos penales.

En la actividad participaron los jueces del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal (TOP) de Concepción y contó con el respaldo de la Corte de Apelaciones de Concepción.

Las sesiones se desarrollaron de forma virtual y complementó la capacitación efectuada la semana anterior, que se centró en la revisión del Protocolo I) de la Ley N°21.057 y derivaciones de la aplicación de la normativa.

Lo anterior fue explicado por el juez del TOP de Antofagasta, Israel Fuentes, en su calidad de intermediario acreditado, quien detalló la forma en que se ha aplicado la legislación en su jurisdicción.

Tras el término de este proceso, se desarrolló una nueva capacitación destinada exclusivamente a los funcionarios del TOP penquista con las exposiciones de los magistrados Cristian Gutiérrez, Gonzalo Díaz, Paula Cruces y Claudia Etcheberry.

El juez Gutiérrez, uno de los coordinadores de la iniciativa, planteó al término del taller que "quedé muy conforme con el resultado de las jornadas, ya que esto permite aproximar y sensibilizar desde ya respecto de esta importante innovación legislativa, destinada a dar un adecuado tratamiento y protección a los niños, niñas y adolescentes que intervienen en el proceso penal".