La Corte Suprema determinó hace algunos días que el joven estudiante del Liceo Enrique Molina que fue sancionado por hechos de violencia, bajo la aplicación del reglamento escolar con las normas de la ley Aula Segura, deberá rendir una serie de exámenes para terminar su año escolar y así se establezca la sanción de la expulsión.

Esto luego de que en abril pasado, cinco jóvenes fuesen sancionados por las agresiones a personeros del establecimiento en el marco de una movilización interna, cuatro de ellos fuesen matriculados en otros establecimientos, y uno continuara por la vía legal buscando revertir la sanción, considerando que además se encontraba cursando cuarto medio.

Julio González, rector del establecimiento señaló que "nosotros aplicamos el reglamento de convivencia escolar, y se considera la expulsión en casos específicos. Aula Segura nos ha traído más complicaciones, ya que se ha ideologizado una situación y confundir a la gente. En lo concreto la Corte Suprema ratificó lo que la Corte de Apelaciones, pero señaló que una vez terminado el año escolar procedía la expulsión".

Además la autoridad escolar dijo que existe una complejidad ya que "el año escolar para los cuartos medios terminó el 8 de noviembre. Por lo que lo primero fue reincorporar al estudiante y cerrar su año escolar; la corte no habla de promoción automática, y sería un problema si ocurría eso. Se reincorporó para que rindiera exámenes de síntesis, de hecho este viernes se le entregó el cronograma, y ahí se concluye la promoción del estudiante, si aprueba los exámenes".

Finalmente González dijo que junto con que se conocerá a mediados de diciembre si el alumno logró ser promovido, y así terminar su formación escolar, existe la mejor disposición para poder acompañar al estudiante, "junto con obedecer las sentencias de la corte. Cuando se concluya el proceso se determinará si promueve o no de cuarto medio".

Con arraigo nacional y firma mensual durante los 18 meses que durará la investigación quedaron los seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) que el viernes fueron formalizados por delitos ambientales en el Juzgado de Garantía de Talcahuano. Los hechos imputados corresponden a episodios de malos olores que se registraron en la bahía de Concepción y también en las localidades de Puchuncaví y Quinteros, en la Región de Valparaíso, lo que derivó en varias consultas a centros asistenciales por malestares de salud.

Las medidas cautelares fijadas por la jueza Antonia Flores fueron distintas a las que había solicitado la parte querellante del caso, quienes durante el inicio de la formalización, el jueves 28 de noviembre, solicitaron la prisión preventiva para todos los imputados.

Estos son Álvaro Hillerns, Patricia Cabalá, Jorge Farías, Edmundo Piraino, Juan Pablo Rhodes y Carlos Lizana.

Según explicó el abogado querellante, Remberto Valdés, que representa a 1.187 víctimas, la razón por la cual la jueza Flores habría denegado la prisión preventiva, sería porque el tipo penal tiene una pena baja, por lo que si los ejecutivos llegasen a ser condenados por el delito que se les imputa, podrían incluso acceder a una salida alternativa sin que eso considere prisión efectiva. "Eso es para llorar a gritos desde el punto de vista legislativo, pero no desde el punto de vista de la resolución judicial", aseveró.

PARTES APELARÁN

Pese a que tras la audiencia el abogado querellante dijo tener "una sensación de alegría profunda" con los resultados de la misma, anunció que apelarán a la decisión del Tribunal para poder acceder a la prisión preventiva de los seis ejecutivos de la Enap.

"Vamos a persistir en que la pena penal tiene que ser aplicada en concreto, realmente, de manera corporal y vamos a seguir peleando por la prisión preventiva aunque no nos vaya bien. ¿Por qué? Nosotros tenemos el deber ético y legal de ir a todas las instancias en favor de nuestros representados", aseguró.

En tanto la fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, manifestó que "nosotros los fiscales somos muy respetuosos de la opinión de los jueces, cuando nosotros venimos a pedir en general a los jueces, estamos siempre abiertos a que ellos, a la vista de los antecedentes que les presentamos, tengan una mejor decisión. No tenemos absolutamente nada que decir sobre la decisión de la magistrada".

También con cierta conformidad por algunas determinaciones que adoptó la jueza Flores, como la disposición del Tribunal a que se investiguen causas alternativas de los hechos que afectaron a personas de dos regiones del país, el abogado defensor, Cristian Muga, dijo que están analizando si apelarán a las cautelares que se fijaron ayer en el Tribunal de Talcahuano.

Además, indicó que "nosotros discrepamos que se estime que mis representados han incurrido en algún delito (…) Sin embargo, queremos destacar dos cuestiones de la resolución: la primera, es el hecho declarado por el Tribunal en que no se puede establecer ninguna relación entre lo expuesto por el Ministerio Público con los daños que las víctimas dicen haber sufrido en cada una de estas regiones. En segundo término, nos parece muy valiosa la disposición a investigar causas alternativas de estos hechos".

LO ESPERADO

A través de un comunicado de prensa, la Enap expresó que "las medidas cautelares adoptadas por el Juzgado de Garantía de Talcahuano son las esperables para este caso. La decisión del tribunal deja en evidencia la irresponsabilidad por parte de algunos abogados querellantes de solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Esto, considerando que se basaba en antecedentes incompletos o derechamente falsos".

Con 18 detenidos por parte de Carabineros de la Prefectura de Concepción y 3 de la Policía de Investigaciones concluyó la jornada del viernes pasado en el centro de Concepción, luego que se produjeran algunos incidentes en las calles ubicadas en ese perímetro.

De acuerdo al balance entregado por el gobernador de Concepción, Robert Contreras, durante la tarde del viernes se produjeron algunas manifestaciones y ubicación de barricadas, pero no hubo robos en lugar no habitado o saqueos a locales del comercio penquista.

Además, en el caso de los tres detenidos por la Policía de Investigaciones se trató de persona que fueron sorprendidas por delitos flagrantes, una por recepción de especies (venta de un producto robado) y dos por robo en lugar no habitado.

"Tuvimos una jornada tranquila en Concepción con 21 detenidos y no tuvimos saqueos. Debo señalar que respaldamos y destacamos la labor de Carabineros y la Policía de Investigaciones , quienes han realizado un arduo trabajo durante las jornadas para poder entregar seguridad a la comunidad". explicó la autoridad provincial a manera de recuento de lo ocurrido en Concepción.

Desde el 19 de octubre hasta la fecha en la Provincia de Concepción, Carabineros ha detenido a más 1744 personas, mientras que la PDI registra más 304 aprehensiones.

El Gobernador Robert Contreras enfatizó que se trabaja día a día y de la mano junto con Carabineros y la PDI para garantizar la seguridad y el orden público en la Provincia de Concepción.

La autoridad realizó un llamado a la ciudadanía y autoridades a repudiar hechos de violencia que se registran.