Por ESTEBAN VEGA GARRIDO

Tras el inicio del estado de excepción constitucional, decretado por 90 días a raíz de la pandemia por covid-19, el sistema judicial debió ajustar su funcionamiento y una de las principales consecuencias fue la no realización de juicios orales en medio de la emergencia sanitaria. En Biobío, cerca de un centenar de estas audiencias han debido ser reprogramadas por este motivo.

Frente a esta sobrecarga y el próximo vencimiento del periodo de excepción, la realización de estos juicios ha generado diferencias entre los intervinientes del proceso penal respecto de la forma en que se deberán retomar estos procesos.

Por un lado, la Defensoría Penal Pública planteó que, una vez que expire el estado de excepción y sus eventuales prorrogas, los procesos deberán realizarse de manera presencial para respetar las garantías constitucionales, adoptando todas las medidas para el resguardo de la vida y la salud. Por otro lado, en tanto, el Ministerio Publico reafirmó su postura de mantener el trabajo remoto, para el cuidado de sus funcionarios y los eventuales testigos que participan de dichos juicios.

Esta semana, una resolución de la Corte Suprema estableció que la fórmula correcta de trabajo, por ahora, es a través de las videoconferencias. En ese sentido, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, Vivian Toloza, enfatizó en la urgencia de acercar posturas.

Audiencias presenciales

El defensor jefe de la Defensoría Penal Pública del Biobío, Osvaldo Pizarro, enfatizó que mientras se mantenga el estado de excepción, los juicios orales se mantendrán suspendidos. Sin embargo, agregó que una vez que ese estado o sus prorrogas terminen, los procesos deben ser retomados de la forma en que está establecido en la norma.

"Para poder desarrollar estos juicios que son el fiel reflejo de todas las garantías nacionales e internacionales, nosotros sostenemos que deben ser hecho de forma presencial, pero con todos los resguardos que sean necesarios para asegurar el derecho a la vida y la salud", dijo.

Sin embargo, Pizarro agregó que "eso no significa que el resguardo del derecho a la vida y la salud (mascarillas, alcohol gel) signifiquen que los juicios orales sean realizados de manera remota y en eso no vamos estar de acuerdo, porque los juicios orales son esencialmente de corte adversariales y confrontacionales".

En la otra vereda, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, planteó que la visión institucional, en el marco de la pandemia, ha sido el resguardo de funcionarios y eventuales testigos que pudieren intervenir en juicios orales. Considerando, agregó, que hasta ahora la contingencia no muestra cifras de mejoras.

"Nos parece que ningún interviniente debe estar de forma presencial y de estar deben ser los menos. Desde marzo hemos establecido conexiones impecables en la región desde el punto de vista de nuestra presencia virtual en distintas audiencias y perfectamente podemos lograr lo mismo desde el punto de vista de juicios orales", afirmó.

Cartegena sostuvo que la eventual presencia de testigos podría generar más que problemas potenciales. "Cualquiera puede enfermase en camino a un juicio a declarar, pero también pueden haber personas de la tercera edad que puedan ser testigos o personas que sean enfermadas de covid.19 sean mandadas a declarar. Va ser muy complejo exponer a gente a un contagio y que no sabemos cómo se vienen las próximas semanas", explicó.

Trabajar en planes

Vivian Toloza, presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, coincidió en que la eventual presencia de personas dentro de los tribunales es uno de los principales puntos de diferencias que se han presentado en las distintas reuniones entre los tribunales de juicio oral y los intervinientes.

En ese sentido, la ministra afirmó que el camino es buscar y trabajar en planes que permitan acercar estas posturas. "Nosotros como Poder Judicial no podemos obligar o imponer algo a la Defensoría o el Ministerio Público, porque son entes independientes. De tal modo que habrá que aunar criterios para hacer algunos juicios, a pesar que en algunos casos de menor envergadura no se están realizando. Habrá que conciliar las posiciones", señaló.

Tanto en el caso de la Fiscalía y la Defensoría indicaron que existe la voluntad de trabajar en acuerdo. Eso sí, el defensor regional mantuvo su posición frente a la juicios orales presenciales. "Institucionalmente nuestros roles son distintos", añadió Pizarro.

Toloza recordó que la última resolución del máximo tribunal privilegia el trabajo remoto durante la contingencia sanitaria. "La Corte afirma que esta es la forma regular y ordinaria en que se deben prestar los servicios judiciales en el periodo de contingencia sanitaria. Más aún, agrega que la forma presencial de realizar audiencias o de retomar la actividad judicial será la excepción y debe estar justificada. Debe existir una resolución caso a caso", concluyó.

Funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Concepción, policías e Infantes de Marina se desplegaron por distintos barrios de la comuna en un operativo masivo de fiscalización para el cumplimiento del toque de queda que sumó controles vehiculares y un sobrevuelo aéreo.

El recorrido municipal se inició en los sectores de Remodelación Paicaví, Remodelación Concepción, Cerro Caracol y Barrio Norte para luego desplazarse junto a contingente policial y de la Armada al cerro La Pólvora y Briceño.

El alcalde de Concepción se sumó al despliegue nocturno y destacó que "he venido a agradecer personalmente este operativo de Carabineros y la Armada en coordinación con nuestro equipo de seguridad, que se mantendrá durante toda la noche en distintos puntos de la ciudad. Son momentos de incertidumbre, de preocupación, que se agudizan por la falta de unos pocos, por eso queremos dar tranquilidad a aquellos que están cumpliendo esta medida en sus casas".

Respecto a la solicitud reiterada de cuarentena para Concepción agregó que "somos una ciudad prestadora de servicios y no queremos que la cantidad de contagiados aumente, por lo tanto, preferimos que la medida sea dura, como debió haber sido en un comienzo, y tener la tranquilidad de que en las próximas semanas o meses la ciudad se reactive en todo sentido, que la ciudadanía pueda volver a vivir en tranquilidad y para eso necesitamos una actitud clara".

En tanto, el comisario jefe de la Segunda Comisaría de Carabineros, Mayor Joel Ríos, puntualizó que la medida no responde a un aumento en los índices delictuales sino a un trabajo preventivo que busca fortalecer la percepción de seguridad. "Este procedimiento ha sido planificado sobre la base de los requerimientos de la comunidad y para aumentar la presencia en estos sectores. Hacemos un llamado a las personas para que hagan las denuncias que correspondan y de esa forma nosotros disponer de nuestros servicios con mayor efectividad".

El Capitán de fragata infante de marina Gonzalo Cárcamo complementó que "como lo hemos establecido desde el principio este es un trabajo conjunto, estamos efectuando control de toque de queda sanitario con el objetivo de mitigar el contacto social en la noche y contener la propagación de este virus. Todavía falta apoyo de la comunidad para mantenerse en sus hogares, nos hemos encontrado principalmente con muchos jóvenes y les pedimos un esfuerzo para poder llegar al término de esta pandemia lo antes posible".

Los mineros del yacimiento Trinidad que perdieron su trabajo en enero pasado serán contratados a través de los programas de empleo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) para ejecutar obras de mejoramiento urbano en la comuna de Los Álamos.

Así lo informaron esta mañana las autoridades a los 38 alameños que desde junio estarán a cargo de mejorar la multicancha de Villa San Pedro y la plazoleta de la localidad de Tres Pinos, según detalló el alcalde Pablo Vegas.

A nivel provincial son 76 las personas que serán contratadas a través de cuatro proyectos financiados por la SUBDERE. De ellos: un proyecto será para la contratación de 14 ex mineros de Lebu; otro proyecto para contratar 24 personas de Curanilahue y dos proyectos para la contratación de los 38 alameños.

Esta solución paliativa al desempleo fue gestionada de forma conjunta por los trabajadores, parlamentarios, intendencia, municipios, alcaldes, concejales, entre otras personas.-

Dos mujeres y un hombre pasaron a audiencia de control de detención durante la jornada de ayer, debido a su responsabilidad en la muerte de un hombre, hecho ocurrido en la noche del sábado.

Según informó el Ministerio Público, de acuerdo a las primeras diligencias instruidas por el fiscal Cristian Oróstica a la BH de la PDI, dieron cuenta que la víctima concurrió hasta el domicilio de los agresores, donde tuvieron un altercado que finalizó con la brutal golpiza que le quitó la vida en el lugar.

La víctima fue identificada como Francisco Aparicio Pérez (31), quien falleció después de lo ocurrido en la población Santa Cecilia de Talcahuano.

Debido a que aún están pendientes diversas diligencias, entre ellas el informe de autopsia por parte del Servicio Médico Legal, la Fiscalía solicitó en la audiencia la ampliación de la detención.