Abuso sexual contra menores
Pese a las medidas que se han adoptado en los últimos años para endurecer las penas contra los autores y encubridores de abuso sexual de menores, éstos siguen produciéndose. Con frecuencia en los medios de comunicación se dan a conocer los casos de adultos que son procesados por estos delitos, a la vez que se conocen también situaciones de jóvenes que denuncian que durante su niñez fueron abusados al interior de algunas instituciones de las que formaban parte.
Un informe de la Fundación Amparo y Justicia reveló que el año 2023 se registraron en el país 40.361 denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay una cifra negra de casos que no se denuncian, por temor o por vergüenza.
El abuso de menores es una forma de maltrato que incluye un amplio espectro de acciones. Es un delito condenable y en aumento, si se considera que significa robar la inocencia y marcar la vida de un menor. En estos casos, se corta su línea de desarrollo sicológico y ese daño se observa en su etapa adulta. Se cree que en todo el país miles de niños y niñas son explotados sexualmente, ya sea por integrantes de la familia, amigos o personas cercanas al grupo, o por quienes operan redes del tráfico y comercio sexual.
Los expertos han calificado como alarmante que siete de cada diez investigaciones sobre delitos relativos a explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes, terminen sin responsables -en un archivo provisorio-, en un contexto en que cada año las denuncias por este delito suben. Los delitos sexuales contra menores de edad son imprescriptibles, de acuerdo con la legislación.
En mayo pasado, quedaron en prisión preventiva 9 de los 17 integrantes de una red de distribución de material pornográfico y de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que operaba a nivel nacional. Los otros imputados quedaron con otras cautelares, debido a que las penas por el delito de almacenamiento de pornografía son menores. Asimismo, en los últimos días se han conocido en forma profusa los detalles del llamado Caso Macaya y sus repercusiones, incluso a nivel político.
De acuerdo con la Defensoría de la Niñez, es muy preocupante que 2.184 menores de edad fueron identificados por el Ministerio Público como víctimas de explotación sexual durante los años 2022 y 2023, lo que significa un aumento de 29% durante esos dos años. Del total de las víctimas, un 86% son niñas y adolescentes mujeres, y un 64% tiene entre 14 a 17 años.
Las regiones con las tasas más altas de explotación sexual de menores de edad que el promedio son Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, O'Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Otro aspecto revelador es que en 2023 los centros residenciales del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia ingresaron 441 circulares por presuntos delitos de explotación sexual, lo que implica la afectación a un total de 296 niñas, niños y adolescentes.
Durante los últimos años se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia hacia la niñez y adolescencia en una serie de ámbitos a nivel institucional, familiar y social. Diversos indicadores demuestran un aumento de la cantidad de víctimas de explotación sexual, considerada una de las más graves formas de violencia sexual.
Más de 300 millones de niños en el mundo son víctimas de estos delitos por internet al año, de los cuales 64.495 casos son en Chile según el primer informe global realizado por el instituto Childlight, de la Universidad de Edimburgo, Escocia. Según los investigadores, uno de cada ocho niños en el mundo ha sido víctima de la toma, intercambio y exposición no consentidos de imágenes sexuales y videos en los últimos doce meses, loque supone 302 millones de menores.
En mayo pasado, quedaron en prisión preventiva o con medidas cautelares los integrantes de una red de distribución de pornografía y ahora se han conocido los pormenores del llamado Caso Macaya.