Por Felipe Cuevas Mora

La legislación vigente que sustenta la realización de procesos eleccionarios en nuestro país contempla dos mecanismos de entrada para que personas naturales puedan ser candidatos a cargos de elección popular: el respaldo de partidos políticos o el patrocinio de un número determinado de ciudadanos.

Esta segunda opción es la que han tomado más de un centenar de personas de la zona que buscan competir por uno de los 276 cargos que estará en juego en la megaelección del 27 de octubre, entre alcaldes, concejales, consejeros y gobernador regional.

Según datos entregados por el Servicio Electoral (Servel) a este medio, un total de 124 personas están reuniendo patrocinios para respaldar una candidatura, de ellos 88 lo hacen para postular a las alcaldías, 28 a concejalías, cuatro a consejero y otros cuatro a gobernador.

Uno de los diversos nombres que pueden ser patrocinado a través de la plataforma del Servel -y que ingresó en las últimas horas- es el del exsenador Alejandro Navarro que buscará optar al cargo de gobernador regional, pese a estar en conversaciones con los partidos del pacto Chile Contigo Mejor. Otros nombres son el consejero Piero Blas para el cargo de gobernador; Saúl González, y los ediles Jaime Monjes, y Boris Negrete para la alcaldía de Concepción, René Betanzo para la alcaldía de San Pedro de la Paz y Paulina Veloso en el caso del municipio de Lota.

Un caso particular es el de Camilo Riffo que este jueves reunió las más de 800 firmas necesarias para ser aspirante a la alcaldía de Concepción por segunda ocasión consecutiva: según datos entregados por el Servel, en Biobío han ingresado un total de 6.788 patrocinios, de los cuales más de 6 mil son solo para la carrera municipal, y del universo total, 1.842 han sido entregados por electores de Concepción.

Recolección de firmas

La jefa de operaciones del Servel en el Biobío, Pamela Manríquez explicó que la inscripción que realizan los precandidatos es para reunir los patrocinios, previa a inscribir la candidatura formal, y "se habilita una página para que ellos se registren con una firma electrónica, y luego hacer el llamado a las personas para que patrocinen esta candidatura, a través del mismo formato que les solicita la Clave Única para validar el patrocinio".

Además, detalló que en el caso de los precandidatos que requieren reunir las firmas, la forma manual se habilitará en las próximas semanas para los comicios de octubre: "Es mayoritariamente el sistema habilitado en pandemia el que utiliza la mayoría de los candidatos. Además, valida previamente el patrocinio, porque se hace el cruce con nuestras bases de datos para ratificar que el patrocinante reside en el territorio electoral de donde es el candidato, no como ocurre en las notarías donde primero se reúnen las firmas y después de hace la validación".

Manríquez detalló que tras la recolección de todas las firmas digitales -con fecha tope el 29 de julio- se realiza una revisión de los patrocinios, porque "el sistema podría no estar en línea mientras se realiza el patrocinio: por ejemplo, si una persona realizó el patrocinio y al día siguiente se afilió a un partido, debemos hacer el análisis posterior. A los candidatos les recomendamos que ingresen un número superior al mínimo de patrocinios requeridos, porque algunos casos pueden quedar inhabilitados".

Al momento de entregar recomendaciones a los posibles patrocinantes, la jefa de operaciones del Servel en el Biobío dijo que "el sistema manual y web es seguro para el ciudadano que quiera patrocinar una candidatura. En el caso del sistema manual, esta se realiza ante un ministro de fe -o un notario- y no hay margen en el formato para incluir otra situación. Y en el caso del patrocinio web, a todos les solicitan un correo electrónico donde se ratificará la inscripción realizada en el sistema".

27% del total de patrocinios que se han ingresado en al Región del Biobío son de electores con domicilio en Concepción

276 cargos son los que se escogerán el próximo 27 de octubre, de los cuales 33 son alcaldes y 214 son concejales.

Como una situación compleja calificó EFE Sur el creciente fenómeno de robos, daños y vandalizaciones que está afectando tanto a infraestructura ferroviaria como al material rodante de la empresa: entre los daños provocados se agregan grafitis en carros del Biotrén, vandalismo en estaciones y otros robos, la cifra alcanza un total de $520 millones en pérdidas durante el año pasado.

El gerente general Nelson Hernández detalló que "durante el año pasado tuvimos 554 eventos de vandalismo en los sistemas automatizados de los cruces vehiculares. Eso significa casi dos casos diarios que inhabilitan o dañan la funcionalidad de los cruces ferroviarios, afectando su operatividad y el tránsito vehicular".

Además, detalló que en lo que va de este año, ya se contabilizan 150 casos de vandalismo en barreras de cruces ferroviarios: "Nosotros contabilizamos cuando un conductor intenta trata de sortear las barreras cuando estas están abajo y las estropea o deliberadamente son chocadas, pero también cuando los mecanismos de estos sistemas son violados buscando robar piezas o partes metálicas de ellos y terminan inutilizadas".

Hernández también manifestó que otro de los graves problemas radica en el hurto de las rejas metálicas de confinamiento de las vías del tren, ya que el año pasado fueron robados más de 179 paños de malla, equivalente a más de 500 metros de zonas de protección ferroviaria que quedan abiertas y generan riesgos para las personas y animales y para la operación ferroviaria.

"Sin embargo, el problema más complejo desde el punto de vista económico y operacional para nuestra empresa es el robo de diversos tipos de cables, que hemos valorizado en $330 millones solo durante 2023. Este tipo de delito deja a sectores sin alimentación eléctrica lo que afecta a los automotores, señalizaciones y diversos mecanismos de control y seguridad del tráfico ferroviario. Hemos tomado diversas medidas que nos han permitido minimizar el riesgo durante este año", apuntó Hernández.

Su nombre es el que más ruido ha generado entorno al proceso eleccionario que se vivirá en octubre de este año, y del que se levantaron todo tipo de especulaciones. Lo cierto es que los pasos de la exintendenta y exsenadora UDI Jacqueline van Rysselberghe han estado lejos de la política.

Pese a las reiteradas solicitudes de dirigentes políticos, hasta el día de hoy no ha querido aceptar el llamado a ser candidata a alcaldesa de Concepción ni carta a gobernadora. En un video publicado en su cuenta de Instagram hace algunas semanas manifestó que "no tengo ninguna intención de volver a la política. Estoy feliz con lo que hago, me está yendo bien, hice un postítulo de dos años en Psicoterapia. Estoy contenta, tranquila y creo que cada cosa tiene su tiempo. Llegó el tiempo de que me ocupe de mí y lo pase bien".

Es en ese punto donde se conoció hace pocas horas que la extimonel de la UDI y exalcaldesa de Concepción desempeñará labores en el Servicio Médico Legal (SML), particularmente estando a cargo de las evaluaciones a psiquiátricas a imputados y condenados. La labor se concretará sólo los días viernes y se suma a las atenciones que realiza de forma particular en el Sanatorio Alemán.

A exactos cinco meses de ocurrido el brutal incendio que les costó la vida a 14 personas de nacionalidad venezolana en el campamento Los Pirquenes de Coronel, se conoció que los restos de las personas fallecidas finalmente serán enterrados en el Cementerio General de Concepción y no podrán ser repatriados. Ernesto Cruces, director del Cementerio General de Concepción explicó que "pusimos a disposición nuestras cámaras de conservación porque la intención era poder cremar a estos fallecidos y llevar las cenizas a su país de origen. Hemos trabajado todo este tiempo, pero la documentación aportada no fue la suficiente ni cumplía los elementos de claridad necesarios. No se pudo obtener a la fecha las resoluciones de cremación".

En ese punto, dijo que "el miércoles pedimos al fiscal de Coronel que emita una autorización para inhumación de estos catorce fallecidos. Serían catorce sepulturas, una por cada fallecido".

Luis Lepes, encargado de la Oficina de Derechos Humanos de Coronel, explicó que "si bien, como oficina no es mucho lo que podemos hacer con la repatriación, hemos tenido una constante coordinación con la embajada, conversar con la familia y mantener el nexo para llegar al mejor puerto posible tras el incendio ocurrido en noviembre. Los cuerpos aún no han sido cremados y no se ha realizado la repatriación de los cuerpos".

"Hemos dado seguimiento a la familia, acompañándolas en el duelo que aún no se ha iniciado", sumó.