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Lo estableció para mayo de 2025

Oligarca ruso calcula que en 18 meses comenzaría desescalada de la guerra en Ucrania

Oleg Deripaska, que fue el hombre más rico de su país y ahora está entre los sancionados por la campaña militar de Putin, sugiere que habrá desgaste en las tropas.
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Por Efe

El oligarca ruso Oleg Deripaska, objeto de sanciones internacionales por la guerra en Ucrania, estima un plazo de 18 meses para comenzar a ver una desescalada en el conflicto, que sugiere que estará motivada por un desgaste de las tropas o un posible cambio de régimen.

Deripaska estimó "mayo de 2025" como la fecha para un posible fin del conflicto, con el comienzo de una desescalada a principios de ese año. Si bien el veterano en la lista de sanciones internacionales evitó referirse directamente a sus razones, sugirió el desgaste de las tropas como uno de los principales motivos del enfriamiento, aunque no hizo referencia a ningún bando.

"Se terminarán los soldados dispuestos a morir por una guerra", dijo a Efe y añadió "probablemente un cambio de régimen", al tiempo que aclara que con esto sí se refiere a Ucrania.

El oligarca caracterizado como el vencedor en la "guerra del aluminio" en Rusia, y señalado por Occidente como uno de los favoritos de Moscú, ha hecho varias consideraciones que le distancian del Kremlin, incluyendo las devastadoras consecuencias del conflicto, los problemas de flujo de caja y la presión del Estado sobre la inversión extranjera.

No será para siempre

Las críticas de Deripaska, que inicialmente llamó a la guerra "una locura", causaron alarma, por cuanto revelaban la tensión del clima industrial ruso, y de acuerdo con el diario Financial Times, el embargo de un complejo hotelero coincidió con las advertencias del Kremlin para que se "calmara".

"El conflicto, por supuesto, no es para siempre y debería detenerse. Hace un año había una posibilidad, pero como dije, muchos políticos de ambos lados invirtieron gran parte de su capital político en el resultado deseado de la guerra y todavía tienen el apoyo del público en sus fronteras nacionales", sostuvo.

Las atípicas críticas del magnate del aluminio predecían un colapso de la economía rusa para este momento. Sin embargo, un año y medio después del conflicto, la realidad demuestra, a su juicio, la resiliencia y la ineficacia de las sanciones. "En un año o dos años, creo que en mayo de 2025, el conflicto se resolvería de todos modos", insistió.

Pero "para Rusia, como dije, es un momento difícil", admite, teniendo en cuenta que el sector industrial tiene un enfoque occidental, que quedó prácticamente cancelado con las sanciones. La economía rusa es mucho más compleja, con una gran presencia del estado, algo que siempre ha inquietado al grupo industrial ruso Basic Element.

"En mi opinión, la economía rusa colapsaría debido a esto con una rápida retirada de las empresas occidentales, en un proceso mucho más profundo. Y en realidad fue un ajuste bastante pequeño que tal vez tomó unos tres trimestres", explicó.

América latina

Ahora Rusia desarrolla nueva logística hacía América Latina, Asia, África y el Sudeste Asiático, principal destino ruso para la exportación y la importación.

Para el industrial, Rusia sigue siendo una plataforma única basada en el conocimiento, sus recursos y la posición única, dispuesta a integrarse "con lo que usted llama un país amigo, pero que nosotros llamamos un país que está dispuesto a cooperar y prosperar", insiste para explicar la fórmula que permite a Moscú cierta estabilidad pese a la disrupción. "Tenemos muchas perturbaciones, pero la resiliencia de las empresas privadas demostró que Rusia es capaz de mitigar todos estos desafíos".

¿al borde del colapso?

"No", responde Deripaska.

"Como dije, en cierto modo sobreestimé cuán severo sería el impacto global de una sanción y, cómo decirlo, un intento occidental de perturbar la economía rusa", aseguró, para retractarse de una de sus predicciones más alarmantes.

Para quien fue una vez el hombre más rico de Rusia, el impacto sería muy severo, y el mundo necesitaría entre cinco y siete años para adaptarse a una nueva realidad, aunque "han sido necesarios menos de dos años y el ajuste ya se ha visto".

Las consecuencias económicas hicieron peso sobre Rusia casi inmediatamente después de la guerra en Ucrania, hace año y medio, con duras sanciones sobre el Kremlin y sus principales industrias, y las prohibiciones de inversiones rusas en varias naciones, agravando el déficit mientras Moscú aumenta en sus gastos de defensa.

Aun así, el impacto de las sanciones "ha fallado y ahora es más como un intento de cortar la cola de una serpiente que ya avanzó", concluyó.

FISCALÍA RUSA PIDE CÁRCEL PARA PERIODISTAS

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La Fiscalía rusa pidió ayer 13 años de cárcel para dos periodistas rusos que se encuentran fuera del país, por un video con un resumen sobre la guerra en Ucrania que la acusación considera información "falsa". Los acusados son el fundador del proyecto Conflict Intelligence Team, Ruslán Leviev, y el periodista Michael Naki, que están siendo juzgados en ausencia. Además, la Fiscalía exige que a los acusados se les prohíba administrar sitios web durante cinco años. El motivo aducido por la Fiscalía fue un video en YouTube en el que Leviev y Naki resumieron los resultados del noveno día de la guerra. La sentencia se conocerá hoy.

Tras queja por dichos de Boric

Tohá reconoce dichos "inoportunos" por el 18-0 y destaca condenas a la violencia

"Nuestro sector no participó en idea de derribar" a Piñera, dijo la ministra.
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El ex Mandatario Sebastián Piñera afirmó este fin de semana que "no le corresponde al Presidente (Gabriel Boric) estar amenazando a otros chilenos de que los va a perseguir", debido a la frase "a quienes sean responsables los vamos a perseguir (...) con todas las vías de la ley, así que señor Piñera, está avisado", por las protestas del 18 de octubre de 2019.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció ayer en Tele13 Radio que "hay declaraciones que son totalmente inoportunas en ese período, de diversas personas y muchas declaraciones, muy categóricas, que condenaron siempre la violencia. Lo primero que haría es decir que aquí no hubo un sector que tuvo una declaración a favor de la violencia, en lo más mínimo".

"Nuestro sector no participó en ideas de derribar al Presidente Piñera, en ningún momento fuimos partidarios de derribar al Presidente Piñera. Hubo personas, parlamentarios que lo impulsaron, ciertamente, pero nuestro sector no fue parte de esas iniciativas", agregó la secretaria de Estado.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, asimismo dijo hace unos días que los destrozos en el Metro -situación que hoy se repite -durante las protestas de 2019 "es algo que tuvo en su minuto su contexto y hoy día lo importante es aprender la lección como sociedad (...) para poder procesar mejor estas desavenencias", pese a que entonces el extitular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, publicó en X que "las protestas de los primeros cuatro días fueron de desobediencia civil pacífica. (...) El Gobierno llevó a transformar esto en un campo de batalla".

"No se justifica ni antes ni ahora que se rompan las infraestructuras que ocupa toda la población, en ningún caso. La manera de manifestarse en democracia no es rompiendo bienes que son de todos", dijo Tohá.

Tras transferencias a fundaciones

Presentan proyecto para acusar en la Cámara a los gores

La moción fue enviada por republicanos y el PSC.
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Diputados del Partido Republicano enviaron ayer una propuesta para que la Cámara Baja también pueda presentar acusaciones constitucionales contra los gobernadores regionales (Gore), ya que actualmente es sólo facultad del Senado. La iniciativa se enmarca en el Caso Convenios, donde se investigan millonarias transferencias desde gores a fundaciones.

Los legisladores republicanos acusaron "contradicciones" constitucionales sobre el procesamiento de las autoridades que comenzaron a ser elegidas por la ciudadanía en 2021, acusando que esta facultad también la tienen los integrantes de la Cámara de Diputados y no sólo el Senado, como ocurre actualmente.

"Se hace necesario una ley interpretativa que no de espacio a equívocos respecto de la posibilidad de acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales", señalaron los republicanos, y así dar "concordancia y coherencia" a la Carta Magna.

El jefe de bancada, Benjamín Moreno, dijo que "esta facultad es sumamente necesaria, ante la serie de casos de presuntas irregularidades con traspasos de fondos públicos de manera directa a fundaciones del mismo signo político, como ejemplo lo ocurrido en la Región del Biobío con el caso de Camila Polizzi del Frente Amplio. Queremos evitar que casos como estos vuelvan a ocurrir y que de producirse, podamos recurrir a esta herramienta de fiscalización".

En paralelo, y también desde Biobío, la diputada por la zona, Francesca Muñoz (PSC), presentó ayer un proyecto de ley de reforma constitucional para permitir las acusaciones constitucionales a los gores, "por los conceptos de vulneración de las leyes y la constitución, además de infringir la seguridad y el honor de la nación", explicó a Radio UdeC.

"Esta herramienta tiene que estar disponible por algún eventual delito que ahora mismo se esté investigando", agregó la legisladora.