Por Esteban Vega Garrido

Una denuncia al 133 de Carabineros generó un operativo policial que culminó con la detención de un pastor evangélico la tarde del domingo en Hualpén. Es el segundo líder religioso arrestado, en menos de dos semanas y en esa misma comuna, por incumplir la prohibición de celebrar este tipo de actividades.

Esta nueva detención reabrió la controversia respecto a realización de cultos presenciales y los riesgos que implicaría la aparición de un nuevo brote de covid-19, tal como ocurrió en marzo pasado en una iglesia del sector Boca Sur en San Pedro de la Paz.

El 23 de marzo pasado, la Seremi de Salud del Biobío emitió un decreto que prohibía las actividades deportivas, culturales y religiosas. Un mes después, a inicios de mayo, otra normativa, coordinada con el nivel central, levantó las restricciones para reuniones de este tipo con menos de 30 personas. Actualmente esta última resolución se encuentra detenida, luego de que la Corte de Apelaciones acogiera un recurso de protección que buscaba dejar sin efecto esta última medida.

Ante esto, la autoridad sanitaria reiteró ayer que las actividades religiosas están prohibidas, pues aún se encuentra vigente el decreto de marzo pasado. En tanto, la Coordinadora Evangélica Regional Biobío emplazó al tribunal penquista a pronunciarse frente a las ambigüedades y evitar así una eventual persecución a la libertad de culto.

A la fecha, el Ministerio Público suma tres investigaciones en contra de pastores en el Biobío: dos en Hualpén y una en Cañete. El último detenido será sólo citado a declarar ante Fiscalía.

Mantienen prohibición

Héctor Muñoz, seremi de Salud del Biobío, precisó que, pese a las modificaciones que se coordinaron desde el nivel central y también en otras regiones, actualmente sigue en vigencia el decreto 1049, que prohíbe la realización de actividades religiosas.

"Cuando el Biobío, junto a otras regiones, levantamos esto tuvimos reuniones con todos los líderes religiosos del mundo evangélico y ellos decidieron mantener los cultos vía remota. No obstante, lo que la Corte ha dictado, y nosotros acatamos, es mantener la prohibición inicial de la Seremi de Salud, que es impedir aglomeraciones", indicó.

La autoridad enfatizó que todas estas medidas tienen por objetivo evitar las aglomeraciones dentro de espacios públicos y cerrados. "En un recinto de 40 metros cuadrados no pueden haber 50 personas, pueden ser máximo seis o siete. Nuestra resolución fue hecha en base a los espacios físicos y por eso era más fácil controlar esta resolución", aclaró.

Muñoz confirmó el inicio de un sumario sanitario en contra del último pastor detenido, al igual que en el arresto anterior. "En las tres provincias se ha fiscalizado y hay cumplimiento respecto a mantener los cultos vía remota", afirmó.

CRÍTICAS

El presidente de la Coordinadora Evangélica Regional, pastor Juan Marcos Godoy, enfatizó que es urgente un pronunciamiento de la Corte penquista para zanjar la controversia y evitar así evaluaciones subjetivas por parte de los fiscalizadores.

"Esta aparente ambigüedad nos preocupa, porque esta situación puede derivar en que al final Carabineros y la Fiscalía se pronuncien bajo criterios subjetivos y que derivan en un hostigamiento al mundo religioso, particularmente el mundo evangélico. Esto puede llevar a que se atente contra la libertad de culto y de conciencia establecido en la Constitución", indicó.

El líder religioso, eso sí, criticó la acción del pastor detenido en Hualpén. "Invitamos a nuestros pastores a no realizar cultos presenciales en los templos, debido que estamos en una pandemia mundial y porque estamos en un Estado de Excepción", dijo.

Asimismo, la alcaldesa hualpenina, Katherine Torres, lamentó que la comuna se vea envuelta por segunda vez, en menos de un mes, en esta situación: "El Consejo de Pastor es de nuestra comuna ha hecho un llamado a las distintas iglesias a privilegiar otro tipo de encuentros".

QUEDÓ CITADO

El mayor Rubén Vergara, comisario de Hualpén, detalló que tras la detención del pastor se tomaron los antecedentes de una veintena de personas que participaban del encuentro religioso. "Todos los antecedentes, vía oficio, son remitidos al Ministerio Público y también a la autoridad sanitaria", informó la autoridad.

La Fiscalía informó ayer que el pastor Leonel Espinoza, de la Iglesia Bíblica Bautista, no fue formalizado y quedó citado a declarar ante el Ministerio Público, previa fijación de un domicilio.

Un total de 3.227 conductores intentaron traspasar el cordón sanitario que se aplicó en seis comunas del Gran Concepción durante este último fin de semana largo. La medida que se aplicó por tercera vez en la zona buscaba evitar la propagación del coronavirus en la Región.

El domingo a las 22 horas se dio por finalizado el cordón que se instauró desde el miércoles 20 en las comunas de Concepción, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Hualpén, Penco y Chiguayante.

De acuerdo al balance que entregó el jefe de la Defensa Nacional, contraalmirante Carlos Huber, el número de vehículos controlados en los cuatro días que duró la medida, fue de 89.770. "De esos, 3.227 no tenían salvoconductos o permisos para entrar o salir del cordón sanitario", detalló la autoridad militar.

Sobre el número elevado de controles, Huber indicó que esto tiene relación con que la medida sanitaria se aplicó también con un día hábil entremedio.

Cumplimiento

El intendente del Biobío, Sergio Giacaman, expresó que la cifra de conductores que querían traspasar algunos de los seis controles implementados en la zona, da cuenta de que aún hay personas que no entienden que se está viviendo una enfermedad que es capaz de matar a personas.

Remarcó que en la Región del Biobío ya han muerto diez personas a causa del covid-19.

La autoridad regional sostuvo que las estrategias como el cordón sanitario "son medidas que nos permiten establecer mayor control sobre la circulación de las personas y así evitar la propagación de la enfermedad".

Otros

Este es el tercer cordón sanitario que se aplica en la zona. El primero se realizó en el feriado largo de Semana Santa. Ahí se controlaron 30.704 móviles, de los cuales 2.332 no tenían autorizaciones para traspasarlo.

En tanto, la segunda medida restrictiva que se desarrolló por el coronavirus fue el 1 de mayo. Allí se concretaron 54.482 fiscalizaciones a los vehículos. De ese número, 2.742 fue devuelto a sus viviendas por no tener salvoconductos o permisos que le permitiera traspasar el cordón sanitario.

En esas dos ocasiones la medida también se aplicó en seis comunas del Gran Concepción.

Cerca de 1.600 personas, entre internos y funcionarios, serán beneficiados con una nueva partida de insumos sanitarios que esta semana arribaron al Biobío, para ser repartidos entre los distintos recintos penitenciarios de la Región.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Gendarmería puso en marcha el Plan Coronavirus que a la fecha ha significado la distribución de 20 mil unidades que llegaron a manos de la población penal y funcionarios.

La última partida, proveniente de la Dirección Nacional de la Institución, incluye cinco mil mascarillas "3 pliegues" y 700 N-95; 600 pecheras, 2.500 cofias (gorros), 140 litros alcohol gel, 150 litros de jabón líquido, 40 dispensadores de jabón y 200 litros de desinfectante para túneles sanitarios. Las unidades penales y especiales, servicios de hospital y acceso a áreas de aislamiento preventivo, serán la prioridad.

Cerca de 900 internos y 700 funcionarios de la Región harán uso directo de los insumos de protección, distribuidos desde el Área de Salud de Gendarmería en base a la necesidad operativa de cada unidad.

En este mismo sentido, el Centro de Detención Preventiva de Mulchén, por estos días, avanza a toda máquina para producir 5 mil mascarillas reutilizables adicionales, elaboradas bajo altos estándares sanitarios que serán distribuidas en recintos penales de la Región.

Pericias científicas y entrevistas a sus cercanos son parte de las acciones que realiza la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Concepción para aclarar la muerte de una mujer de 68, en la comuna de Coronel.

Así lo confirmó el subprefecto Jorge Abatte, jefe de la BH penquista, quien detalló que son distintos los equipos y organismos que trabajan en el caso. "Se están realizando las entrevistas y los empadronamientos a fin de identificar esta muerte y las líneas de investigación", señaló.

Carmen Toro Durán sufrió distintas agresiones al interior de su vivienda. Horas más tarde perdió la vida. La familia acusa una presunta agresión sexual en contra de la víctima.

El Segundo Juzgado Civil de Talcahuano comenzó con audiencias, vía remota, de procedimientos concursales.

La magistrada Antonella Farfarello, luego de dirigir una audiencia de determinación de derecho a voto y dos audiencias de junta constitutiva de acreedores, explicó que "el término de los procedimientos permitiría a las personas quedar 'rehabilitadas', dejándolas libre de cualquier tipo de deudas y tener nuevamente la libre administración de sus bienes y acceder a los beneficios económicos que ofrece la legislación vigente".

Por eso, indicó, se optó por llevar a cabo estas audiencias, y así entregar una justicia oportuna.