POR NICOLÁS ÁLVAREZ ARRAU

De forma paralela a la mesa social por covid-19 llevada adelante por las autoridades de Gobierno, en Santiago, las regiones también replicaron la medida y reunieron a los principales representantes del mundo académico, municipal y de salud, con el objeto de coordinar en conjunto decisiones que ayuden a frenar el impacto de la pandemia a nivel local.

En Biobío, la instancia que lidera el intendente Sergio Giacaman todo los lunes de manera virtual está integrada por Germán Acuña, presidente del Colegio Médico de Concepción, Audito Retamal, presidente de la Asociación de Municipalidades de la zona, los rectores Carlos Saavedra (Universidad de Concepción) y Christian Schmitz (Universidad Católica de la Santísima Concepción), Carlos Vera, coordinador de la red de salud de la macrozona y los seremis Héctor Muñoz (Salud) y Paulina Assmann (Ciencia y Tecnología).

A poco más de un mes de su conformación, sin embargo, la instancia se abrió a la sociedad civil a través de la instauración de tres submesas, según confirmó ayer el jefe regional. En la primera de ellas, sostuvo Giacaman, se busca convocar una vez a la semana a alcaldes de cada una de las provincias, de tal forma de recoger las inquietudes de sus territorios.

Giacaman añadió también que se está llevando adelante una submesa dirigida a los gremios y las pequeñas y mediana empresas de la zona para abordar aspectos asociados a la reactivación económica y al empleo, y una submesa relacionada a los temas de ciencia.

"En esta última hay una iniciativa que pretende reunir a un grupo de científicos y a personas que están en coordinación con la seremi de Ciencia y Tecnología", comentó el intendente.

Desde que se instauró a principios de abril, la mesa social regional ha adoptado hasta el momento medidas que tienen que ver con la telemedicina, al aumento de la capacidad de detección del virus o a la ejecución de fondos para la obtención de nuevos ventiladores mecánicos, entre otros aspectos.

ACTORES SOCIALES

Dirigentes del Partido Socialista (PS), los alcaldes de Chiguayante y Lota, además de concejales de 11 comunas y representantes de la Central Unitaria de Trabajadores y de los asistentes de la educación, solicitaron ayer al intendente Sergio Giacaman la conformación de una mesa social de nivel regional que considere no solo a actores ligados del mundo de la salud, sino que también a los gremios, al comercio, a los partidos políticos, al sector privado, a los sindicatos o a las universidades.

La solicitud fue realizada mediante el ingreso de un carta al Gobierno Regional. "Lo que pedimos es un poco más amplio, porque creemos que el espectro de la crisis es un poco más extenso y considera otros elementos", remarcó el presidente (s) regional del PS, Patricio Fierro.

Como Fierro, actores sociales del Biobío también hicieron un llamado a la autoridad regional para que se integren o se acojan las propuestas de vecinos y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la zona, en miras de esta emergencia.

"Las autoridades consideran que en estas mesas solo se tratan cosas técnicas, por lo que lo social, quizá, no está muy tomando en cuenta. Eso sí, dentro de nuestros dirigentes sociales hay gente con preparación que también puede dar a conocer su opinión, y eso es importante porque se podría aportar, sobre todo en los que tiene que ver con los efectos colaterales del virus", puntualizó Maritza Vergara, presidenta de la Unión Comunal de Talcahuano.

Aunque aclara que esto no se trata de un reclamo hacia las autoridades, ya que entiende que la urgencia por responder a la emergencia conlleva incluir a las personas disponibles en el momento, Simón Acuña, director regional de la Fundación Infocap, planteó que sí es necesario que este tipo de iniciativas contemple la mayor cantidad de perspectivas posibles.

Agregó que eso es justamente lo que pueden aportar las ONG o las organizaciones de base, "pues los que más están en contacto con las personas son los que más pueden aportar, principalmente para darle juicio de realidad a muchas determinaciones".

Consultado por este llamado, el intendente Giacaman aseguró que lo que se puede hacer por el momento es recoger esas inquietudes, más allá de integrar a nuevos actores a la mesa social por covid-19.

Una querella por eventuales delitos de cohecho, negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos y fraude al fisco presentó ayer la concejala UDI Jessica Flores en contra de quienes resulten responsables de un afectación económica de $70 millones a la Municipalidad de Chiguayante.

Según consta en la querella ingresada al Juzgado de Garantía de Chiguayante, los hechos se conocieron a fines de abril luego de una autodenuncia realizada al Ministerio Público por parte de uno de los presuntos involucrados en el ilícito.

"Hay un señor, más bien modesto, que recurrió a la Fiscalía y se autodenunció por haber sido contratado para ser palo blanco en una licitación de 2017", aseveró el abogado representante de la edil, Remberto Valdés.

El profesional aseguró que la persona que realizó la autodenuncia inició un giro falso para eventos, hecho que le permitió facturar en una licitación para Fiestas Patrias, previamente acordada con él. "Se le pagaron cerca de $70 millones de pesos y eso se le depositó a una persona que se encargaba de distribuirlos, según entendemos, en efectivo, entre al menos dos funcionarios públicos municipales a cargo del proceso de licitación", explicó.

Eso sí, Valdés aclaró que a través de la querella se solicitó profundizar la investigación, ya que, según el testimonio del involucrado, esta organización habría utilizado a más de un "palo blanco", y no solo desde hace tres años, sino que a partir de 2013. Esta situación podría incrementar considerablemente la afectación económica constatada en un principio.

Según el testimonio entregado al Ministerio Público el pasado 17 de abril, el autodenunciante responsabilizó a un empresario de la zona de estos delitos. Además, en el documento se menciona la participación del director de Desarrollo Comunitario, Andrés Parra, de un "operador político" y del mismo alcalde Antonio Rivas (PS).

"No podría haberme ganado ni un peso si no fuera por los tres", según le habría dicho Valenzuela, en julio de 2017.

REACCIONES

Sobre lo anterior, la concejala Flores aseguró "esperar en Dios que eso no sea así, porque sería terrible. Sin embargo, hay hechos que prueban que serían muchas más las licitaciones con palos blancos".

Este diario buscó la versión del alcalde, pero desde el equipo de comunicaciones del municipio se indicó que el encargado de responder los requerimientos asociados al caso sería Rodrigo Díaz, director jurídico de Chiguayante.

"Se está cuestionando una licitación de 2017, pero los servicios contratados sí se prestaron. Además, la forma de contratación fue a través de una licitación pública y la adjudicación fue ratificada por el Concejo Municipal, incluida la concejala Jessica Flores", remarcó Díaz. Por ende, el directivo puntualizó que "no vemos ningún tipo de ilegalidad o inobservancia en lo administrativo".

Sobre las demás acusaciones, dijo no tener más antecedentes, ya que hasta la tarde de ayer no conocían el contenido exacto de la querella.

La votación del proyecto que limita la repostulación de parlamentarios y otras autoridades fue prorrogada para este martes. Si bien la iniciativa iba a ser analizada ayer en el Senado, en su segundo trámite, se decidió dar prioridad al veto presidencial del ingreso mínimo familiar por covid-19.

A nivel regional, y a raíz de una nota publicada ayer en este diario, es necesario aclarar que, en caso de que el proyecto sea visado, el senador PPD Felipe Harboe no se vería afectado y podría volver a presentarse a una reelección. Al contrario, en Biobío son siete los parlamentarios que verían imposibilitada la opción de repostular. Ellos son los senadores Alejandro Navarro (PRO), Víctor Pérez (UDI), y los diputados Manuel Monsalve (PS), José Miguel Ortiz (DC), José Pérez (PR), y los UDI Enrique van Rysselberghe e Iván Norambuena.