Retorno de juicios orales presenciales abre diferencias en Fiscalía y Defensoría
La presidenta de la Corte penquista, Vivian Toloza, dijo que se deben trabajar en planes que logren aunar posturas,
Tras el inicio del estado de excepción constitucional, decretado por 90 días a raíz de la pandemia por covid-19, el sistema judicial debió ajustar su funcionamiento y una de las principales consecuencias fue la no realización de juicios orales en medio de la emergencia sanitaria. En Biobío, cerca de un centenar de estas audiencias han debido ser reprogramadas por este motivo.
Frente a esta sobrecarga y el próximo vencimiento del periodo de excepción, la realización de estos juicios ha generado diferencias entre los intervinientes del proceso penal respecto de la forma en que se deberán retomar estos procesos.
Por un lado, la Defensoría Penal Pública planteó que, una vez que expire el estado de excepción y sus eventuales prorrogas, los procesos deberán realizarse de manera presencial para respetar las garantías constitucionales, adoptando todas las medidas para el resguardo de la vida y la salud. Por otro lado, en tanto, el Ministerio Publico reafirmó su postura de mantener el trabajo remoto, para el cuidado de sus funcionarios y los eventuales testigos que participan de dichos juicios.
Esta semana, una resolución de la Corte Suprema estableció que la fórmula correcta de trabajo, por ahora, es a través de las videoconferencias. En ese sentido, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, Vivian Toloza, enfatizó en la urgencia de acercar posturas.
Audiencias presenciales
El defensor jefe de la Defensoría Penal Pública del Biobío, Osvaldo Pizarro, enfatizó que mientras se mantenga el estado de excepción, los juicios orales se mantendrán suspendidos. Sin embargo, agregó que una vez que ese estado o sus prorrogas terminen, los procesos deben ser retomados de la forma en que está establecido en la norma.
"Para poder desarrollar estos juicios que son el fiel reflejo de todas las garantías nacionales e internacionales, nosotros sostenemos que deben ser hecho de forma presencial, pero con todos los resguardos que sean necesarios para asegurar el derecho a la vida y la salud", dijo.
Sin embargo, Pizarro agregó que "eso no significa que el resguardo del derecho a la vida y la salud (mascarillas, alcohol gel) signifiquen que los juicios orales sean realizados de manera remota y en eso no vamos estar de acuerdo, porque los juicios orales son esencialmente de corte adversariales y confrontacionales".
En la otra vereda, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, planteó que la visión institucional, en el marco de la pandemia, ha sido el resguardo de funcionarios y eventuales testigos que pudieren intervenir en juicios orales. Considerando, agregó, que hasta ahora la contingencia no muestra cifras de mejoras.
"Nos parece que ningún interviniente debe estar de forma presencial y de estar deben ser los menos. Desde marzo hemos establecido conexiones impecables en la región desde el punto de vista de nuestra presencia virtual en distintas audiencias y perfectamente podemos lograr lo mismo desde el punto de vista de juicios orales", afirmó.
Cartegena sostuvo que la eventual presencia de testigos podría generar más que problemas potenciales. "Cualquiera puede enfermase en camino a un juicio a declarar, pero también pueden haber personas de la tercera edad que puedan ser testigos o personas que sean enfermadas de covid.19 sean mandadas a declarar. Va ser muy complejo exponer a gente a un contagio y que no sabemos cómo se vienen las próximas semanas", explicó.
Trabajar en planes
Vivian Toloza, presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, coincidió en que la eventual presencia de personas dentro de los tribunales es uno de los principales puntos de diferencias que se han presentado en las distintas reuniones entre los tribunales de juicio oral y los intervinientes.
En ese sentido, la ministra afirmó que el camino es buscar y trabajar en planes que permitan acercar estas posturas. "Nosotros como Poder Judicial no podemos obligar o imponer algo a la Defensoría o el Ministerio Público, porque son entes independientes. De tal modo que habrá que aunar criterios para hacer algunos juicios, a pesar que en algunos casos de menor envergadura no se están realizando. Habrá que conciliar las posiciones", señaló.
Tanto en el caso de la Fiscalía y la Defensoría indicaron que existe la voluntad de trabajar en acuerdo. Eso sí, el defensor regional mantuvo su posición frente a la juicios orales presenciales. "Institucionalmente nuestros roles son distintos", añadió Pizarro.
Toloza recordó que la última resolución del máximo tribunal privilegia el trabajo remoto durante la contingencia sanitaria. "La Corte afirma que esta es la forma regular y ordinaria en que se deben prestar los servicios judiciales en el periodo de contingencia sanitaria. Más aún, agrega que la forma presencial de realizar audiencias o de retomar la actividad judicial será la excepción y debe estar justificada. Debe existir una resolución caso a caso", concluyó.