Dos militares de alto rango de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela fueron detenidos y presentados ante una corte por su presunta vinculación con el supuesto atentado contra el Presidente Nicolás Maduro, informó ayer el fiscal general, Tarek Saab.

El general de división de la Guardia Nacional Bolivariana, Alejandro Pérez Gámez y el coronel Pedro Zambrano Hernández seguirán bajo arresto, dijo el funcionario a periodistas sobre la investigación de la explosión de unos drones durante un acto del Mandatario venezolano.

Saab informó que hasta ahora han detenido a 14 personas, incluidos los dos oficiales, por sospechas de que participaron en el suceso del 4 de agosto y buscan a otro grupo de al menos 20 personas más. El fiscal aseguró que algunos de los sospechosos que aún son buscados estarían en Estados Unidos y Colombia. El persecutor no dio detalles sobre el presunto rol de los dos oficiales en lo ocurrido durante una ceremonia por el 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional.

Juan Requesens, diputado opositor, también fue encarcelado y presentado ante un juez por el caso, acusado de traición a la patria y homicidio intencional calificado en grado de frustrado, en perjuicio del Presidente.

La Corte Suprema del Estado de Pensilvania (EE.UU.) publicó ayer un informe de un gran jurado que, tras investigar denuncias de abusos de menores, documenta 300 presuntos "sacerdotes depredadores" sexuales en seis diócesis.

El jurado explicó en el informe, de 1.356 páginas, que identificó a unos mil menores de edad que han sido víctimas, algunos de ellos adolescentes y muchos preadolescentes. "Algunos fueron manipulados con alcohol o pornografía. A algunos les hicieron masturbar a sus agresores o fueron manoseados por ellos. Algunos fueron violados oralmente, algunos vaginalmente, algunos analmente", denuncia el documento.

El jurado detalló que para elaborar el informe escuchó a decenas de testigos y revisó medio millón de páginas de documentos internos de las diócesis.

En ese sentido, no descartó que el número real de víctimas ascienda a miles, ya que es posible que los registros de algunos niños se hayan perdido o que el afectado optara por el silencio.

En el informe, el jurado criticó que todos los casos fueron dejados de lado por los líderes de la iglesia "que prefirieron proteger a los abusadores y a la institución, sobre todo". Como consecuencia del encubrimiento, casi todos los casos son demasiado antiguos como para ser juzgados, ya que la mayoría son anteriores a 2000, aunque el jurado subrayó que emitió acusaciones contra un sacerdote de la diócesis de Greensburg y otro de la de Erie, que presuntamente ha estado abusando de menores en la última década.

En una conferencia de prensa, el fiscal general del estado, Josh Shapiro, destacó que el informe detalla "un encubrimiento sistemático por altos cargos de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano".

Aparte de las diócesis de Greensburg y Erie, aparecen las de Scranton, Allentown, Harrisburg y Pittsburgh, todas ellas en el Estado de Pensilvania.

El pasado 1 de agosto, la diócesis de Harrisburg publicó una lista de 71 religiosos y seminaristas, algunos de ellos ya fallecidos, acusados de abusos sexuales a menores desde 1940.

defensa de arzobispo

Previo a la publicación del informe, el arzobispo de Washington, cardenal Donald Wuerl, se defendió y aseguró que hizo lo correcto para proteger a los niños victimizados cuando era obispo de Pittsburgh, cargo que ejerció por 18 años desde 1988. "No solamente enfrenté estas denuncias, sino que me involucré de lleno en el proceso, me reuní con sobrevivientes y sus familias e hice lo que pude para darles consuelo y facilitarles la sanación", escribió el lunes a los sacerdotes.