Un total de 36 causas por delitos contemplados en la Ley de Tránsito, asociados a las modificaciones incorporadas mediante la llamada "Ley Emilia", son las que ha llevado el Ministerio Público en la Región del Biobío en los 9 meses de vigencia de la normativa.
El 16 septiembre de 2014 comenzó a operar en el país la nueva legislación que nació a raíz del caso de Emilia Silva Figueroa, una niña de 9 meses que falleció el 21 de enero de 2013, luego que un conductor en estado de ebriedad impactara el vehículo en el que viajaba junto a sus padres.
Es así que la "legislación creó nuevas figuras delictivas y el agravamiento de las penas que viene aparejadas a estos delitos", tal como lo expresó el vocero de la Fiscalía Regional, Mauricio Lártiga. Sostuvo que la iniciativa, tal como lo dio a conocer la Presidenta Michelle Bachelet tras la promulgación, tenía por objetivo que no siguieran dándose estas conductas que lesionan o ponen en peligro la integridad o vida de las personas.
También debido a que existía en la ciudadanía la sensación de que estos delitos quedaban impunes, ya que los conductores que iban en estado de ebriedad y que provocaban muerte o lesiones graves gravísimas a terceros en diversas ocasiones eran condenados a penas que podían cumplir de manera alternativa, como era en libertad.
A raíz de esta situación es que la modificación a la Ley de Tránsito, en esta materia, elevó las sanciones, dejando con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores en estado de ebriedad que generen estos delitos. Es decir, las penas sustitutivas que antes existían, quedan suspendidas a lo menos por año, por lo que si hay una condena de tres años y un día, que es la pena mínima para el delito de manejar en estado de ebriedad y provocar lesiones graves gravísimas o muerte, la persona debe obligatoriamente estar 12 meses recluido y posterior a ese período puede optar a una medida sustitutiva.
Además, con esta reforma se estableció que fugarse del lugar del accidente y negarse a realizar el alcotest o la alcoholemia son delitos.
CIFRAS REGIONALES
Entre el 16 de septiembre de 2014 al 16 de junio de este año, existen 36 causas por delitos contemplados en la llamada Ley Emilia. Éstas guardan relación con los ilícitos de no dar cuenta del accidente de tránsito, conducir en estado de ebriedad con licencia suspendida, negativa a efectuarse examen de alcoholemia, manejar en estado de ebriedad causando lesiones graves gravísimas y conducción en estado de ebriedad causando muerte.
Actualmente, según lo informado por la Fiscalía Regional, del total de investigaciones, tres ya se encuentran terminadas. Dos de ellas fueron sobreseídas debido a que los imputados (conductores) que iban en estado de ebriedad fallecieron, y la causa restante se debió a la negativa a efectuarse el examen de alcoholemia, el que terminó en un juicio simplificado y con una multa para el infractor.
De los casos vigentes en la Región, nueve de ellos son los de más gravedad. Ocho de ellos son por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y uno en la misma condición, pero causando lesiones graves gravísimas.
CAMBIOS SUSTANCIALES
Son diversos los cambios que la modificación a la normativa de tránsito provocó en el trabajo que efectuaba el Ministerio Público y sus fiscales.
Una de estos aspectos es que la legislación establece la obligatoriedad a someterse a los exámenes científicos para detectar la presencia de alcohol en la sangre, o a las personas que huían del lugar donde había provocado un accidente.
En el caso de la toma de muestra, Lártiga sostuvo que antes se podía forzar a un conductor a que se la realizara por orden judicial, no obstante, este mecanismo era poco practicable de efectuar en los servicios de salud y urgencia.
"Ya no existe la voluntariedad, sino que hay una obligatoriedad de hecho (…) La ley no sólo establece el aumento de la penalidad, sino que también busca a través de esta obligatoriedad de estar en el lugar y someterse a las pruebas científicas, que el Ministerio Público cuente con los elementos probatorios suficientes como para imputar y sostener una acusación", declaró el vocero de la Fiscalía Regional.
Agregó que la obligatoriedad de los exámenes les facilita la labor, ya que "en más cantidad de casos podemos contar con esas pruebas científicas, lo que permite obviamente tener mayor certeza al momento de ir al tribunal por una condena".
Otro punto que destaca el vocero de la Fiscalía Regional es que las jueces están aceptando lamedida cautelar de prisión preventiva, en lo casos de muerte o lesiones graves gravísimas, ya que al ser delitos con penas altas, existe mayor posibilidad de estos escapen.
Pero la Ley Emilia, también tuvo otro tipo de repercusión en el Ministerio Público, ya que aumentó la carga de trabajo de los fiscales, debido a que la mayor cantidad de delitos e incrementos de penas lleva a los persecutores a desarrollar más investigación. "Si antes huir era una presunción, ahora es un delito, por lo que se debe probar cada uno de los elementos de éste", explicó Lártiga.
Además, agregó que con penas más altas es más difícil lograr la convicción de un tribunal. "Es un tema lógico, si se le pide 10 años, el juez debe estar convencido de que la persona es responsable para enviarlo de 10 años preso", dijo el fiscal.
