El Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, aprobó ayer un nuevo paquete de ayuda por valor de 484.000 millones de dólares, que contempla préstamos a pequeñas empresas, además de fondos a hospitales y para pruebas del coronavirus. Se espera que la Cámara Baja, dominada por los demócratas, dé su visto bueno al paquete mañana, tras al acuerdo alcanzado entre la Casa Blanca y los progresistas, y que más tarde lo firme el presidente Donald Trump.

El acuerdo incluye 321.000 millones de dólares en préstamos con interés bajo para pequeños negocios, 75.000 millones de dólares para hospitales y 25.000 millones para incrementar el número de test que se hacen a nivel nacional. Si ambas cámaras lo aprueban, este será el cuarto paquete de estímulo destinado a paliar los estragos del virus. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que ha liderado desde la Casa Blanca las negociaciones con los demócratas, dijo que "el Congreso se ha unido, comprendiendo la importancia de esto".

El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, dijo en radio Cooperativa que "me tiene aterrorizado el fantasma de la pobreza, no lo podemos medir hoy día a ciencia cierta, pero uno tiene que saber que vamos a llegar en desempleo a números por sobre el 10% y quizás más, y en este caso, la informalidad, que no se mide como desempleo, puede ser aún más brutal, porque son ingresos al día y es el sector más golpeado económicamente y donde más rápido se puede caer". Sichel también señaló que con el Ingreso Familiar de Emergencia no se solucionan todos los problema, pero se establece un piso de subsistencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la suspensión de la emisión de permisos de residencia permanente para inmigrantes, conocidos como "green card", como consecuencia de la destrucción de empleo sin precedentes provocada por la crisis de covid-19.

Pese a que Trump aseguró este lunes que tenía intención de pausar toda la migración, la medida aprobada por el Gobierno, que tendrá una duración inicial de 60 días, excluye de la suspensión visados especiales temporales, como los agrícolas o los de especialistas tecnológicos.

"Pausando la inmigración, ayudaremos a que los estadounidenses desempleados sean los primeros en la búsqueda de empleos mientras Estados Unidos reabre. Sería incorrecto e injusto que los estadounidenses despedidos fuesen reemplazados por inmigrantes llegados desde el extranjero", dijo Trump en la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo de la Casa Blanca de covid-19.

"Tenemos -agregó- el solemne deber de asegurar que estos estadounidenses desempleados recuperan sus trabajos y sus sustentos".

Las medidas de confinamiento contra el coronavirus han destruido 22 millones de empleos en todo el país en un periodo de cuatro semanas, según datos del Departamento de Trabajo, una cifra sin precedentes en las anteriores crisis.

El presidente detalló que la suspensión se hará efectiva tras la firma hoy de una orden ejecutiva que se está redactando en estos momentos y que contendrá algunas excepciones. También dijo que la extensión o no de la orden dependerá de las "condiciones económicas".

Las excepciones, según medios locales, permitirán que familiares extranjeros de ciudadanos estadounidenses sigan recibiendo sus "green card".

Cada año el Gobierno de EE.UU. emite más de un millón de permisos de residencia permanente para ciudadanos extranjeros, entre ellos unos 50.000 por sorteo a través de un programa de diversidad que Trump ha tenido entre ceja y ceja desde que llegó al poder.

Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de Trump ha cerrado las fronteras terrestres con Canadá y México, a la vez que el tráfico aéreo internacional está suspendido en la práctica, y los consulados y embajadas han limitado sus servicios de visados.

Además, EE.UU. ha suspendido leyes migratorias y deporta de inmediato a México a todos los solicitantes de asilo y los inmigrantes sin papeles que cruzan su frontera, por lo que el Gobierno está utilizando desde hace semanas la pandemia para endurecer su política migratoria.

Según los datos online de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos ayer sumó 2.712 nuevas víctimas fatales, totalizando 45,.26 fallecidos desde el inicio del brote en el país. Los contagios, con más de 24.000 en una sola jornada, llegaron a 817.006, mientras que en todo el mundo, también según los reportes online (distintos a los de la OMS), alcanzaron los 2.553.112. Las muertes son 177.286 a nivel global.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dijo ayer en radio Universo que existen herramientas para fiscalizar que las empresas que se estén acogiendo a la nueva Ley de Protección delTrabajo cumplan con los requisitos necesarios para hacerlo. La secretaria deEstado advirtió al mismo tiempo que los empleadores que abusen de la norma arriesgan incluso penas de cárcel.

Zaldívar aprovechó la instancia para negar que sean mayoritariamente empresas de mayor tamaño las que se estén acogiendo a la normativa que permite suspender por un plazo determinado los contratos de los trabajadores y que estos puedan echar mano de su seguro de cesantía para obtener ingresos. También detalló que la mayoría de las firmas que lo han hecho "están inscribiendo en promedio a 10 trabajadores".

Tras ello, aseguró que pronto desde el ministerio harán público un registro detallado del tamaño de las casi 57 mil empresas que se han inscrito para solicitar hacer uso de la nueva normativa, cuyo fin es hacer frente a los efectos en el empleo que está trayendo la pandemia de covid-19 al país.

Consultada sobre si durante la tramitación de esta ley se pensó en que empresas podrían abusar de ella en el sentido de acogerse sin necesitarla, Zaldívar enfatizó que "la ley siempre se puso en el escenario de abuso".

Por lo mismo, la titular delTrabajo precisó que contiene normas como un registro público con las compañías que buscan utilizarla, junto con las facultades que se le otorgan a la Dirección del Trabajo, para "poner los antecedentes ante los tribunales de justicia cuando se considera que ha habido abuso de la norma".

"Serán los tribunales quienes van a resolver si es que hay o no abuso, y las penas que se aplican son muy gravosas, son penas de cárcel. Por lo tanto, las empresas van a tener que ser sumamente responsables al momento de hacer uso de esta norma", mencionó la ministra y enfatizó que una compañía que está manteniendo sus ingresos o que sube los sueldos de los altos ejecutivos "es claramente una empresa que no necesita esta ley y eso se va a empezar a poner ante los tribunales de justicia".

"Distinto es que nosotros hayamos pensado que esta norma no se aplicara a las empresas según tamaño. Siempre nos abrimos a la posibilidad de que empresas grandes, pequeñas o medianas hicieran uso de esto. Hay empresas grandes que se pueden ver profundamente afectadas por esta crisis", agregó Zaldívar.

Durante su participación en un foro virtual para socios del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la "nueva normalidad" promovida en los últimos días por distintas autoridades de Gobierno, destacando que se debe lograr un delicado balance entre salud y economía, aspirando a alcanzar un "retorno seguro" y paulatino de las actividades cotidianas.

"Me parece que el concepto clave es poder dar certezas a las personas, a los trabajadores, en sus distintos ámbitos, en sus distintas empresas, o si son independientes, de que este retorno parcial paulatino a la actividad, es un retorno parcial hacia un entorno de seguridad", manifestó Briones.

"Nosotros podemos volver a funcionar en un entorno seguro, ya sea en el trabajo, en el colegio, en el sector público. Es fundamental que la actividad económica y nuestra vida cotidiana se vaya retomando paulatinamente", sostuvo y agregó que "la verdad es que este es un proceso de descubrimiento, un proceso evolutivo, donde vamos a tener que ir en un proceso de prueba y error, lo que nos obliga a ser prudentes y muy responsables, y sobre todo poder dar certezas a las personas de que este retorno parcial, paulatino, a la actividad es un retorno parcial hacia un entorno de seguridad".

REPUNTE ECONÓMICO

Pese a anotar en 2020 su mayor contracción desde la crisis de inicios de los 80, Briones se mostró confiado respecto de que la economía chilena repuntará el próximo año, no sin señalar que probablemente será necesario implementar subsidios al empleo para apoyar la reactivación de las empresas. "Si hacemos las cosas bien, y creo que las estamos haciendo bien, debiéramos tener la capacidad de levantarnos firme el 2021" dijo, y añadió que "estoy seguro de que vamos a salir bien de esto, somos un gran país".

Tanto el Gobierno como el Banco Central proyectan para este año una contracción económica de 2%, mientras que, de acuerdo a las estimaciones del FMI, la caída sería de 4,5%. Sin embargo, para el próximo año el organismo prevé un crecimiento de 5,3% frente al rango de 3,75% - 4,75% pronosticado por el Banco Central.

Respecto a la diferencia entre las estimaciones para este año del Banco Central y Hacienda con la del FMI el, ministro reiteró que las cifras admiten mucha volatilidad debido a que la crisis generada por la propagación del coronavirus es evolutiva y dinámica.