Mayores atribuciones y poder de decisión son dos de las características que, a juicio de un grupo de alcaldes de la Provincia de Arauco, debiera tener la persona designada por el Gobierno para responder a las necesidades de ese territorio y la creciente violencia en el extremo sur de la Región.

El pasado fin de semana, autoridades nacionales ratificaron la designación de un coordinador de seguridad en la macrozona sur, comprendida por las regiones desde el Biobío y Los Lagos. Aunque no se ha confirmado, el ex director del Serviu, Francisco Merino, sería la persona designada para esta función.

El nombramiento se anunció, tras los últimos episodios de violencia en la zona sur de Arauco, entre ellos la explosión de un vehículo, ataque a móviles policiales y la irrupción de nuevas agrupaciones en esa zona.

Los jefes comunales coincidieron en que la violencia debe ser respondida por distintas acciones de carácter político y ejecutadas por una persona que sea designada directamente por el Presidente de la República. Junto con ello, manifestaron que eso debe ser acompañado por recursos y poder de decisión, para así abarcar la totalidad de las problemáticas del territorio, con especial foco en las comunidades indígenas.

CÍRCULO VICIOSO

El alcalde de Lebu, Cristian Peña, enfatizó que la figura que se hace necesaria en el territorio es un delegado presidencial por sobre un coordinador de seguridad de la macrozona.

"Lo que se requiere acá no es más fuerza, no se requiere que el Gobierno aborde esto como un conflicto armado, sino que como un conflicto político. Al colocar más fuerza lo que van a encontrar es la misma violencia que se arrastra y crece desde hace años", señaló.

La autoridad comunal aseveró que es urgente contar con una autoridad política que permita tener una mirada global del conflicto en la zona. "Para resolver el conflicto es sentarse a conversar con todos los actores y en paralelo aislar la violencia. Eso, por supuesto, debe ir de la mano con recursos que deben ser administrados por este delegado para resolver todo aquello que sea detectado como una problemática", expuso.

Peña apunto a los índices de pobreza, aislamiento y reactivación económica como algunas de las situaciones que deben ser abordadas. No obstante, reconoció que el conflicto entre comunidades y las empresas forestales es otro de los problemas más relevantes en la provincia.

"Al sur de la provincia, las comunidades están acorraladas por las forestales y la violencia (…) Mientras el Gobierno no entienda eso y no esté dispuesto a ceder, nunca se romperá este circulo vicioso, que propicia el aprovechamiento de grupos menores y violentos", afirmó.

PODER DE DECISIÓN

Jorge Radonich, alcalde de Cañete, insistió en que más allá del nombre, espera que las personas designadas por el Gobierno tengan real poder de decisión dentro de la provincia.

"Si esta persona viene con atribuciones y recursos económicos me parecería interesante que se designara a un delegado presidencial, pero si esa persona será un mero buzón, no nos sirve de nada", aseguró.

El jefe comunal indicó que es urgente exigir al Gobierno que las autoridades designadas cuenten con sus propios recursos, para así no afectar las arcas regionales.

"Si los recursos se van a sacar del Gobierno Regional y su función será intermediar, de poco servirá tener una persona así en la zona. Junto con ello, lo más importante son las atribuciones, porque hasta ahora estamos solos en la provincial", añadió.

INSTITUCIONALIDAD

El alcalde de Arauco y presidente de la Asociación, Arauco /, Mauricio Alarcón, manifestó que, más allá de una determinada figura, hasta ahora la institucionalidad del país no ha dado el ancho de lo que se necesita en la provincia.

"Por mucho tiempo ha existido una política de la avestruz, de no enfrentar los problemas con la altura de miras que se necesitaba, independiente del Gobierno, y hoy lo que vemos es violencia provocada por minorías", dijo.

Asimismo, la autoridad criticó los sistemas de inteligencia que hasta ahora no han dado resultados efectivos para dar con los responsables.

Pese a eso, Alarcón coincidió en que en una eventual figura designada para la zona "debe existir claridad respecto de sus facultades. Si va a ser más de lo mismo, es una abierta falta de responsabilidad y respeto hacia la Provincia de Arauco y sus habitantes".

Un vuelco dio una investigación por una denuncia por agresión en un departamento en Concepción, recepcionada por funcionarios de la 2° comisaría. La víctima, un hombre de 26 años, presentaba múltiples lesiones en su cuerpo, por lo que fue trasladado hasta el hospital Regional para ser atendido por los médicos.

Cuando fue auxiliado, los funcionarios observaron elementos que hicieron presumir el almacenamiento de drogas, por lo que personal del OS7 revisó el departamento, donde se encontraron e incautaron sustancias ilícitas sintéticas como ketamina, creatina, permanganato de potasio y otras sustancias desconocidas con características similares a las utilizadas para el aumento de la droga, avaluadas en mas de 1 millón de pesos. Además se encontró marihuana en el lugar.

De igual forma, se incautó la suma de $70 mil en efectivo.

Después de recibir atención médica, el sujeto quedó detenido . No tenía antecedentes penales ni órdenes de aprehensión vigentes.

Luego de tres meses de proceso investigativo, la Brigada de Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI (Brianco), en coordinación con el Ministerio Público, lograron la detención de una banda delictual y la incautación de más de 200 kilos de cocaína base que iba a ser ingresados hasta la Región del Biobío.

El ingreso de estos estupefacientes se hacía por pasos fronterizos no habilitados y el modus operandi de los imputados consistía en la utilización de diferentes medios tecnológicos, además de poseer un amplio conocimiento de las rutas interiores del norte de Chile, con el cual conseguían eludir los diferentes controles policiales, detalló el subcomisario Patricio Severin de la Brianco penquista.

"La droga, proveniente de Bolivia, era trasladada en camiones hasta la zona centro sur del país y la investigación determinó que su destino final era la Región del Biobío, este es el mayor decomiso en lo que va del año en la zona", señaló.

INVESTIGACIÓN

La fiscal Carla Hernández, de la Fiscalía local de Concepción, precisó que producto del trabajo de la inteligencia policial y diversas técnicas investigativas se logró la detención y neutralización de esta peligrosa banda criminal, incautando 220 kilos de cocaína base, avaluada en $3 mil 300 millones.

"Esta es una investigación de tres meses, la cual vincula a estos individuos con la planificación de la adquisición de droga en el norte del país, para ser transportada hasta el Gran Concepción. La investigación entregó detalles que permitió tener conocimiento de los movimientos de esta banda delictual", sostuvo Hernández.

El prefecto inspector Hugo Ruíz, jefe de la Región Policial del Biobío, destacó que este es el decomiso más grande del año 2020 en la Región.

Los tres detenidos quedaron en prisión preventiva.

Un camión sanitizador recorre las calles de Penco, Tomé, Talcahuano y San Pedro de la Paz desde hace algunas semanas. A través de aportes de empresas privadas y la coordinación de las uniones comunales de juntas de vecinos de estas localidades, el senador progresista Alejandro Navarro cuenta que ha podido colaborar en el combate contra el covid-19.

Esta enfermedad le ha obligado también a establecer contactos virtuales con los diferentes actores sociales de la zona, algo que califica como un trabajo intenso y de mucha tensión, "pero al cual hay que irse acostumbrando".

-En general, las empresas no han dado una muestra de solidaridad, sobre todo las de servicios. Solo se han limitado los intereses, ¿pero cuál es el aporte solidario de las generadoras que han tenido utilidades millonarias? Yo hubiese esperado un aporte al 40% del segmento de menores ingresos y no solo el prorrateo, sino que la cancelación del pago.

-Es una situación errática y absolutamente inconsulta con los comités de especialistas. He conversado con Germán Acuña, presidente del Colegio Médico local, en donde estaban exactamente en la posición contraria. El Gobierno ha equivocado el camino. Creo que el levantamiento en Hualpén, por ejemplo, refleja errores procedimentales.

-Bajo estas decisiones, espero que, ojalá, estemos equivocados quienes señalamos que hay que mantener la cuarentena preventiva. La OMS reafirma el principio precautorio: las economías se pueden debilitar o quebrar, pero se recuperan, no así la vida. Es una opción política que el Gobierno tiene que hacer y hasta ahora está privilegiando la economía sobre la salud pública.

-Me suena al libro de felicitaciones del ministro Jaime Mañalich cuando visita los hospitales. Claramente, el comité asesor, por el cual el director de Emergencia de la OMS felicita a Chile, no fue consultado en dos decisiones vitales: el regreso de 350 mil trabajadores públicos y el de 3,5 millones de estudiantes. Esta recomendación de la OMS carece de la debida información. No sé de qué manera Chile está informando esta situación al organismo, pero lo que hay es una disonancia entre lo que el Gobierno dice y lo que hace realmente.

Recursos de protección

-Me refiero a que los derechos humanos deben ser prioridad y su defensa tiene que ser activa y no nominal en dictadura y en democracia. Si el gobierno no escucha a las personas, creo que algún poder del Estado las tiene que escuchar y ese es el Poder Judicial, pero este no puede negarse a verlo (el trámite). Nosotros apelamos a la Corte Suprema porque en Chile, cuando el Estado no defiende los derechos humanos, los tribunales tienen que suplir esa defensa.

-Lo más importante para los trabajadores es que no están obligados a realizar funciones laborales en circunstancias en las que esté amenazada su salud, según el Código del Trabajo. Primero tiene que pasar lo peor, y lo peor todavía no pasa. Someter a la gente al estrés psicológico de que tiene que regresar al trabajo o al colegio, creo que es inaceptable.