"Está bien que todo el mundo pida sanciones, siempre y cuando se acredite la irregularidad"
En el primer encuentro regional de la Alianza Anticorrupción, la autoridad planteó que el debido proceso debe ser respetado y que la institución está a tope frente a las denuncias.
De manera inédita, este viernes se realizó en Concepción el primer encuentro regional de la Alianza Anticorrupción, grupo de trabajo transversal que reúne al Estado y sus poderes además de estamentos públicos y privados, con el fin de promover la integridad, transparencia y combatir la corrupción, y que es liderado tanto por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Contraloría General de la República y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
En la instancia se expusieron los avances y desafíos en materia legislativa, normativa y administrativa para evitar la comisión de faltas o delitos en la labor pública, todo en medio de las polémicas centradas a nivel local en el Caso Convenios, donde el Ministerio Público investiga trece aristas y ha formalizado a ocho personas, por la posible existencia de delitos en el traspaso de fondos públicos a fundaciones.
Sobre este punto -y otros- habló la contralora (s) General de la República Dorothy Pérez, quien reconoció las dificultades que ha tenido el organismo para cumplir con los procesos de fiscalización ante el aumento significativo de denuncias ingresadas: en su exposición dio cuenta que durante 2023 recibieron a nivel nacional más de 53 mil denuncias, de las cuales poco más de 17 mil se registraron en mayo, mes en que explotó la crisis del Caso Convenios.
"La Contraloría tiene una cobertura de más de 1.400 instituciones a fiscalizar, con un universo de procesos y procedimientos. Solo tenemos 500 fiscalizadores, y esa realidad debe ser sincerada. Con ese número no se alcanzan a fiscalizar todos esos universos, no hay más horas hombre", expuso, junto con advertir que se debe elegir donde fiscalizar, "que es preferentemente donde hay riesgo" y advirtió que "los recursos gigantescos del Royalty Minero se invertirán a través de los municipios, y tendremos que dejar otros ámbitos para poder ver que ocurre con ese gasto".
Caso convenios
Tras presentar los detalles de la puesta en marcha del nuevo estatuto de Protección al Denunciante, la contralora Pérez respondió una serie de consultas, varias de ellas de autoridades políticas como la diputada Marlene Pérez y el consejero regional Javier Sandoval.
Al ser abordada sobre el Caso Convenios, explicó que "el hecho de que una persona esté siendo cuestionada es el estándar hoy, pero no nos olvidemos que las reglas que nos hemos dado y convivimos son aquellas constitucionales y jurídicas. En ellas existe el debido proceso: hay personas a las que no se les da la oportunidad de hacer sus descargos y ya son condenadas por la ciudadanía".
Luego perfiló este hecho con un "un nivel de injusticia feroz. Todo el mundo apuntando con el dedo a los demás, y resulta que en algún momento a esas personas también les toca ser apuntadas con el dedo", y dijo que "está bien que todo el mundo pida sanciones, siempre y cuando se acredite la irregularidad, y eso no ocurre por un titular en el diario. Cuando uno hace la bajada, ve que el contenido de la noticia es totalmente distinto y está bien, pero ojo con las observaciones de que todo el mundo es responsable de algo".
Pérez también indicó que "como no hay sanciones ejemplares cuando se acreditó la irregularidad, la gente no tiene confianza. Para que haya sanciones debe haber un debido proceso, y en el ámbito administrativo, la atribución de sancionar rara vez la tiene la Contraloría, como órgano independiente y autónomo. La regla general es que la atribución la tiene la jefatura del servicio donde se está produciendo la irregularidad. La probabilidad de sanción es casi baja o nula".
"Eso se cambia mediante cambios legislativos, no depende de las atribuciones de la Contraloría", complementó.
Valeria Lübbert, secretaria ejecutiva de la Comisión Presidencial de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, recordó que a fines del año pasado se presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública, herramienta con que se buscará afrontar la crisis de confianza que hay en la labor pública y que considera 210 medidas.
"El problema de la prevención de la corrupción se debe abordar escuchando las realidades locales, ya que hay muchas diferencias respecto a los recursos que se manejan y el nivel de desarrollo que tienen, por ejemplo, los municipios. Estas instancias sirven para que se ponga foco en estas diferencias", dijo.
La presidenta de la AchM y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao dijo que "es clave extender el trabajo, difundirlo y que las personas que participen puedan ser un aporte. Hay representantes de distintos organismos, y que la conversación nos ayude a mejorar prácticas, para avanzar en transparencia y probidad. Hacerlo en regiones es un símbolo de que es importante".